En los últimos años se extendió el cultivo ilegal de hoja de coca en la Amazonia peruana, lo que ha causado deforestación y violencia. En 2020, la Amazonia peruana registró la mayor pérdida de selva virgen (vegetación nunca antes desmontada), según el Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP en inglés), iniciativa de la ONG Amazon Conservation.
Según el MAAP, las pérdidas ascienden a más de 190 000 hectáreas. La gran mayoría se atribuye a la tala ilegal, la agricultura, la minería ilegal y los cultivos ilícitos de coca.
“El narcotráfico se ha instalado de manera preocupante en la región de Ucayali […]. Además, autoridades del Gobierno Regional de Ucayali han detectado, entre el 2020 y en lo que va del 2021, 54 pistas de aterrizaje clandestinas”, informó la revista ambiental Mongabay Latam.
Las regiones más afectadas de la Amazonia peruana son Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, en donde viven cientos de comunidades indígenas. dijo Mongabay Latam. “Las plantaciones de coca se están extendiendo fuera de las áreas tradicionales de cultivo de coca del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el interior de la Amazonia peruana”, señaló InSight Crime, la fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica.
Bajo amenazas de violencia
Mientras los cárteles de la droga se trasladan a la Amazonia para establecer plantaciones de coca en lo profundo de la selva tropical y desmontar grandes superficies, las comunidades indígenas viven bajo amenazas de violencia por denunciar estas actividades.
“Los ataques y amenazas son constantes y hasta nuestros hijos lloran cuando salimos de casa; piensan que no vamos a volver, que nos van a matar como pasó en otras comunidades”, comentó Martínez Guimaraes, miembro una comunidad Shipibo-Konibo de Ucayali, a la revista peruana Ojo Público. Según Mongabay Latam, en 2020 murieron 10 ambientalistas peruanos, incluyendo siete indígenas.
“Este año [2021] se sumaron cinco asesinatos más que lamentaron los pueblos Kakataibo y Asháninka en las regiones de Ucayali, Huánuco, Junín y Pasco”, informó Mongabay Latam.
En abril de 2021, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), asociación de instituciones que coordina a organizaciones indígenas de los nueve países que comparten la cuenca amazónica, emitió una declaración de emergencia debido a la muerte de más de 200 activistas de derechos humanos y ambientales en toda la región en 2020. Bolivia, Brasil, Colombia y Perú representan el 77 por ciento de los casos.
“Detrás del asesinato de [activistas por] los derechos humanos indígenas y defensores de la Madre Naturaleza, hay problemas […] directamente ligados a […] la minería indiscriminada, la tala indiscriminada y el tráfico de drogas, […] que amenazan la integridad física y cultural de nuestros pueblos”, señaló COICA.