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Informe sobre Trata de Personas 2013: El Salvador

UK, Coast Guard Team Interdict Drugs in Caribbean as Part of Operation Martillo

Por Dialogo
septiembre 18, 2013

Según el Informe sobre Trata de Personas 2013, publicado por el Departamento de Estado de los EE. UU., El Salvador constituye un país de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres y niños víctimas de tráfico sexual y trabajo forzado. Las mujeres y niñas, algunas provenientes de zonas rurales de El Salvador, son explotadas dentro del tráfico sexual que tiene lugar en centros urbanos y son forzadas a trabajar como “chicas de bar”. Adultos y niños salvadoreños sufren el flagelo de la mendicidad forzosa y el trabajo forzado en la agricultura y el servicio doméstico. La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños de países limítrofes, particularmente de Nicaragua, Guatemala y Honduras, que emigraron a El Salvador en busca de empleo, aunque finalmente son obligados a ejercer la prostitución, a trabajar en las áreas de servicio doméstico, construcción o a trabajar en negro.



Las pandillas utilizan a los niños para perpetrar sus actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas, en ocasiones mediante el uso de fuerza o coerción. En Guatemala, México, Belice y los Estados Unidos, los salvadoreños han sido víctimas de tráfico sexual y trabajo forzado. Según informes, los miembros de agrupaciones dedicadas al crimen organizado, incluyendo organizaciones criminales transnacionales, están involucrados en algunos delitos de tráfico en El Salvador.



El Gobierno de El Salvador no cumple totalmente con las reglamentaciones mínimas para eliminar el tráfico, aunque ha demostrado esfuerzos significativos para ajustarse a estas normativas. Durante el año, las autoridades investigaron e iniciaron acciones legales contra casos de tráfico sexual y brindaron servicios a aquellas niñas y jóvenes víctimas de la explotación sexual infantil. No obstante, no hubo una consolidación en los esfuerzos para identificar e investigar casos de trabajo forzado y los servicios dirigidos a hombres y mujeres damnificados no fueron adecuados. La complicidad de funcionarios en delitos de tráfico siguió siendo un importante obstáculo ante los esfuerzos antitráfico.



Entre las recomendaciones que recibió El Salvador se incluyen asegurar que las víctimas, en especial los adultos, reciban una atención integral a través de un mayor aporte financiero para dichos servicios, reforzar campañas que investiguen y judicialicen los delitos de tráfico y condenar y sentenciar a los delincuentes de tráfico, especialmente por trabajo forzado. Además, existe el pedido de suspender a funcionarios gubernamentales que sean cómplices de delitos de tráfico susceptibles de penalización a través de investigaciones penales y procesamientos judiciales, de investigar proactivamente posibles instancias de trabajo forzado, incluyendo servidumbre doméstica, continuar aumentando el entrenamiento de la identificación de víctimas y ayuda para trabajadores sociales y autoridades migratorias, laborales, policiales y judiciales, entre otros.



El Gobierno de El Salvador siguió incrementando los esfuerzos policiales contra aquellos delincuentes involucrados en el tráfico sexual, aunque los esfuerzos contra el trabajo forzado no fueron sólidos y la complicidad de funcionarios siguió siendo preocupante durante el período en el cual se elaboró el informe.



El Artículo 367B del Código Penal de El Salvador prohíbe toda forma de tráfico humano e indica penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes infrinjan esta norma. Aunque se trata de penas severas, no son proporcionales a las sentencias indicadas para otros delitos graves, como la violación, que conlleva una condena de seis a 20 años de prisión. Durante el año, las autoridades presentaron al Congreso una nueva legislación antitráfico, la cual elevaría las penas de tráfico de personas: ocho a diez años de prisión.



En 2012, la unidad de policía especializada informó que entrenaría a más de 700 oficiales de policía para detectar casos de tráfico y asistir a las víctimas de este flagelo. Además, las autoridades entrenaron a 420 oficiales de migraciones sobre tráfico humano.



El gobierno salvadoreño mantuvo sus esfuerzos de prevención durante el período en el cual se elaboró el informe. El consejo gubernamental antitráfico coordinó esfuerzos interagenciales y lanzó una política antitráfico a nivel nacional, que pone de manifiesto la estrategia antitráfico del gobierno. Las autoridades llevaron a cabo campañas de concientización focalizadas en instruir a los niños sobre tráfico humano. El Ministerio de Turismo informó la realización de seminarios de concientización sobre turismo sexual infantil y tráfico para unos 200 miembros de comunidades empresariales en zonas costeras, aunque las autoridades no informaron la investigación o procesamiento de casos de turismo sexual infantil durante el año.



Funcionarios salvadoreños hicieron uso de entrevistas radiales y televisivas para publicitar sentencias de individuos que accedieron a servicios sexuales infantiles a cambio de dinero, con el objetivo de reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales.






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