Las cámaras de vigilancia y los equipos de reconocimiento facial de China generan preocupación por la seguridad de los datos en Brasil.
En toda Latinoamérica, la creciente presencia de la tecnología de vigilancia de China provoca un debate sobre la seguridad nacional, la privacidad de los datos y el potencial de influencia extranjera. Los gobiernos y municipios, a menudo atraídos por precios por debajo del mercado y recursos avanzados, están adoptando estos sistemas para la seguridad pública y la gestión urbana. Sin embargo, expertos y organismos internacionales advierten que la implantación generalizada de estos equipos, conlleva riesgos inherentes que pueden socavar las instituciones democráticas y la soberanía nacional.
A finales de abril, el Gobierno del estado de Río de Janeiro cerró un acuerdo con las empresas chinas Hikvision y Dahua, para la adquisición de nuevas cámaras de vigilancia y equipos de reconocimiento facial. La idea es ampliar la tecnología a los 92 municipios del estado, con 5800 cámaras para vehículos y video monitoreo urbano. Esta política de vigilancia masiva con equipos de China se está extendiendo rápidamente por Brasil, causando gran alarma. A pesar de las justificaciones oficiales para su uso, la implantación generalizada de esta tecnología alimenta profundas preocupaciones sobre el potencial uso indebido de los datos y representa una amenaza directa para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
Aunque Hikvision suministró 21 571 cámaras corporales, adquiridas por el gobierno estatal para uso policial, que según las autoridades han dado lugar a más de 500 detenciones, los expertos advierten que la red de vigilancia de China tiene un doble objetivo más siniestro. Además de la lucha ostensible contra la delincuencia, esta tecnología ha sido diseñada para ayudar a reprimir la disidencia y evitar las protestas contra el Partido Comunista de China (PCCh), lo que suscita importantes preocupaciones en materia de derechos humanos y libertad política.
“China quiere exportar sus técnicas de vigilancia y control policial para normalizar y legitimar su estilo de vigilancia y […] su sistema político autoritario”, declaró a la AFP Bethany Allen, directora del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) de Investigación y Análisis de China. La falta de transparencia sobre las medidas de seguridad implementadas por las empresas de ese régimen asiático y el destino de los datos recopilados por las cámaras, contribuyen a alimentar la desconfianza.
Muchos países de todo el mundo han impuesto prohibiciones o restricciones severas a las empresas tecnológicas multinacionales de China, como Huawei, debido a graves preocupaciones por la seguridad nacional. Naciones como Alemania, Japón y Suecia han expresado su temor de que China pueda explotar estas tecnologías, para espiar o comprometer infraestructuras críticas. Esta desconfianza generalizada se deriva de los supuestos estrechos vínculos entre estas empresas y el PCCh, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre posibles transferencias no autorizadas de datos y el control estatal de redes sensibles.
Según Sophie Richardson, codirectora ejecutiva de la red de activistas de derechos humanos Chinese Human Right Defenders (CHRD), con sede en Washington, D.C., los países con un historial de represión estatal deben ser observados con cautela en lo que respecta a sus sistemas de videovigilancia. “Llevamos mucho tiempo pidiendo que se regulen las tecnologías de vigilancia para que no sean implementadas por gobiernos abusivos. Nuestra investigación muestra que la represión mejorada por la tecnología de Pekín se extiende tanto dentro como fuera de China”, declaró Richardson al portal de noticias internacionales y análisis A Referência, enfocado en política exterior, comercio internacional y temas relacionados con la globalización.
“Varios países ya han dado la voz de alarma sobre los equipos de China. Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido han restringido o prohibido este tipo de tecnología procedente de China, basándose en una preocupación legítima: la posible transferencia de datos sensibles sin consentimiento”, declaró a Diálogo Thiago Guedes, director ejecutivo de Deserv, empresa especializada en seguridad de la información y privacidad de datos.
“Corea del Sur, por ejemplo, identificó que la IA china DeepSeek estaba recopilando y transfiriendo datos de sus usuarios, incluida información sobre dispositivos y redes, a empresas chinas como Beijing Volcano Engine. Todo ello sin consentimiento. No se trata de una suposición. Es un documento oficial de la Autoridad de Protección de Datos de Corea”, añadió Guedes.
Guedes afirma que, en el caso de las cámaras, aún no hay pruebas técnicas de que los datos vayan directamente a Pekín. “Pero seamos sinceros: el simple hecho de que la Ley de Inteligencia Nacional de China obligue a las empresas a colaborar con el Gobierno ya es motivo de alarma. Si a esto le sumamos la falta de transparencia sobre el funcionamiento interno de los dispositivos, el riesgo se convierte en real. China tiene hoy en día una de las legislaciones de privacidad más estrictas del mundo, pero también exige que las empresas soliciten autorización al Gobierno para transferir datos al exterior, es decir, quien realmente controla la información es el PCCh, partido en el poder”, subraya.
Varios factores contribuyen al aumento del uso de equipos de China: su menor coste en comparación con los equivalentes occidentales, los hace atractivos para organizaciones con recursos limitados y, en determinadas situaciones, la falta de proveedores alternativos, locales o internacionales, hace que las opciones chinas sean las más viables.
“Una alternativa que se puede sugerir es mantener los equipos fuera de línea. No es tan sencillo. La arquitectura del equipo, los chips integrados, el firmware, etc., todo ello es importante. El simple hecho de desconectarlo no garantiza la protección, si el sistema ha sido diseñado para conectarse o almacenar datos de forma opaca. Y ahí es donde reside el peligro. Tenemos que dejar de ser ingenuos. No se trata de sinofobia. Se trata de estrategia”, afirma Guedes.
Brasil cuenta con la Ley General de Protección de Datos (LGPD), que establece principios estrictos sobre el tratamiento de datos, especialmente los datos sensibles, así como la transferencia internacional de datos personales. Sin embargo, Guedes cuestiona la supervisión de los equipos de China.
“La LGPD está ahí, pero ¿quién supervisa, audita y valida estos equipos? ¿Quién garantiza que lo que se promete en la caja es lo que se ejecuta en el código? Podemos y debemos buscar soluciones nacionales. O, como mínimo, proveedores que respeten la legislación brasileña y acepten auditorías técnicas independientes. La seguridad pública es urgente, sí, pero no puede ser una puerta abierta a riesgos aún mayores en el futuro. La privacidad es soberanía”, concluyó Guedes.
La difusión de la tecnología de vigilancia de China en Latinoamérica representa un desafío crítico para la seguridad nacional y los valores democráticos. Aunque económicos, estos sistemas presentan riesgos significativos y opacos, debido a sus vínculos con un régimen autoritario. Proteger los datos de los ciudadanos y la soberanía nacional exige una supervisión rigurosa y una verificación independiente. En última instancia, la adopción de esta tecnología es una elección estratégica, que requiere vigilancia, para garantizar que la seguridad no comprometa la privacidad ni la autonomía.
