La actual crisis financiera de la organización terrorista libanesa Hezbolá está empujando al grupo a intensificar sus actividades ilícitas en Latinoamérica. Esta región desde hace tiempo es estratégica para sus operaciones, particularmente en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un refugio clave para los comandantes del grupo proxy de Irán huidos del Líbano. Según el diario saudí Al Hadath, unos 400 miembros de Hezbolá han escapado recientemente a Latinoamérica, con una notable concentración en Venezuela.
“Hezbolá es uno de los socios en los tráficos de Maduro y su camarilla. Los terroristas libaneses actúan como intermediarios criminales y, como tales, son recompensados por el régimen con beneficios como la ciudadanía y la inmunidad, elementos que facilitan sus operaciones”, explica a Diálogo Emanuele Ottolenghi, investigador principal en Centro de Investigación del Financiamiento del Terrorism (CENTEF), y asesor senior en 240 Analytics, una plataforma de análisis de riesgos centrada en la identificación de terroristas y redes de financiación del terrorismo.
Tras sufrir ataques dirigidos contra sus bancos en el Líbano y ver reducida la financiación de regímenes como el sirio, los terroristas del Partido de Dios han encontrado en la Venezuela de Maduro, además de protección, un centro financiero en criptomonedas que les garantiza la posibilidad de mover con facilidad los ingresos de sus actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Un informe de la ONG Transparencia Venezuela publicado en octubre indica que, tras el colapso de la criptomoneda Petro en 2024, el régimen de Maduro abrió una nueva fase de uso de criptomonedas con fines de lavado y control cambiario.
“El sistema cripto venezolano ha pasado de ser un experimento fallido de soberanía digital a ser hoy un mecanismo institucionalizado con altísimos riesgos de lavado de dinero y corrupción financiera”, alerta el informe.
El clan Rada
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos y las autoridades antiterroristas israelíes, Hezbolá recurre cada vez más a stablecoin como Tether (USDT) para evadir sanciones y transferir fondos a través de las fronteras, especialmente en coordinación con intermediarios financieros sirios e iraníes. Una stablecoin es una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable en el tiempo, normalmente vinculada a una moneda tradicional o a un activo real como el oro.
En Venezuela opera el clan Rada, un grupo de personas pertenecientes a la misma familia que se dedican tanto al narcotráfico como al blanqueo de capitales con criptomonedas en colaboración con el régimen de Maduro.
“El clan Rada representa la intersección entre el blanqueo, el terrorismo y la financiación del terrorismo”, afirma Ottolenghi. Según el experto, otros clanes familiares vinculados a Hezbolá, como los Barakat, se mueven con fluidez en la región gracias también al apoyo del régimen venezolano.
En el clan Rada destaca Samer Akil Rada, que dirige BCI Technologies C.A., una empresa de consultoría en criptomonedas con sede en Valencia, la tercera ciudad más poblada de Venezuela. Esa empresa fue sancionada junto con él en 2023 por la OFAC por estar controlada precisamente por Rada, considerado un operativo de Hezbolá también a través del narcotráfico. “Samer estuvo implicado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor aproximado de USD 15 millones, ocultos en envíos de fruta y finalmente incautados en El Salvador”, se lee en la designación del Tesoro de los EE. UU.
Pasaportes venezolanos para Hezbolá
El hermano de Samir, Amer Mohamed Akil Rada, que también tiene la ciudadanía venezolana y es presunto alto cargo de Hezbolá, fue sancionado en 2023 por gestionar una empresa de exportación de carbón con sede en Colombia, cuyos beneficios, a través del contrabando y el blanqueo, se destinaban a los terroristas del Partido de Dios. El hombre también está acusado de ser uno de los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, en el que murieron 85 personas.
Otro de los responsables del atentado contra la AMIA, Hussein Ahmad Karaki, líder de Hezbolá en la región, según las autoridades argentinas, también ha sido protegido desde 2004 por el régimen de Caracas con una identidad falsa venezolana.
El caso de Karaki no es aislado. Según la oposición venezolana, entre 2011 y 2019, el régimen venezolano expidió más de 10 000 pasaportes a ciudadanos de Oriente Medio, entre ellos muchos miembros de Hezbolá.
“No es solo un problema de corrupción del régimen, sino de connivencia”, afirma Ottolenghi. Según el experto, existen numerosos casos de iraníes y libaneses que, aunque no residen en Venezuela, disponen de un documento de identidad venezolano para moverse libremente por Latinoamérica.
Comercio ilícito de oro
Según un documento confidencial publicado a finales de 2022 por la compañía de seguros Lloyds Marine, la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC) y Hezbolá han estado transfiriendo ilegalmente oro de Venezuela a Irán, eludiendo las sanciones internacionales, para financiar las actividades terroristas de la organización libanesa.
Entre las zonas que más interesan a Hezbolá se encuentra el Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar. Se trata de una enorme zona abundante en recursos naturales, sobre todo oro, que se ha convertido en escenario de actividades mineras ilegales en las que el régimen de Maduro y las organizaciones terroristas el Cártel de Los Soles y el Tren de Aragua colaboran entre sí y con el grupo libanés.
“Hay comerciantes de oro libaneses en las zonas calientes del tráfico ilegal, mientras que las redes de Hezbolá actúan como intermediarios para facilitar el blanqueo y la logística del transporte y la distribución del preciado material”, afirma Ottolenghi. Según el experto, además, Maduro lleva años utilizando el oro venezolano para realizar transacciones directamente con Irán.
Un importante informe de inteligencia de agencias del Medio Oriente, revelado por el semanario colombiano Semana, ha puesto de manifiesto los peligrosos vínculos entre el Cártel de los Soles, liderado por Maduro y vinculado a altos mandos militares del régimen venezolano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Hezbolá, también en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Según el informe, la alianza entre estas organizaciones tiene como objetivo, además de la extracción ilegal de oro, el tráfico de drogas y operaciones militares conjuntas. Mientras que el Cártel de los Soles garantiza protección política y militar, Hezbolá proporciona competencias logísticas y redes internacionales.
“Se han documentado envíos de cocaína hacia Apure, redirigidos por redes vinculadas a Hezbolá hacia mercados externos”, precisa el documento. La droga es enviada, al parecer, por canales marítimos oficiales de Venezuela.
La presencia de Hezbolá, facilitada por la estructura estatal criminal del régimen de Maduro, convierte a Venezuela en algo más que una simple fuente de ingresos: sirve como un centro logístico y financiero seguro para proyectar operaciones ilícitas a nivel mundial. La convergencia del tráfico de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión de sanciones (a través de monedas estables) y el suministro de identidades falsas no solo causa graves daños ambientales e inestabilidad en la cuenca del Orinoco, sino que también proporciona a Hezbolá y a sus patrocinadores iraníes los fondos y la libertad operativa para mantener sus acciones militares en Oriente Medio. La colaboración entre estos actores supone, en última instancia, una amenaza directa para la seguridad que se extiende mucho más allá de las fronteras de Latinoamérica.
