Las empresas estatales de la República Popular China (RPC) están destruyendo el medioambiente en países de todo el mundo, un proyecto corrupto de infraestructura a la vez.
La RPC es el mayor emisor del mundo de gases de efecto invernadero y de contaminación por mercurio, así como el principal consumidor de vida silvestre y productos madereros ilegales. Las empresas estatales de la RPC están exportando el desprecio del Partido Comunista Chino por el medioambiente, a través de los proyectos de infraestructura a menudo corruptos, de la iniciativa del régimen La Franja y la Ruta (OBOR en inglés).
“En los últimos años, los proyectos respaldados por China en varios continentes han desplazado a poblaciones locales empeorado la calidad del agua, contaminado las tierras adyacentes y arruinado frágiles ecosistemas”, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe del 25 de septiembre, sobre los abusos ambientales de China. “Muchos proyectos chinos de infraestructuras planificados en todo el mundo producirían un daño similar”.
Un estudio de mayo de 2018 publicado en la revista Nature Sustainability, advirtió que los proyectos OBOR podrían llevar a la “degradación ambiental permanente”, y en noviembre de 2017, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre concluyó que los proyectos OBOR podrían afectar a casi 265 especies amenazadas, incluyendo antílopes, tigres y pandas gigantes.
La iniciativa OBOR de Beijíng promete nuevas infraestructuras a los países en desarrollo; pero los proyectos, a menudo empañados por la corrupción, carecen de una supervisión adecuada, y realizan un trabajo de mala calidad. Los abusos laborales y las deudas insostenibles también son comunes, según numerosos informes. En Latinoamérica, la inversión en infraestructura de China podría estar vinculada al aumento del tráfico de fauna silvestre.
La falta de directrices ambientales claras del programa puede dejar a los países enfrentando las consecuencias de proyectos que no cumplen con los estándares internacionales.
En Sudán del Sur, las empresas estatales de la RPC, incluida la Corporación Nacional de Petróleo de China, han financiado consorcios petroleros que contaminaron el agua y el suelo con productos químicos tóxicos, según informa Associated Press (AP en inglés). Los residentes que viven cerca han sufrido un número alarmante de problemas de salud, incluyendo malformaciones congénitas.
También se ha involucrado en la corrupción un consorcio petrolero apoyado por la RPC, utilizando fondos destinados al desarrollo, para apoyar los lujosos estilos de vida de los políticos de alto nivel, informó AP, al citar un informe de septiembre de 2019 de The Sentry, un grupo de observación con sede en Washington.
El 15 de septiembre, los Estados Unidos sancionaron a Union Development Group Limited (UDG en inglés), una empresa estatal de la RPC, por su corrupta participación en el desarrollo de un complejo turístico multimillonario en Camboya.
Los funcionarios de los EE. UU. dicen que UDG se registró fraudulentamente como una entidad de propiedad camboyana, para arrendar la tierra antes de volver al control de la RPC. La empresa, a través de un general camboyano de alto rango sancionado por los EE. UU. por corrupción en 2019, utilizó las fuerzas militares camboyanas para despejar la tierra para el proyecto, destruyendo el medioambiente y perjudicando los medios de vida de los residentes locales.