Nicaragua aprueba ley para bloquear a opositores en elecciones presidenciales

Nicaragua aprueba ley para bloquear a opositores en elecciones presidenciales

Por Gustavo Arias Retana/Diálogo
marzo 05, 2021

El Parlamento de Nicaragua aprobó, el 21 de diciembre de 2020, una ley que allana el camino para que Daniel Ortega se mantenga en el poder en las próximas elecciones de noviembre 2021.

La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, permitirá al régimen sandinista declarar a cualquier opositor como “traidor de la patria”, y con esa calificación impedirle que se postule a puestos de elección popular.

“La iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral”, dijo a la prensa el 21 de diciembre de 2020 Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. “El Gobierno de Nicaragua (…) le negará al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios en una imposición en lugar de una elección.”

 

“La iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral”, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

 

Gabriel Álvarez, abogado nicaragüense experto en derecho constitucional, explicó al portal Despacho 505 que la nueva ley es contraria a la constitución del país centroamericano y golpea directamente al proceso democrático venidero.

“Desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico es una ley deplorable y desde el punto de vista político también lo es, porque se están cerrando las opciones de salida pacífica, institucional que es lo que el pueblo de Nicaragua quiere”, dijo Álvarez.

El texto aprobado faculta a Ortega para aplicar sanciones a sus detractores de forma arbitraria, ya que no incluye ninguna garantía en el proceso de declarar a alguien “traidor de la patria”; entre esas sanciones no solo está la imposibilidad de competir por puestos de elección popular, sino también penas de cárcel.

“Si Nicaragua tuviera cabida para una ley como la que Daniel Ortega ordenó que aprobaran, al primero que tendría que aplicársele es a él. Por todas las violaciones que ha cometido y el daño que ha provocada, él debería ser el primer inhibido para optar a un cargo público”, publicó en su portal Juan Sebastián Chamorro, miembro de la ONG opositora Alianza Cívica, y uno de los críticos vigilados en forma permanente por la policía.

La ley fue aprobada con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, contra 14 que votaron en contra y 5 abstenciones. La nueva legislación se une a otras maniobras realizadas por el régimen para asegurarse que no existan elecciones libres y transparentes en el mes de noviembre.

“La estrategia de Ortega estriba en usar las leyes para limitar toda competencia, luego aumentará la represión, acompañada de prebendas clientelistas, y al final del proceso emplearse a fondo con todos los medios para lograr una victoria sin dificultad”, dijo a la agencia AFP Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, con sede en Washington.

Represión constante

En octubre de 2020, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el régimen de Daniel Ortega mantiene al menos a 113 presos políticos. “Todos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, siendo violentado así el principio de presunción de inocencia y todas sus libertades fundamentales”, agregó la OEA.

Ortega se encuentra en el poder desde el 2007. Durante su dictadura se han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos, incrementándose a partir de abril de 2018 cuando estallaron una serie de protestas contra el régimen.

La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, con base temporal en Costa Rica informa que, entre abril de 2018 a enero de 2019, el país registró 651 muertos y 4578 heridos víctimas de la represión del régimen orteguista. Reporta además a 1336 personas como desaparecidas a manos de grupos paramilitares.

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