De acuerdo con un convenio aprobado por la Asamblea Nacional Nicaragüense, el 7 de septiembre de 2021, Rusia apoyará a Nicaragua a “prevenir, detectar y poner fin a los incidentes informáticos, así como a investigar delitos y casos penales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con fines terroristas y criminales”.
“Desde hace años, el Gobierno ruso está concentrado en ocupar a Nicaragua como una plataforma de operaciones cibernéticas y electrónicas”, dijo a Diálogo un abogado constitucionalista nicaragüense que pidió el anonimato para evitar ser perseguido por seguidores de Daniel Ortega. “Este convenio es una entrega de la seguridad del país a los rusos (…), y va a servir para lanzar, desde un lugar más cercano en el hemisferio, ataques cibernéticos o interferencias en elecciones”.
El convenio no define con precisión cómo, ni qué tipo de datos, se intercambiarán. “Se debe identificar qué información puede obtener Rusia que pueda llegar a afectar algún derecho o garantía de los nicaragüenses”, explicó a la revista nicaragüense Confidencial el argentino Antonio Maza, experto en análisis forense, investigación digital y seguridad informática.
Estados Unidos advirtió sobre las posibles injerencias rusas en ataques cibernéticos, y el 15 de abril anunció sanciones contra más de 30 individuos y entidades rusas, por interferir en sus elecciones de 2020, orquestar un ciberataque masivo a instituciones estadounidenses y de países socios, y “utilizar la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros”.
Opresión en línea
María Oviedo, abogada defensora de los presos políticos, por medio de la ONG nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos, está detenida desde el 29 de julio, “por el presunto delito de traición a la patria”, publica desde Perú el diario La República. Oviedo está acusada por el Ministerio Público por “conspiración y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Amaru Ruiz Alemán, presidente desde el exilio de la ONG Fundación del Río, que defiende el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, también ha sido acusado por el mismo delito por el Ministerio. Ruiz denunció en redes sociales violaciones de derechos humanos a poblaciones de Nicaragua, y la violencia contra las comunidades indígenas en 2020 y 2021, incluida la masacre del 3 de septiembre de 2021 en el Territorio Mayangna de Sauni As, en la Reserva de Biosfera Bosawás, publica la ONG con base en Suiza Organización Mundial Contra la Tortura.
Con este nuevo convenio, Rusia podrá concertar “acuerdos específicos de colaboración” con Nicaragua para “analizar y evaluar de manera conjunta las amenazas que surjan contra la seguridad internacional de la información”, subraya el acuerdo.