“No hay voluntad política”: Maduro ignoró las recomendaciones del reporte Derechos Humanos 2019 de Bachelet

“No hay voluntad política”: Maduro ignoró las recomendaciones del reporte Derechos Humanos 2019 de Bachelet

Por Gustavo Ocando Alex / Voz de América (VOA), editado por Diálogo
agosto 20, 2020

El régimen de Nicolás Maduro ha atendido parcialmente solo dos de las 23 recomendaciones que le hizo hace un año la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet, para revertir y prevenir las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Esa es la conclusión de organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, como el Programa de Educación-Acción de Venezuela en Derechos Humanos (PROVEA), al hacer balance del crítico informe que presentó Bachelet en julio de 2019, y que ha tenido ya cuando menos cuatro actualizaciones.

El 4 de julio de 2019, tras seis meses de denuncias contra Nicolás Maduro por su presunta usurpación del poder, Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte con profundas críticas al Estado venezolano, por las “graves violaciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”, documentadas por su oficina.

La alta comisionada denunció una estrategia oficial “destinada a neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores políticos y a quienes critican al gobierno”. También, concluyó que la profunda crisis económica ha privado a la población venezolana de los medios para satisfacer su alimentación y cuidados médicos.

Observó además la militarización de las instituciones del Estado, y que el espacio para los medios de comunicación independientes se había reducido; entre otras vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela.

Tras entrevistar a 558 víctimas y testigos de estas violaciones, el documento incluyó 23 recomendaciones al régimen de Maduro para garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud.

Otras peticiones incluían poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. La peticion también propuso detener y condenar la persecución y represión selectiva por motivos políticos, y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional.

Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de PROVEA en Europa, dijo a la Voz de América que su organización, una de las más antiguas en Venezuela, nota que Maduro ha desoído en el último año 21 de las propuestas que le hizo Bachelet, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

“Se han cumplido parcialmente dos: la primera es la presencia de la oficina en el territorio, a través de dos oficiales [de Bachelet]; y la segunda, el aumento de la cobertura de vacunación”, que se ha conocido solo a través de la información aportada por UNICEF, no por el mismo régimen, dijo Ávila.

La presencia de la Oficina de la Alta Comisionada es un “paso importante” para los derechos humanos en Venezuela, opina el delegado de PROVEA, pero aún no se ha permitido el acceso de los oficiales de Bachelet a las instituciones de inteligencia militar, donde están detenidos la mayoría de los opositores privados de su libertad, añadió.

Propaganda antes que respeto

La alta comisionada para los Derechos Humanos ha actualizado su informe en cuatro oportunidades: en septiembre y diciembre de 2019; en marzo pasado, antes de la declaratoria de la pandemia, y la semana pasada, cuando precisó que su oficina ha seguido documentando restricciones al espacio cívico y democrático en el país.

Bachelet comentó en su última intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nuevo poder electoral y los principales partidos de oposición, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

A su entender, “las personas en Venezuela sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos como electricidad, agua y la escasez de combustible, así como  el precario acceso a los servicios de salud”.

Liliana Ortega, abogada y fundadora del Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC), una de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de mayor experiencia en Venezuela, destaca que las actualizaciones del informe de la alta comisionada evidencian “la poca cooperación” del régimen madurista.

“Dan cuenta de la falta de cumplimiento y de cooperación en sus aspectos más fundamentales por parte del Estado, y del incremento de la gravedad de la situación que ella señaló en julio 2019, en su visita al país”, dijo a Voice Of America.

El Estado venezolano debe acatar cada una de las recomendaciones de la representante de la ONU, insiste Ortega.

Desde Bélgica, el consejero de PROVEA comenta que sobre 21 de los consejos de Bachelet no hay progreso alguno, es imposible evaluarlos o existen retrocesos.

Entre las indicaciones desatendidas, PROVEA urge la garantía de acceso a la ayuda humanitaria bajo las normas de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.

También prioriza la asistencia en la salud y el acceso de la población al agua, en el contexto de la pandemia. La disolución de las FAES, que Ávila llama “escuadrón de la muerte”, y la liberación de todos los presos políticos son otros imperativos, añade.

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