Seminario sobre drogas reúne a civiles y militares en la FIU

La distribución gratuita de drogas a los adictos en clínicas especializadas del gobierno fue apenas una de las tantas sugerencias que se presentaron durante la conferencia realizada el 21 de septiembre de 2012, en el recinto sur de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. Esto representa uno de los intentos por impedir el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales transnacionales.
WRITER-ID | 26 septiembre 2012

Miembros del panel sudamericano durante su presentación en la conferencia Perspectivas Regionales sobre el Crimen Organizado Transnacional en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, organizado por la FIU y SOCOM. (Foto: Marcos Ommati/Diálogo)

La distribución gratuita de drogas a los adictos en clínicas especializadas del gobierno fue apenas una de las tantas sugerencias que se presentaron durante la conferencia realizada el 21 de septiembre de 2012, en el recinto sur de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. Esto representa uno de los intentos por impedir el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales transnacionales.

El seminario sirvió como foro de debates y discusiones para comprender mejor el problema de las drogas y determinar cómo combatirlo. La sugerencia de la distribución gratuita de drogas surgió de Francisco Dall’Anese, representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo internacional creado en 2006 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de investigar los delitos graves en aquel país. Dall’Anese explicó que “solo debilitando el poder financiero y, por consiguiente, la fuerza corruptora que tienen las organizaciones criminales, colapsarían los precios de las drogas y disminuiría la criminalidad”.

El evento, titulado Perspectivas Regionales sobre el Crimen Organizado Transnacional en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, fue organizado por el Centro para la Administración de Justicia de la FIU y el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos; y reunió a líderes de diversos sectores de la sociedad civil en el campo de la seguridad, y a militares de varios países, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, no solo los Estados Unidos, sino todos los países deberían esforzarse más para disminuir la demanda y el tráfico interno de armas de pequeño calibre. Para Bagley, la guerra contra las drogas solo se ganará “si existe la plena conciencia de que se trata de un problema de responsabilidad conjunta no solo a nivel regional, sino también global”.

El Coronel del Ejército colombiano, Jorge H. Romero, prefirió reseñar cómo surgieron los movimientos guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el oficial de enlace colombiano en el Comando Sur de los Estados Unidos, a pesar de haber disminuido sus filas en los últimos años —de 16.000 a casi 8.000 en las FARC, y de 7.000 a 3.000 en el ELN—, estos grupos todavía representan una seria amenaza para el país y sus vecinos. Mientras tanto, el Coronel Romero considera que las conversaciones de paz que organiza el gobierno de Santos y la cúpula de las FARC ayudarán a minimizar el problema de las guerrillas en Colombia.

El representante de Trinidad y Tobago, el Dr. Anthony Bryan, quien ya realizó investigaciones extensivas sobre la seguridad regional en los países del Caribe y otros países de las Américas, expresó su preocupación por las armas que “los narcotraficantes están dejando atrás”, y por el uso que hacen de la región como zona de tránsito de drogas. Afirmó que el Caribe está trabajando de forma conjunta para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y que las iniciativas regionales como CARICOM IMPACS, programa dedicado a la reducción de los delitos que implican principalmente armas de fuego, deberían implementarse en otros países.

Por consenso, se concluyó que solo mediante una reducción sustancial de la delincuencia en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, podrá promoverse un desarrollo sostenible y un cambio en las normas culturales en la región. Para los participantes, quedó claro que las OCT representan una amenaza a las democracias y demás sistemas de gobierno en las Américas y que no debe escatimarse en esfuerzos si se pretende desarticularlas.

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