El Senado paraguayo otorga mayor autoridad al nuevo presidente para desplegar tropas

Por Dialogo
septiembre 13, 2013



Horacio Cartes, recientemente investido como presidente de Paraguay, tomó posesión el 15 de agosto con la promesa de debilitar al grupo rebelde de izquierda conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP.
A una semana del inicio de su mandato, Cartes empezó a cumplir esa promesa. El 22 de agosto, el Senado de Paraguay modificó la Ley de Defensa Nacional 1337, otorgando al presidente amplios poderes para desplegar tropas como parte de la seguridad pública en caso de “amenazas o actos de violencia contra las autoridades legalmente constituidas”.
La ley, en efecto, otorga a Cartes la libertad “para tratar con cualquier forma de agresión interna o externa que ponga en peligro la soberanía, independencia e integridad territorial del país”.
Eso incluye el uso de fuerzas armadas como parte de la policía sin la necesidad de manifestar un estatuto de emergencia. Anteriormente, la aprobación congresista habría sido requerida para realizar un despliegue como ese.
El Senado aprobó la enmienda con 29 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. El Partido Colorado que actualmente gobierna —el cual ha dominado en gran medida a los políticos paraguayos por décadas— apoyó la modificación, así como lo hizo el principal partido de oposición Partido Liberal Radical Auténtico y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos.

Al pasar la enmienda, los seguidores del EPP atacaron Tacuatí

La reforma de la Ley 1337 llegó cuatro días después de que los militantes del EPP asesinaron a cinco personas, incluyendo un oficial de policía, e incendiaron varios vehículos en una granja en Tacuatí, en el departamento de San Pedro, cerca de 400 kilómetros al norte de Asunción. El Ministro del Interior, Fernando de Vargas, dijo que el incremento en los ataques en los días previos a la toma de posesión de Cartes fue en respuesta a la advertencia que dio al EPP en su discurso de toma de posesión.
“Este es un reto para el gobierno de Cartes, pero no debemos cometer el error de únicamente reaccionar”, de Vargas dijo el 9 de agosto en una entrevista con el noticiero de radio de la estación 780 AM de Paraguay. Comentó que el EPP “buscaba crear el caos y la anarquía contra la férrea voluntad del gobierno por terminar con el crimen organizado y el terrorismo”.
De Vargas expresó la decisión de usar las fuerzas armadas para enfrentar al EPP como una necesidad en función de la limitada capacidad de la policía nacional de Paraguay.
“Es claro que la policía no puede hacerlo sola”, comentó el 23 de agosto en una conferencia de prensa en la Sede de la Policía Nacional en Asunción. “Tenemos algunas regiones con una presencia policial muy pequeña y los costos de tener a la policía en estas áreas son muy altos”.

SENAD: Los guerrilleros protegen a traficantes de drogas de Perú y Bolivia

De Vargas dijo que el gobierno cree que el uso de las fuerzas armadas podría proporcionar “una solución definitiva para eliminar todos los tipos de crimen en el país”. La enmienda podría indicar un cambio en la misión de las fuerzas armadas de Paraguay —que no han estado involucradas en un conflicto internacional desde 1870— hacia un papel más activo en la seguridad interna.
El gobierno de Cartes no pierde el tiempo en utilizar sus poderes delegados recientemente. El 24 de agosto, se enviaron soldados a Amambay, Concepción y San Pedro, los tres departamentos en los que la actividad del EPP ha sido más alta. Miguel Christ, jefe de las fuerzas armadas, afirmó que 400 soldados han sido inicialmente desplegados en esos tres departamentos, incluyendo 60 miembros de las fuerzas especiales del ejército.
El gobierno paraguayo estima que el EPP —un grupo inspirado por las ideas marxistas-leninistas— cuenta sólo con 50 a 60 combatientes de tiempo completo.
Frente a un gobierno que está, al menos públicamente, más enfocado en su eliminación que sus predecesores, el EPP parece estarse adaptando. A finales de agosto, los investigadores de la Secretaría Nacional Antidrogas, o SENAD, revelaron que los guerrilleros del EPP están proporcionando protección a traficantes de drogas que movilizan cocaína de Perú y Bolivia a cambio de armas.
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