El régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo implanta un Estado de terror en Nicaragua, donde la impunidad es una política oficial, denunciaron en un nuevo reporte la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, basada en Costa Rica, y el observatorio ciudadanoUrnas Abiertas de Nicaragua. Las investigaciones subrayan que el Estado de derecho está destruido, dejando indefensos a los ciudadanos y reduciendo la institucionalidad a instancias obedientes, sin autonomía.
“Los cuerpos armados defienden una revolución que no existe en una democracia que no existe. En nombre de esas cosas que no existen y en nombre de la paz,impusieron el terror desde 2018”, dijo a Diálogo el 15 de julio Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo Nunca Más. “Lo hacen con una maquinaria que incluye a la Asamblea Nacional, que produce leyes completamente arbitrarias para tratar de legalizar la persecución”.
“De esa maquinaria para producir terror hayun desplazamiento monumental, un verdadero éxodo que daña a miles y miles de familias. En otros casos capturando; y cuando capturan allanan casas simultáneamente a cualquier hora, y eso infunde terror”, añadió Carrión.
Urnas Abiertas enumera por su parte nuevas formas de violencia y terror: represión migratoria; negación de documentos;extorsión fiscal; represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas; represalias contra beneficios sociales y servicios públicos; persecución al sector cultural y a la iglesia católica;eliminación de la autonomía universitaria;control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos; y migración forzada.
Los agentes policiales son los principales operadores de la represión conhostigamientos, detenciones arbitrarias, allanamientos, confiscaciones y otro tipo de agresiones, advierte Urnas Abiertas. “Sin embargo, se identificaron otros operadores no armados, en su mayoría institucionales,como el sistema penitenciario y el sistema de justicia, la Asamblea Nacional, la Dirección de Migración y Extranjería y las alcaldías, entre otros”.
“Hostigamiento y asedio son las principales formas de violencia política (…) dirigidos a familiares de presos políticos, a excarcelados y a ciudadanos reconocidos como opositores”, subrayó Ivania Álvarez, coordinadora de redes ciudadanas de Urnas Abiertas, al noticiero nicaragüense La Mesa Redonda. “También contra aquellos que han hecho algún tipo de activismo digital y a familiares que perdieron a sus hijos por la violencia del Estado en el 2018. Se mantiene este tipo de represión donde losperpetradores son la Policía y los paramilitares”.
Roberto Samcam, analista militar y autor del libro Ortega, El Calvario de Nicaragua, coincide en las prácticas de terrorismo del Ejército, Policía, paramilitares y del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional. Añade que el régimen incluso liberó a 25 000 reos comunes para ejercer el control social de la ciudadanía.
“Los parapoliciales actuaron como apoyo de la policía entre abril y junio de 2018; al haberse rebasado las posibilidades de contención de las protestas. La mayoría eran elementos antisociales reclutados en barrios de Managua y de otros municipios”, Samcam detalló el 12 de julio a Diálogo. “Los paramilitares fueron una fuerza de entre 3000 y 3500 hombres con experiencia militar. Los principales mandos eran exoficiales de alta graduación del Ejército y habían estado durante la guerra de los años 80. Tenían estructura militar y utilizaron tácticas militares, el armamento usado tenía características propias de una guerra convencional, sistema de mando y comunicaciones propios de una fuerza militar”.
Uno de los efectos más dañinos del Estado de terror implantado por el régimen Ortega-Murillo es la falta de confianza en el sistema de justicia, porque la ciudadanía no tiene a quien acudir para proteger sus derechos, explicó Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El uso de la criminalización de la disidencia política, o el uso del derecho para fines de persecución política, o estrechamiento del espacio cívico y la propia democracia del país, es una manera que la dictadura encontró paraperpetuarse y cerrarse a la comunidad internacional”.
Presos políticos
Otro aspecto del Estado de terror son los presos políticos. La organización nicaragüense de derechos humanos Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, confirmó que en Nicaragua hay 182 opositores detenidos. De ellos, 46 fueron arrestados en 2021 y siete fueron aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2021, publicó la cadena estatal francesa de noticias internacionales France 24.
“¿Cómo se sentirían ustedes después de más de 390 días obligados a permanecer en penumbras las 24 horas, donde no puedeshablar ni una sola palabra, donde recibes la luz del sol solamente cada 10 días por 15 minutos, donde eres obligado a interrogatorios?”, expresó a la prensa el 7 de julio Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga, excandidato a la presidencia,preso desde junio de 2021. “Ese estado de confinamiento, de aislamiento del mundo, (…) está generándoles la sensación de que los están apagando. Hay una intencionalidad (…) que está causándoles daños irreversibles. Aquí no hay tiempo que perder (…) es necesario parar la tortura”.