Atentado terrorista golpea a Colombia

El atentado terrorista del ELN involucra a países garantes del proceso de paz con el grupo insurgente.
Yolima Dussán/Diálogo | 5 febrero 2019

Amenazas Transnacionales

Las Fuerzas Armadas de Colombia patrullan la zona donde un coche bomba explotó en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 18 de enero de 2019. (Foto: Juan Barreto/AFP)

El terrorismo recrudeció en Colombia tras el atentado del pasado 18 de enero de 2019 en Bogotá, cuando un carro bomba explotó dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, con un saldo de 21 muertos, 68 heridos e infraestructura afectada en la circunferencia del atentado. El hecho fue reivindicado por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tenía suspendidas las conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia en Cuba, donde permanece la cúpula del grupo insurgente.

“Pido a todos los gobiernos que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones políticas”, subrayó el presidente colombiano Iván Duque en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2019. “Es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos, desarmados, que estaban preparándose para servir como policías de Colombia”.

De acuerdo con los organismos de inteligencia de Colombia, Venezuela y Cuba cobijan a miembros del ELN. En Venezuela se encontrarían los cabecillas, Rafael Sierra alias Ramiro Vargas; Eliécer Herlinto Chamorro alias Antonio García; y Gustavo Aníbal Giraldo alias Pablito.

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo pidió al Gobierno de Nicolás Maduro verificar la presencia de estos y otros miembros del ELN y dar una respuesta contundente. “El Gobierno de Colombia espera que, de confirmar esa presencia, se proceda a expedir órdenes de captura y entregarlos a las autoridades colombianas como corresponde”, dijo Trujillo en declaración oficial. Los días pasan sin respuesta. 

Necesidad de apoyo internacional

Duque se encargó de hacer la misma solicitud a Cuba. “Hago un llamado respetuoso al Gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y pueda entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización, para que paguen por ese atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Hacemos ese llamado al Gobierno cubano para que nos ayude a que se haga justicia en Colombia”.

Además, la Interpol emitió circular roja contra dos de los integrantes de la delegación de paz del ELN en Cuba: Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, actual jefe de la delegación de la guerrilla e integrante del Comando Central, y Víctor Orlando Cubides alias Aureliano Carbonell o Pablo Tejada, quien participó en una masacre en 1998, donde el ELN detonó explosivos en los ductos de combustible que pasaban por la villa de Machuca, en el municipio de Segovia, Antioquía. El atentado causó la muerte de 70 personas mientras dormían, entre adultos y niños.

Respaldo de organismos internacionales

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá montan guardia en la Academia de Policía General Santander, después de la explosión de un coche bomba en las instalaciones. El principal sospechoso del atentado es José Aldemar Rojas Rodríguez, miembro del ELN desde hace 25 años. (Foto: Daniel Muñoz/AFP)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su rechazo. “El Secretario General [Antonio Guterres] condena el atentado con carro bomba en una academia de policía en Bogotá. Los responsables deben ser llevados ante la justicia”, expresó a la prensa Stéphane Dujarric, su portavoz.

“El terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales”, agregó José Singer Weisinger, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. “Todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independiente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento y cualquiera que lo cometa”.

Continuación del conflicto armado

“En Colombia pudimos terminar un conflicto armado que nos dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas y desplazados”, declaró el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo Colombia aún vive actos terroristas.

Los acuerdos de paz en 2017 implicaron un acuerdo entre el Gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó a sus filas en la selva y perdió influencia sobre ellas. Los terroristas dejados atrás que no se unieron a los acuerdos de paz se reagruparon o formaron nuevas bandas armadas, financiadas con el combustible del narcotráfico.

“Colombia tenía dos posiciones radicales; o íbamos derecho al Castro-Chavismo y a convertirnos en otra Venezuela, o con la firma del acuerdo con las FARC nos convertíamos en Suiza”, comentó a Diálogo Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, ONG con sede en Bogotá, Colombia. “No somos ni la una ni la otra. Estamos en la transición de la violencia en Colombia. Hoy estamos en un punto de quiebre donde queda atrás la violencia política para meternos de lleno en la violencia por el narcotráfico y la minería, que son los que dan toneladas de dinero”. 

El desbordamiento del conflicto colombiano en las zonas de frontera es preciso e influyente. Hay una multiplicidad de grupos delincuentes recostados en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil, cuyas acciones involucran incluso a Centroamérica, por la forma en la que controlan las rutas de salida de la droga.

“La realidad en Colombia es que tenemos un ELN que ocupa los espacios de las FARC y un espiral de violencia que no se detendrá, porque mientras la droga siga representado tanto dinero, solo cambiaremos de nombre a los grupos y seguirá el mismo conflicto”, aseguró Rosania. “En caso de que sigan los diálogos de paz con el ELN, sus disidencias activarán el conflicto porque no les interesa dejar el negocio del narcotráfico y la minería ilegal. Ese es el verdadero problema de la violencia actual en Colombia”, finalizó.

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