Ocho personas acusadas por tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos financieros

Ocho personas acusadas por tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos financieros

Por Oficina del Fiscal de los EE. UU./Distrito Este de Texas/editado por Diálogo
abril 28, 2021

El fiscal federal interino Nicholas J. Ganjei, anunció el 26 de febrero que un gran jurado federal del Distrito Este de Texas (EDTX en inglés), presentó una imputación en donde se acusa a ocho personas de perpetrar varios delitos federales, relacionados con una compleja red conspirativa internacional de tráfico de drogas.

En el documento se nombra a Debbie Mercer, de 58 años de edad y a Kayleigh Moffett, de 33, ambas de Oklahoma City; a Federico Machado, de 53 años y oriundo de Florida; a Carlos Villaurrutia, de 40 años, proveniente de McAllen, Texas, y a otras cuatro personas, a quienes se acusa de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, perpetrar fraudes electrónicos y cometer violaciones de exportaciones y de registros federales que involucran aeronaves. La imputación detalla la suma aproximada de USD 350 millones derivados de la presunta actividad delictiva desde 2016. A fines de febrero, un gran jurado federal envió la imputación sustitutiva de siete cargos. Los acusados tenían antecedentes penales y habían sido procesados por un juzgado federal a principios de marzo.

“No se puede exagerar la amenaza que representa el crimen transnacional”, afirmó el fiscal federal interino de los EE. UU. Nicholas J. Ganjei. “El uso de aeronaves con bandera estadounidense por parte de estas organizaciones criminales y sus redes de socios, representan un peligro claro e inminente para la seguridad de nuestra nación. El público estadounidense puede estar tranquilo porque la EDTX será implacable en su lucha contra la a veces invisible pero siempre peligrosa amenaza del crimen organizado transnacional”.

 

El uso de aeronaves con bandera estadounidense por parte de estas organizaciones criminales y sus redes de socios, representan un peligro claro e inminente para la seguridad de nuestra nación. El público estadounidense puede estar tranquilo porque la EDTX será implacable en su lucha contra la a veces invisible pero siempre peligrosa amenaza del crimen organizado transnacional”, fiscal federal interino de los EE. UU. Nicholas J. Ganjei.

 

“Las imputaciones que resultaron de esta sumamente compleja investigación ponen de manifiesto [el desempeño de] las autoridades de HSI [Investigaciones de Seguridad Nacional], de carácter único y de gran alcance, que sirven como ejemplo de lo que la comunidad global del orden público puede lograr cuando se trabaja en conjunto”, expresó Ryan L. Spradlin, agente especial a cargo de HSI-Dallas. “Pudimos dar un duro golpe a las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo, al exponer un esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas perpetuado por sofisticados cárteles de la droga”.

“Tal como este caso pone de manifiesto, investigaremos agresivamente la exportación ilegal de aeronaves en contra de los intereses de la seguridad de los EE. UU.”, indicó Trey McClish, agente especial a cargo de la Oficina de Control de Exportaciones (OEE en inglés) en Dallas, perteneciente a la Agencia de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU.  “Junto con nuestros socios federales y estatales, la OEE aprovechará sus poderes exclusivos de ejecución penal y administrativa, para detectar y detener esquemas delictivos graves que violen las leyes de control de exportaciones de los EE. UU.”

“La imputación, en este caso, demuestra que se dejará caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que elijan eludir las regulaciones federales relacionadas con el registro y la propiedad de aeronaves”, indicó Todd Damiani, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (DOT-OIG en inglés) de los EE.UU., Región Sur. “La naturaleza colaborativa de esta investigación representa el trabajo de investigación en curso que realiza la DOT-OIG, para garantizar la seguridad de la aviación y mantener los intereses de seguridad nacional, para evitar que ocurran los eventos nefastos que se les imputan a estos acusados”.

Según documentos judiciales no confidenciales, los acusados habrían comprado y registrado las aeronaves de forma ilegal, a nombre de empresas extranjeras y de otras personas, para exportarlas a otros países. La imputación indica específicamente que Mercer y Moffett, a través de su empresa Aircraft Guarantee Corporation (AGC), registraron miles de aviones en Onalaska, Texas, una ciudad del este de Texas que carece de aeropuerto.

Según la acusación, organizaciones criminales transnacionales utilizaron en Belice, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras,  México y Venezuela, varias de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente, para enviar grandes cargamentos de cocaína con destino a los EE. UU. de manera clandestina. La imputación también argumenta que los ingresos ilícitos de las ventas de drogas se transportaron en efectivo desde los EE. UU. a México, y se utilizaron para comprar más aeronaves y cocaína. Según la imputación, las compras de las aeronaves por lo general se realizaban con transferencias desde casas de cambio y/o bancos en México hacia empresas fantasmas que operaban en los EE. UU. como vendedores e intermediarios de venta de aeronaves.

Además, el documento señala que gobiernos extranjeros incautaron aeronaves registradas en los EE. UU., las cuales contenían varias toneladas de cocaína. Según la imputación, AGC mantenía las aeronaves en fideicomiso para beneficiar a corporaciones o individuos extranjeros. La imputación identifica a Federico Machado, dueño de la empresa South Aviation, y a Carlos Villaurrutia, quien utilizó sus empresas TEXTON, TWA International y Ford Electric, como vendedores e intermediarios de aeronaves que operaban en los EE. UU.

En el escrito se acusa por separado a Mercer, Moffett y Machado, de perpetrar esquemas de fraude relacionados con la compra de aeronaves. Más aún, indica que Machado buscaba financiadores para invertir en depósitos de compras de aeronaves para transacciones de venta que nunca ocurrieron. Los inversionistas habrían puesto su dinero en una cuenta de garantía de la Wright Brothers Title Company, administrada por sus propietarios Mercer y Moffett. Machado habría utilizado estos fondos para otros fines.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán un mínimo de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua en una penitenciaría federal, por el delito de conspiración para el narcotráfico y hasta 20 años por lavado de dinero, violación de exportaciones y fraude electrónico.

Es un caso de la Fuerza de Tarea contra las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF en inglés), que están investigando la HSI (oficinas de Dallas, Brownsville y Laredo); el Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (oficinas de Dallas y Houston); la DOT-OIG; el Precinto Policial del Condado Polk N.º 1; el Grupo de Investigaciones de Exportaciones del Sudeste de Texas; el Servicio de Recaudación de Impuestos y la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés). Los fiscales federales auxiliares Ernest Gonzalez, Colleen Bloss y Robert Wise, procesan este caso. La OCDETF es la principal fuerza de tarea contra el crimen del país, cuya misión es detener y desmantelar a las más importantes organizaciones criminales transnacionales y de tráfico de drogas, que amenazan a los EE. UU. Las fuerzas de tarea lideradas por fiscales, que manejan inteligencia e involucran la participación de varias agencias, aprovechan las autoridades y conocimientos de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales.

Es importante señalar que una denuncia, arresto o imputación no debe considerarse evidencia de culpabilidad, y que todas las personas acusadas de un delito se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable.

Share