La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció el 15 de octubre, mediante un comunicado de prensa, que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua mantiene al menos a 113 presos políticos, y persiste en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“Recibimos denuncias de actores de la sociedad civil, que nos obligan a alertar a líderes regionales y a la comunidad internacional en general. De ellas se infiere que persisten las violaciones a los Derechos Humanos (…), así como malos tratos y torturas a los presos políticos”, dice la comunicación de la OEA. “En protesta por su situación, presos políticos se han zurcido sus labios y tomarían la medida de coserse sus parpados también. Todos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo”.
Julio Montenegro, abogado de la organización Defensores del Pueblo, que brinda asesoría a los presos políticos del régimen de Ortega, explicó a Diálogo el 14 de noviembre que las condiciones en que viven sus representados en las cárceles de Nicaragua son paupérrimas y violatorias de los derechos humanos más fundamentales.
“La situación que me han expresado los presos políticos es de desesperanza, algunos de ellos de mucha molestia porque en las expresiones políticas no han visto un interés por la libertad de presos políticos, sino una preocupación por reformas electorales y por cargos y puestos, dicen ellos, olvidándose de que ellos están ahí en condiciones muy extremas”, dijo Montenegro.
La OEA también denunció que el régimen de Ortega sigue violentando la división de poderes y realizando detenciones arbitrarias contra opositores.
“El día 14 de septiembre, Daniel Ortega formuló una ‘orientación’ a la Corte Suprema de Justicia, un acto que vulnera la separación de poderes. Ello se hizo en relación a una propuesta de ley que amenaza a la oposición con prisión perpetua por los llamados ‘crímenes de odio’. Se trata de un cargo de tipificación imprecisa. Ello deja el suficiente espacio para la arbitrariedad, siendo susceptible de convertirse en una herramienta para reprimir”, publicó la OEA.
Montenegro explicó que, en el tema de presos políticos, Ortega ha venido cambiando en los últimos meses el tipo de delito por el que se acusa a los opositores para mantenerlos tras las rejas.
“A nivel de los procesos judiciales únicamente han variado de delitos de terrorismo y de entorpecimiento de servicios públicos por los tranques [bloqueos callejeros] y los secuestros; se pasó ahora a [acusaciones por] tráfico y transporte de droga, robo agravado y crimen organizado (…), a veces detienen a las personas tres días antes y salen con que los hechos los cometieron tres días después de estar detenidos”, explicó el abogado.
Al menos 50 presos políticos cumplen 30 días [al 30 de octubre de 2020] en huelga de hambre en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como «La Modelo», en demanda de su libertad, reportó el portal IP Nicaragua.
Los Estados Unidos sancionaron económicamente el 5 de marzo de 2020 a la Policía Nacional de Nicaragua (PN) y a tres comisarios de alto rango, por graves abusos a los derechos humanos contra manifestantes. “La PN es responsable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, aseguró la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua.