Tras meses de represión que se intensificó a raíz de lo que la comunidad internacional describió como elecciones robadas, el venezolano Nicolás Maduro inició el nuevo año y su nuevo reinado autocrático con una mayor represión de los espacios cívicos, los derechos y las libertades.
Entre sus últimas medidas se encuentra el anuncio de un proceso de reforma constitucional y la aplicación de varias leyes aprobadas recientemente que tienen como objetivo redefinir la represión a través de regulaciones, dijo la ONG de derechos humanos Civil Rights Defenders en un comunicado.
Una de estas leyes, la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, aprobada con “inusual celeridad”, según la ONG venezolana Acceso a la Justicia, que promueve la defensa de la justicia y el estado de derecho, tiene como objetivo, como su nombre indica, sacar de circulación a sus opositores, con el pretexto de que han respaldado la imposición de sanciones internacionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aceleró la legislación tras rechazar la aprobación de la llamada Ley Bolívar por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre, destinada a endurecer las sanciones económicas y prohibir cualquier operación comercial con el régimen de Maduro.
La Ley Orgánica Simón Bolívar, que entró en vigencia el 2 de diciembre, consta de apenas 23 artículos. La Ley califica como “crimen de lesa humanidad” la imposición de sanciones contra el régimen de Maduro. También contempla penas de prisión de 25 a 30 años (el máximo según la legislación venezolana), así como inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período de hasta 60 años para quienes hayan promovido o solicitado sanciones internacionales contra el régimen de Maduro.
Los procesos correspondientes serán adelantados por los fiscales y jueces, quienes han sido designados por influencia del oficialismo. Hasta el momento, la Ley Simón Bolívar carece de reglamentación. Pero, según Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, bastará con la interpretación que le den los jueces y los fiscales.
“Se busca limitar la actividad política de actores que no representen ningún dolor de cabeza para la dictadura; y tratar de sacar del juego a otros que efectivamente representan un problema para los opresores”, explicó Alarcón al ser consultado por Diálogo. Además, advirtió que las leyes en Venezuela no pueden ser aplicadas en forma retroactiva cuando vayan en contra de los enjuiciados. Sin embargo, acotó que en el país suramericano no existe Estado de derecho “y cualquier locura es posible”.
Persecución a opositores
Desde las elecciones del 28 de julio, el oficialismo venezolano ha estructurado lo que el sociólogo e investigador venezolano de derechos humanos Rafael Uzcátegui describió como “arquitectura legal”, destinada a limitar los derechos de todos lo que se opongan al régimen. Esto abarca tanto a la Ley Simón Bolívar como a las leyes contra el Fascismo y el Neofascismo; y a la Fiscalización a las Organizaciones No Gubernamentales.
El Poder Electoral, encabezado por el oficialismo, declaró a Maduro vencedor sin que hasta el momento haya dado a conocer las actas que sustentan esta decisión. Luego de esta fecha, se desataron protestas en Venezuela, que arrojaron al menos 28 muertos, centenares de heridos y más de 2000 personas encarceladas.
Según César Pérez Vivas, abogado y exgobernador del estado Táchira, las normas promovidas por el régimen de Maduro apuntan a la constitución de un sistema totalitario.
“Hitler en su momento convirtió en delito escuchar una emisora francesa. Hoy en día en Venezuela, se le imputa a un ciudadano cuestionar a Maduro y criticar al régimen, porque inmediatamente se le cataloga de traidor a la patria. Se le cataloga de colaborador o asociado con el imperio”, afirmó Pérez Vivas, al ser entrevistado por Diálogo.
La Ley Simón Bolívar posibilitará la confiscación por vía de hecho de todos los bienes de las personas señaladas de promover las sanciones. “Es más grave ser opositor en Venezuela que ser asesino o traficante de drogas”, finalizó Pérez Vivas.
