Ataques terroristas de Sendero Luminoso podrían poner en peligro oleoductos peruanos

Por Dialogo
octubre 22, 2012



LIMA — Una cadena de atentados terroristas en la selva suroriental de Perú ha suscitado temores de que rebeldes de Sendero Luminoso podrían tratar de crear caos económico al dirigir sus ataques hacia la infraestructura energética del país, y el Gobierno está respondiendo con estrictas medidas contra el terrorismo.
"La población debe estar tranquila, porque vamos a ganar. Tardará algún tiempo adquirir los equipos adicionales necesarios, pero esto se hará", afirmó Humberto Speziani, presidente de Confiep, la asociación de negocios más grande del Perú. "Estamos hablando de la defensa de la democracia y del interés nacional".
Speziani habló tras una reunión el 12 de octubre donde el ministro de Defensa Pedro Cateriano y el almirante José Cueto, director del Estado Mayor Conjunto, ayudaron a tranquilizar a los líderes empresariales mediante la exposición de los planes del Gobierno en respuesta a los ataques.
Dos policías murieron y otros dos fueron heridos en una emboscada tarde ese día cerca de la localidad de Kepashiato. La emboscada tuvo lugar menos de una semana después de que el grupo rebelde Sendero Luminoso atacara una pista de aterrizaje en la cercana ciudad de Kiteni el 6 de octubre, destruyendo la infraestructura e incendiando tres helicópteros.

Se intensifica la lucha en la región del VRAEM

Kepashiato y Kiteni están ubicados en el distrito de Echarate, en Cusco, donde están localizados los campos de gas de Camisea y un gasoducto de 730 km que proporciona el gas que genera casi la mitad de la electricidad del Perú. Los helicópteros destruidos habían sido utilizados por TGP, el operador de Camisea, para supervisar la tubería.
TGP anunció tras el incidente que ya no mantendría la tubería por razones de seguridad. Su personal ya ha abandonado la zona.
El ministro del interior, Wilfredo Pedraza, fue contundente durante una presentación el 9 de octubre ante la Comisión de Seguridad del Congreso.
"Proteger la tubería requiere una enorme empresa logística", sostuvo Pedraza ante los legisladores. "Estamos trabajando para dotar a un grupo especial de soldados y policías a fin de reducir la posibilidad de un ataque contra el oleoducto, pero otro incidente podría ocurrir hoy o mañana".

Legislación busca medidas antiterroristas más estrictas

Sondeos recientes revelaron que los peruanos creen que el terrorismo podría estar regresando, y quieren que el Gobierno haga más. En una encuesta nacional publicada el 14 de octubre por Ipsos Apoyo, el 71 % de los encuestados respondió que los incidentes recientes apuntan a un resurgimiento del terrorismo.
La respuesta del Gobierno de Humala es que las medidas ya están en marcha, entre ellas la construcción de nuevas estaciones de Policía en el distrito de Echarate. Asimismo, a finales del año se completarán diez nuevas bases contra el terrorismo en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y el Ministerio de Defensa anunció que enviaría veinte nuevos helicópteros para reforzar las operaciones en la zona de combate.
Humala le ha pedido al Congreso que apruebe la legislación presentada en agosto, que convertiría en delito "aprobar, justificar, negar o minimizar los delitos cometidos por los miembros de las organizaciones terroristas". Quienes sean hallados culpables de este nuevo delito podrían recibir penas de entre cuatro y ocho años de prisión. El Congreso no ha comenzado el debate sobre el proyecto de ley.
El Congreso aprobó en la legislación de mediados de octubre leyes que establecen penas mucho más duras para cualquier persona condenada por recoger dinero o que esté involucrada en actividades similares de apoyo al terrorismo. La pena de prisión es ahora de veinte años sin libertad condicional.

Se espera que la ley ponga al MOVADEF a la defensiva

Salazar sostuvo que la legislación ayudaría a controlar las actividades terroristas y a darle al estado más herramientas para luchar contra las organizaciones de fachada, como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), un partido fundado por abogados de los dirigentes encarcelados de Sendero Luminoso.
El Congreso le ha concedido al Gobierno de Humala poderes legislativos para expedir nuevas leyes en materia de seguridad ciudadana, la defensa nacional y el tráfico de drogas. También le ha permitido reformar los ministerios de Defensa y del Interior, un proceso que ya está en marcha.
El Gobierno de Humala tiene hasta finales de noviembre para presentar la nueva legislación.
Echarate ha sido escenario de los combates más intensos entre Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad durante meses. Más de veinte policías y soldados han muerto en ataques terroristas en lo que va del año, la mayoría de ellos en Echarate y distritos vecinos. El distrito ha estado bajo estado de emergencia desde abril, mientras que el VRAEM fue puesto en estado de emergencia hace más de nueve años.
La facción de Sendero Luminoso en el VRAEM ha aumentado lentamente la presión en la zona donde se ubica Camisea. Rubén Vargas, un investigador que estudia el terrorismo en el Perú, sostuvo que la facción de Sendero Luminoso ha querido demostrarle al Gobierno que puede causar estragos.

Infraestructura energética podría estar en riesgo

"El objetivo de los recientes ataques ha sido demostrar que controlan la zona, que es el corazón del sistema de energía del país", señaló Vargas. Estimó que una interrupción del gasoducto de Camisea paralizaría las centrales alimentadas a gas, que generaron aproximadamente el 45 % de la electricidad del país en septiembre y también detendría la producción de casi el 80 % de gas licuado de petróleo (GLP), el combustible doméstico más ampliamente utilizado en el Perú.
Además, casi 300.000 vehículos en el Perú, incluido el sistema de autobús de transporte masivo de Lima, funcionan con gas natural o GLP.
El Ministerio de Minas y Energía del Perú calcula que el país perdería aproximadamente US$500 millones al día si el oleoducto quedara fuera de servicio. Esto tiene en cuenta la generación de energía, la industria, el uso de vehículos y las exportaciones de gas natural líquido desde una instalación operada por Hunt Oil con sede en Dallas.
Además del sistema de energía existente del Perú, los ataques continuos en la zona podrían bloquear los esfuerzos del presidente Ollanta Humala para atraer más de US$20.000 millones en inversiones en nuevas tuberías desde Camisea hasta la costa sur, y la construcción de plantas petroquímicas que utilizan gas para la fabricación de explosivos, fertilizantes y plásticos.

Medida autorizaría nuevos oleoductos y plantas de energía en Echarate

La legislación que está ahora ante el Congreso autorizaría concesiones para la construcción de nuevos oleoductos desde Camisea hasta la sierra sur, así como una nueva planta de energía térmica en Echarate. Los observadores dicen que es poco probable que el congreso apruebe esta legislación dada la situación actual en la zona.
La facción de Sendero luminoso, que tiene alrededor de 400 combatientes armados y es liderada por Víctor Quispe Palomino, inició una nueva ronda de acciones armadas en Echarate en abril, cuando una columna secuestró a 36 contratistas que trabajaban en la ampliación del gasoducto de Camisea. Las víctimas estuvieron retenidas durante casi una semana antes de que fueran liberadas sanas y salvas.
Un grupo de dieciocho trabajadores del oleoducto fueron retenidos brevemente a principios de junio y se han producido numerosos incidentes de disparos de francotiradores contra bases antiterroristas en la zona.
El gobierno de Humala es genocidio, están saqueando al Perú por eso el pueblo peruano dirigido por Sendero Luminoso solo defiende nuestra soberanía.
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