Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Laura Louza, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, denunció el 25 de septiembre que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron.
Louza asegura que, en esas sentencias, “hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas. Juicios que adolecen del debido proceso” y agrega que existen fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida.
La ONG denuncia que todos los diputados han sido víctima de alguna persecución, pero destaca, como más grave, las sentencias sin base jurídica.
También denunció lo que considera el exterminio de los partidos políticos a través de sentencias. Dice Louza que de 67 partidos políticos que había para 2015, solo quedan 18, 12 pro gobierno y seis de la oposición.
En representación del gobierno del presidente interino, Juan Guaidó, se presentó el embajador Gustavo Tarre, quien respaldó las denuncias de la ONG y pidió que la CIDH acelere los procesos contra los violadores de derechos humanos en Venezuela para que puedan ser llevados ante la Corte Penal Internacional.
“La violación de los derechos humanos no alteran el deber del estado venezolano de prevenir, reparar integralmente las violaciones”, dijo Tarre, quien agregó que se persistirá exigiendo, incluso ante el régimen y cualquier funcionario público, su “respeto y garantía”.
Agregó que una vez cese la usurpación, se dará estricto cumplimiento de las obligaciones, respecto a la legislación venezolana y los tratados internacionales, así como el regreso al sistema interamericano de derechos humanos y apoyo al fortalecimiento de la CIDH.
Flavia Piovesan, comisionada de la CIDH, resaltó en la audiencia que existe un cuadro de “extrema gravedad” y enfatizó en que la “fuerza motriz en la organización es la sociedad civil organizada”.
Reiteró que la comisión está comprometida con la situación de Venezuela: “Nuestro mandato con todos los mecanismos, herramientas que tenemos, otorgando medidas cautelares, haciendo informes, pronunciamientos con condenas categorizadas”, entre otros.
A la audiencia, además de Luoza, acudieron dos representantes más de la sociedad civil, quienes hicieron un llamado a fortalecer la protección, reiterar la solicitud de medidas cautelares y trabajar conjuntamente con instituciones como de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.