El régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua exhibió a los presos de conciencia en “audiencias informativas”, en el Complejo Judicial de Managua, entre el 30 de agosto y 1.º de septiembre. Estas diligencias fueron transmitidas por los medios oficiales, tildando a los presos de “terroristas, golpistas y traidores a la patria”, y señalando que la mayoría respaldó de una u otra forma las multitudinarias protestas sociales de 2018. Con estas apariciones, los familiares de los reos confirmaron el deteriorado estado físico en que se encuentran sus seres queridos.
“A través de los familiares (…) hemos tenido información de las diferentes torturas a las que son sometidas: privación de la luz solar, privación de alimentos, privación de la comunicación con sus familiares, a la mayoría de los que tienen niños no se les permite ningún tipo de comunicación”, dijo a Diálogo Juan Carlos Arce, abogado defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el 18 de septiembre de 2022. “En las cárceles de Ortega se comete tortura, en las cárceles de Ortega las personas son sometidas a condiciones inhumanas, en las cárceles de Ortega mueren las personas”.
La Policía Nacional de Nicaragua expuso el 31 de agosto a Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Téllez, líderes de la Unión Democrática Nicaragüense; a Álvaro Vargas, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); a Luis Rivas Anduray, expresidente del Banco de la Producción de Nicaragua; a Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial; a la activista Tamara Dávila; al opositor Irving Larios; al abogado Róger Reyes; y a Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico La Prensa.
“No lo reconocí, se ve completamente deteriorado, nunca me imaginé que mi papá se iba a ver así de flaco, débil y convaleciente”, explicó Renata Holmann, por YouTube al portal Confidencial de Nicaragua. “Meses antes había recibido una intervención en el corazón (…), le repararon la válvula mitral y este problema no ha tenido seguimiento. Además, le descubrieron un problema severo en la aorta que el doctor dijo que tenía que ser monitoreado constantemente”.
El 30 de agosto, el régimen nicaragüense exhibió a los precandidatos presidenciales Miguel Mora Barberena, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena; a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro: Walter Gómez Marcos Fletes y Pedro Vásquez; al presidente del COSEP Michael Healy; y al experto en temas electorales José Antonio Peraza.
“[Los presos] presentan síntomas de una forma de tortura conocida en el campo forense como tortura blanca. Esta modalidad de tortura está dirigida a la supresión sensorial”, explicó a Diálogo Yader Morazán, abogado especialista en Administración de Justicia de Nicaragua. “Lo que observas y describís como miradas perdidas, con las pupilas dilatadas, es una consecuencia de salir de pronto de una celda que es de un mismo color (…) por eso hacen esfuerzos para ver el entorno”.
“Las audiencias informativas son una invención del régimen, no existen en la legislación penal ni en la legislación procesal”, agregó Arce. “Lo que existe es una exhibición del régimen de los presos políticos, dirigidos a generar e infundir más temor en el marco de una política de terrorismo de Estado”.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un esfuerzo colectivo de defensores de derechos humanos para tener una lista actualizada y verificada de presos de conciencia desde abril de 2018, registró 195 presos políticos hasta el 31 de agosto de 2022. Esta organización reconoce la existencia de un subregistro de la cifra total “debido a falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenaza, y el Estado policial que se vive en Nicaragua”.
“Esto no es una persecución coyuntural de cara a la farsa electoral que se avecina. El régimen perfectamente sabe que no hay nada que impida su objetivo de apoderarse de todos los gobiernos municipales. Estamos ante una evidente decisión de aniquilarlos política y físicamente”, subrayó la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. “Pedimos a todas las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, de derechos humanos y las que monitorean la crisis desde el exterior, a valorar y priorizar esta situación en su agenda de acompañamiento (…) e impulsar acciones en concordancia con la gravedad y urgencia que el caso amerita”.