Las libertades civiles en Nicaragua se han reducido drásticamente, mientras que la escalada de represión bajo el régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo no ha hecho más que aumentar, afectando incluso a los exiliados. El Congreso de Nicaragua, controlado por la dictadura, aprobó el 3 de septiembre una ley para juzgar a los opositores en rebeldía. La ley conlleva penas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes, en un intento por acallar las voces críticas.
“Estas reformas podrían utilizarse para intensificar aún más la persecución y la represión de los nicaragüenses, incluidos los exiliados, así como de los extranjeros, por el ejercicio legítimo de sus derechos”, dijo el 10 de septiembre Christian Salazar Volkmann, jefe del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, durante la presentación del informe sobre la situación en Nicaragua, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
Después de las protestas de 2018, el régimen de Ortega-Murillo no ha hecho más que endurecer la legislación y la represión. Se calcula que más de 400 personas murieron durante los primeros meses de estas protestas y, desde entonces, miles de nicaragüenses se han exiliado y cientos han sido expulsados y confiscados sus bienes.
En noviembre de 2023, el régimen había cerrado más de 3500 Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas asociaciones de mujeres, religiosas, de ayuda internacional y médicas. Entre 2018 y 2022, la dictadura cerró al menos 57 medios de prensa, según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
Más recientemente, el 19 de agosto, el régimen canceló el registro de otras 1500 ONG, según el diario oficial La Gaceta. Las organizaciones, de las que al menos 695 son religiosas, están acusadas por los Ortega-Murillo de no haber presentado sus estados financieros durante un periodo de entre uno y 35 años. Algunas de las organizaciones trabajaban para promover el deporte, la salud, los derechos de la mujer y los derechos de la comunidad LGBTQIA+, entre otros ámbitos. Las organizaciones religiosas objetivo eran en su inmensa mayoría cristianas, y representaban a congregaciones católicas, evangélicas y pentecostales, entre otras.
Antes, a principios de agosto, el régimen ya había cancelado la personería jurídica de Cáritas, de la Diócesis de Matagalpa, por supuestas razones burocráticas, según Vatican News. La diócesis está dirigida por el obispo Rolando Álvarez, un acérrimo crítico del régimen, que vive en el exilio tras haber sido condenado por cargos que incluyen conspiración y traición a la patria.
El 5 de septiembre, la dictadura Ortega-Murillo liberó a 135 presos políticos, que fueron enviados a Guatemala. Cinco días después, el régimen anunció que retiraba la nacionalidad y confiscaba los bienes de los liberados.
El 11 de septiembre, el régimen pidió la aprobación de reformas a la ley de delitos cibernéticos, más conocida como ley mordaza, para aumentar las penas de los delitos, y permitir la persecución de ciberdelitos cometidos fuera del país. En una entrevista con Correio Braziliense, el ex-preso político Félix Maradiaga, líder de la oposición y presidente de la Fundación Nicaragüense para la Libertad, afirmó que la ley representa un “alarmante avance en la consolidación del régimen autoritario”.
“Daniel Ortega replica tácticas represivas implementadas por dictaduras como las de China y Rusia”, advirtió Maradiaga. “No sólo atenta contra la libertad de expresión en Nicaragua, sino que busca expandir su control represivo a nivel internacional, especialmente atacando a opositores y disidentes que viven en el exilio”.
“Lo que en cualquier sociedad democrática equivale a la libertad de opinión, en Nicaragua el régimen policial lo cataloga como terrorismo, conspiración o incitación al odio”, explicó Carlos Fernando Chamorro, director de la revista independiente Confidencial y uno de los periodistas más conocidos de Nicaragua, actualmente exiliado en Costa Rica y despojado de su nacionalidad nicaragüense.
