El 31 de agosto de 2020, unos 1100 agentes de la Policía Federal (PF) lanzaron la segunda fase de la Operación Caja Fuerte (Caixa Forte), la acción contra organizaciones criminales más importante que se haya implementado en el país. La operación, que se lleva a cabo en 72 ciudades, ejecutó 422 órdenes de prisión preventiva y más de 201 órdenes de allanamiento e incautación, en 19 estados del Distrito Federal.
La organización delictiva en la mira fue el Primer Comando de la Capital, conocido por las siglas PCC, la principal facción narcotraficante de Brasil. El propósito de la operación fue atacar su base financiera. “Ya no nos enfocamos en realizar operaciones para arrestar a miembros de baja jerarquía o incautar drogas. Ahora el objetivo es debilitar a estas organizaciones criminales”, dijo el Comisario Elvis Secco, coordinador general de control de drogas, armas y facciones criminales, de la PF.
En uno de los domicilios en donde se cumplieron órdenes de allanamiento e incautación, la policía encontró aproximadamente USD 1,1 millones, además de cuatro armas de fuego. El dinero estaba en una casa en Santos, ciudad de la costa de São Paulo, que alberga el puerto más grande de Sudamérica. Santos es una de las principales bases de operaciones del PCC, a través de la cual la organización hace llegar la droga vendida a destinos internacionales.
Lavado de dinero
El juez que dictaminó el 31 de agosto la ejecución de las órdenes, también embargó USD 50 millones de cuentas bancarias vinculadas al PCC. Las investigaciones que condujeron a la Operación Caja Fuerte comenzaron en 2018, y revelaron la existencia de una estructura dentro de la facción que se encargaba no solo de gestionar el narcotráfico, sino también de lavar el dinero ilegal.
De este modo, las cuentas bancarias de personas que aparentemente no estaban vinculadas a la facción se empleaban para trasferir grandes cantidades, que se depositaban en forma fraccionada para no llamar la atención de los organismos fiscales.
Entre estas cuentas también hallaron las que se utilizaban para depositar dinero a miembros del PCC que se encuentran en prisión. El dinero servía como compensación por los delitos cometidos, como una forma de reconocimiento de la misma facción. La investigación policial identificó a 210 miembros de alta jerarquía del PCC encarcelados, que percibían dinero todos los meses por los delitos que habían realizado para la organización criminal.
Los investigados, arrestados durante la segunda fase de la Operación Caja Fuerte, deberán responder por los delitos de participación en asociación delictuosa, asociación para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Las sentencias combinadas podrían llegar a los 28 años en prisión.