Grupos paramilitares desestabilizan a Nicaragua y Centroamérica

La mayoría de las armas utilizadas por los grupos encubiertos son de fabricación rusa y venezolana, y formaban parte del arsenal del Ejército y la Policía de Nicaragua.
Gustavo Arias Retana/Diálogo | 21 diciembre 2018

Amenazas Transnacionales

Turbas sandinistas utilizan armas que formaban parte del arsenal del Ejército y la Policía de Nicaragua y rodean la Basílica de San Sebastián, en Diriamba, Nicaragua. El 9 de julio de 2018 irrumpieron en la basílica y asaltaron a los obispos que habían llegado a Diriamba. (Foto: Marvin Recinos, AFP)

Desde abril de 2018 Nicaragua vive días tensos. Lo que empezó como un movimiento de protesta contra reformas al Seguro Social derivó en un conflicto que suma varios meses y 264 muertos, según un informe de julio de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La represión contra los manifestantes es constante e involucra no solo a los cuerpos policiales del Gobierno de Daniel Ortega, sino también a agrupaciones paramilitares, conocidas en el país centroamericano como turbas sandinistas.

Las armas utilizadas por las turbas son uno de los factores que preocupan más a las organizaciones no gubernamentales de Nicaragua y Centroamérica. Primero, porque se sospecha que el armamento fue facilitado por la Policía y el Ejército de Nicaragua, y segundo, por el riesgo de que terminen en manos de grupos delictivos de la región.

Protesta desde el exilio

Fátima Villalta es una nicaragüense integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, una de las agrupaciones que lidera las protestas contra Ortega. Exiliada en México, explicó a Diálogo que las turbas reprimen a las manifestaciones como si se tratara de grupos policiales oficiales de choque y cuentan con armamento que antes del estallido de los reclamos solo se encontraba en manos del Ejército y de la Policía.

“Nuestra teoría es que las armas se las entregan la Policía y las fuerzas militares. Aquí no hablamos de armas pequeñas que se pueden conseguir por otras vías; hay fotos de integrantes de las turbas con fusiles, armas automáticas y hasta lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa”, aseguró Villalta. “La situación de conflicto y de dominio total que tiene Ortega hace que exista un nulo control de los almacenes militares. Por ejemplo, hay muchos videos de paramilitares que entran y salen del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños para ser atendidos”.

Ana Yancy Espinoza, directora académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, con sede en Costa Rica, dijo que además hay información que indica que la Policía saqueó armerías y empresas de seguridad para apoderarse de armas que terminaron en manos de los paramilitares para ser utilizadas en los ataques contra los manifestantes. Según la Fundación Arias, los paramilitares han empleado armas que se mantenían en los arsenales del Ejército, como fusiles Dragunov SVD para francotiradores, ametralladoras PKM, balas de goma y granadas aturdidoras, todos rusos; escopetas de 12 mm de empresas privadas; armas decomisadas por la Policía Nacional de Nicaragua a las armerías particulares y fusiles Catatumbo de 50 mm de producción venezolana.

“La información que tenemos indica que las armas de personas, armerías y empresas de seguridad fueron tomadas por la Policía y entregadas a los paramilitares, las famosas turbas sandinistas. Hablamos de armas que ingresan de forma legal al país como revólveres, pistolas y escopetas calibre 12 mm”, dijo Espinoza. “También circulan armas de uso militar, algunas que quedaron del conflicto que vivió Nicaragua en los años 80, pero también modelos nuevos de adquisiciones realizadas a Venezuela y Rusia, donde prevalecen las Kalashnikov AK47 y las AK103”.

Paramilitares patrullan el barrio de Monimbo en Masaya, Nicaragua, el 18 de julio de 2018, utilizando fusiles Dragunov SVD, ametralladoras PKM y escopetas de 12 mm de fabricación rusa y venezolana. (Foto: Marvin Recinos. AFP)

Riesgo para toda la región centroamericana

El destino final de todas las armas empleadas por los paramilitares en los últimos meses es desconocido, y esa es una de las situaciones más preocupantes para Centroamérica. Espinoza explica que, en caso de disturbios, los grupos delictivos regionales se aprovechan del descontrol para acceder con más facilidad al armamento. Por ejemplo, la Fundación Arias tiene reportes de fusiles Kalashnikov utilizados en el conflicto nicaragüense, que luego fueron decomisados a integrantes de la Mara Salvatrucha en El Salvador.

Según Espinoza y Villalta, varios factores facilitan que las armas empleadas en Nicaragua terminen en otros países centroamericanos. La crisis ha incrementado los flujos migratorios irregulares hacia otros países de la región, por lo que existe la posibilidad de que la migración también mueva armas.

Además, existen grupos delictivos ligados al narcotráfico y a la violencia con interés en acceder a las armas. Para Espinoza es claro que las pandillas que operan en El Salvador, Honduras y Guatemala están interesadas en obtener armas como las que tienen los paramilitares en Nicaragua, en especial las de corte militar.

Otro factor de riesgo es que los conflictos actuales pueden facilitar el desvío de armas que ingresan por las vías legales. Las condiciones políticas imperantes dificultan comprobar el destino final de las compras de armamento realizadas desde Nicaragua.

¿Qué hacer?

Las posibilidades para hacerle frente a la situación parecen pocas. La Fundación Arias hizo un llamado, en mayo de 2018, para que los países de la región se amparen en el Tratado de Comercio de Armas (TCA) de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU y bloqueen el ingreso por tierra de nuevas armas a Nicaragua, así como para que los distribuidores de armas no le vendan más armamento al país centroamericano. La realidad es que Nicaragua no ha firmado ni ratificado el TCA y tampoco lo han hecho otros países cercanos al régimen de Ortega como Venezuela, Rusia y Cuba.

“Es un reto monumental. El TCA tiene como herramientas los artículos 6, 7 y 11, que previenen las transferencias de armas a países que violen los derechos humanos o que generen inestabilidad. Sin embargo, para implementar esas medidas se requiere mucha voluntad política y de momento esa voluntad no es palpable”, concluyó Espinoza.

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