La Ley de Agentes Extranjeros de Nicaragua, aprobada en octubre de 2020, es usada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para desaparecer a los movimientos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que consideren sus enemigas, “desmantelando el Estado de derecho”, señaló el Observador de Derechos Humanos (HRW en inglés), a finales de 2021. Desde su aprobación, hasta el 14 de diciembre de 2021, la normativa despojó de legalidad a 57 entidades civiles. Desde la crisis socio-política de 2018 son más de 60 las instituciones cerradas, asegura el diario nicaragüense Confidencial.
La ley otorga al régimen Ortega-Murillo más poder para controlar a las personas, empresas y organizaciones que reciben financiación del extranjero, y dispone sanciones como la cancelación de la personería jurídica de organizaciones identificadas como agentes extranjeros.
El 14 de diciembre fue aprobado con carácter de urgencia un decreto de cancelación de nueve ONG, como la Universidad Hispanoamericana, que deja con su carrera inconclusa a miles de estudiantes, informó el diario nicaragüense La Prensa.
“La cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana afecta a 3980 estudiantes de carreras de ingenierías y licenciaturas, así como siete programas técnicos superiores, 10 postgrados y maestrías, cinco cursos y diplomados distribuidos en los recintos de Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas”, explica en Facebook Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua.
Entre las organizaciones clausuradas se encuentran la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (CANTUR), Fundación de Turismo (FUTURISMO), Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (COSUP), y la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (ACODEP). Según estos grupos, esta persecución y acoso provocan asesinatos, huidas masivas y miseria.
“[Buscan] desaparecer el trabajo de la sociedad civil organizada. Se han violentado los derechos de decenas de personas y perjudicado a miles de beneficiarios de proyectos por todo el país”, afirmó a Confidencial el 29 de diciembre de 2021, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, exiliado en Costa Rica. El régimen “ya sabe que perdió todo control social y solo sabe ejercer el poder a través de los fusiles”.
HRW ha exhortado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. “Una presión internacional contundente y sostenida es fundamental para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos, lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, permitir que los nicaragüenses puedan regresar del exilio, poner fin a la censura, y restablecer la independencia judicial y los derechos políticos en Nicaragua”, apuntó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HWR.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que perdió su personería jurídica en 2018, cuenta con un repositorio que expone su historia a través de cuatro diferentes gobiernos desde 1990 a 2021.
“Ortega no solo ha agredido a las personas que dirigían estas organizaciones, ha agredido a la población entera que se beneficiaba con estos proyectos. Con el cierre de las organizaciones de derechos humanos como el CENIDH, lo que hizo fue limitar a la gente para recurrir y recibir protección ante la falta de instituciones gubernamentales que defiendan los derechos humanos”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH a la revista Nicaragua Investiga.
En resumen, la represión oficial desde abril del 2018 deja hasta ahora al menos 355 muertes, más de 130 000 exiliados, el cierre de 67 ONG y la detención de unos 157 presos políticos, incluidos más de 40 que fueron apresados el 28 de mayo del 2021; entre ellos siete candidatos a la presidencia, asegura el diario Despacho 505.