Mientras estallaban las protestas en toda Venezuela contra la “victoria” de Nicolás Maduro, las fuerzas de seguridad apresaron en Caracas a un adolescente de 16 años, que se dirigía a su vivienda con un amigo.
El joven estuvo incomunicado durante cuatro días en las mazmorras de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde fue golpeado con el propósito de obligarlo a una confesión grabada. Durante estas violaciones, el menor de edad quedó con dos dientes rotos y la mano izquierda inmovilizada.
En el video, entregado posteriormente como prueba al tribunal, el joven admite bajo tortura haber recibido pagos, para participar en las manifestaciones contra la reelección de Maduro. Actualmente, es procesado bajo cargos de terrorismo en e la capital venezolana.
Más de 150 menores, algunos de tan solo 13 años, han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro tras las disputadas elecciones del 28 de julio. De los menores detenidos, al menos 20 eran niñas, indicó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un reciente informe para investigar violaciones sistémicas y abusos contra los derechos humanos.
Según la legislación penal venezolana, los menores ameritan un tratamiento especial, en virtud de su edad. Sin embargo, los menores encarcelados en el marco de la brutal represión contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos, tras unos resultados electorales muy cuestionados, fueron acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio.
El informe de la ONU también identificó casos en los que menoresfueron víctimas de violencia sexual mientras permanecían en custodia, contraviniendo “las normas y estándares internacionales de protección a la niñez”. La arremetida contra los adolescentes es un nuevo terror dentro de la larga historia de represión del régimen de Maduro en contra de la población.
Según el portal de la ONG venezolana de derechos humanos Foro Penal, desde finales de julio hasta principios de noviembre de 2024, al menos 1958 personas fueron encarceladas por motivos políticos.
El informe de la ONU subraya que a los menores detenidos se les negó el acceso a un abogado privado y, en su lugar, se les asignaron defensores públicos leales al régimen.
El abogado venezolano Joel García Hernández fue uno de los abogados que las familias intentaron contratar para defender a sus hijos, según declaró a Diálogo.
“Ningún tribunal recibe estas designaciones. Los representantes designan a Joel García para que defienda los intereses y los derechos de sus hijos, pero eso no lo aceptan los tribunales de control en materia penal de niños, niñas y adolescentes. Entonces imponen la defensa pública”, declaró García y agregó que los defensores publicos están “de manos atadas”.
“Ellos hacen un simulacro de defensa, pero no es mayor cosa lo que pueden hacer. Si se exceden en sus solicitudes o peticiones de nulidad, pueden ser sustituidos y quedar presos también”, afirmó García.
Plan preconcebido
El uso de los tribunales como parte del aparato represivo contra los menores de edad, forma parte de un plan elaborado por el régimen de Maduro en fechas previas a la elección presidencial del 28 de julio, dijo a Diálogo el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público Zair Mundaray. “El chavismo sabía que iba a llegar a este momento”.
Prueba de este plan, dijo Mundaray, es la creación de la jurisdicción especial en materia de terrorismo para menores de edad, con dos tribunales de control que operan solamente en el Distrito Capital. Con ello, se aseguran la “centralización” de los procesos judiciales.
“Históricamente hubo menores [en protestas], pero jamás se les atribuyó el delito de terrorismo (…). El chavismo se preparó para esto. Lo proyectó a futuro. La pena máxima para estos jóvenes era de cinco años. Modificaron la ley y la llevaron a diez años”, reflexionó.
Según Mundaray, en torno a las detenciones de los menores, se instauró un mecanismo de extorsión a las familias, con la participación de agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público. De allí agregó que las cifras de jóvenes privados de su libertad, no coincidan con las que ellos finalmente pasan a juicio.
