Las instituciones fuertes son el antídoto para la desinformación

Las instituciones fuertes son el antídoto para la desinformación

Por Laura Boyette-Álvarez, gerente sénior de programas para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Republicano Internacional
junio 23, 2021

Se sabe que la era de la Internet ha significado un cambio importante en la forma en que los ciudadanos acceden a la información, y que las redes sociales han propiciado mayor oportunidad para que prolifere la desinformación y la información errónea. Aunque esto sea verdad, omite que las oportunidades que aprovechan los actores malignos también están disponibles para fuentes legítimas, con el fin de llenar el vacío de información.

La información errónea encuentra terreno fértil en donde hay instituciones débiles y una baja confianza entre la opinión pública, lo que perpetúa esta realidad. Las instituciones gubernamentales y otras autoridades deben favorecer las demandas de información del público para brindar información oportuna, útil y transparente de forma proactiva. Caso contrario, otros aprovecharán esa oportunidad, con graves repercusiones.

Observaciones de la historia reciente

La desinformación en Latinoamérica fue creciendo en la Internet a lo largo de la pasada década. En gran medida los ciudadanos dependen de las redes sociales para informarse, tanto por preferencia como por medidas concretas que direccionan el tráfico hacia Facebook, WhatsApp u otras plataformas (como la práctica conocida como “datos de costo cero” para estas aplicaciones). Dada la naturaleza de estas plataformas de redes sociales al ser empresas con fines de lucro, se emplean algoritmos que favorecen a los artículos sensacionalistas y a los ciberanzuelos, plagados de desinformación o información errónea. Los ciudadanos se sienten más seguros confiando en un artículo compartido por familiares o amigos a través de redes sociales, que si la información fuera ajena a su entorno de relaciones sociales.

A fines de 2019, antes de que la pandemia azotara al mundo y cercara a la región, los ciudadanos latinoamericanos estaban en la cresta de lo que parecía ser una creciente ola de demandas del público que exigía transparencia, reformas a los sistemas económicos que dejaron a millones sufriendo y un futuro más equitativo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento de desinformación que no provenía de la región, a medida que las protestas se extendían por el hemisferio, aunque en ese momento solo representaba una pequeña fracción del universo de contenidos. De hecho, la mayor parte de publicaciones en redes sociales fueron compartidas legítimamente por personas reales, que reflexionaban sobre los eventos en la región.

La desinformación prospera en entornos con instituciones débiles y escasa confianza del público, particularmente donde la corrupción se ha arraigado y enconado durante décadas, interrumpida en ocasiones por manifestaciones públicas y demandas de cambio. Las instituciones electorales no reciben suficientes fondos, lo que se ha agravado aún más durante la pandemia de COVID-19. Cuando los recursos gubernamentales son limitados, el voto en persona requiere de significativas adaptaciones en procedimientos e infraestructura electorales normales. Dado que estas instituciones carecen de recursos, sus estrategias de comunicación son débiles. Si hay vacío de información, la desinformación prolifera. Cuando las instituciones electorales reaccionan a historias individuales falsas e intentan refutarlas una por una, la confianza del público disminuye.

La crisis electoral boliviana de 2019 a 2020 es un buen ejemplo. Tras la votación anulada en 2019 y el cambio de paradigma marcado por la salida de Evo Morales, se sabía que volver a celebrar elecciones presidenciales en 2020 iba a ser un momento electoral dramático y sensible. Además del panorama político, la llegada de la pandemia de COVID-19 creó más oportunidades de desinformación. La fecha de las elecciones se reprogramó tres veces a causa de la pandemia, que muchos en el país veían con incredulidad. El Tribunal Supremo Electoral, organismo electoral del país, no contaba con una estrategia de comunicación integral, y no pudo brindar información oportuna o útil; lo que dejó la puerta abierta a los actores malignos para llenar el vacío de información con rumores, acusaciones de negligencia y fraude. Según expertos, fueron los partidos políticos y la sociedad civil quienes finalmente brindaron la información que requerían los votantes para ejercer sus obligaciones civiles.

El antídoto: instituciones más fuertes, más transparentes

En toda la región, quienes son amigos de la democracia y de la estabilidad deben invertir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, a través de:

— Avances en la comunicación institucional. Debe haber un enfoque de estrategias comunicacionales más efectivas y transparentes, que sea un componente central en cada lucha por combatir las campañas de desinformación. Las estrategias de comunicación fuertes y campañas de concienciación efectivas podrán no ser la opción más aventurada, pero son algunos de los recursos más efectivos para combatir la desinformación, y garantizar que los ciudadanos tengan información precisa y oportuna. Cuando las instituciones gubernamentales comparten información transparente en forma periódica, se reduce considerablemente la oportunidad para que proliferen las campañas de desinformación.

— Fortalecer la relación entre los interesados y su compromiso para abordar el problema. Cuando el gobierno, el poder judicial, las fuerzas de seguridad, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado (incluyendo telecomunicaciones) y los medios de comunicación se conocen y confían entre ellos, es más sencillo descubrir quién es el impostor. Cuando en una sociedad abundan la polarización y la desconfianza, los actores malignos sacarán provecho. Según lo evidenciado, aplicar un enfoque holístico para la resolución de problemas a través de esfuerzos colectivos conferirá mayor sabiduría a las diversas partes interesadas.

— Reformar o rectificar leyes y reglamentaciones. Las leyes y reglamentaciones poco claras permiten interpretaciones erróneas. En las elecciones generales ecuatorianas de 2021, la disputa generada por el rechazo de la candidatura de un líder opositor a causa de un tecnicismo provocó una mayor polarización en el país, fomentada por campañas de desinformación en las que las autoridades electorales operaron en complicidad con candidatos específicos. En El Salvador, la innecesaria complicación de los procesos electorales antes de las elecciones legislativas de 2021 ha generado incertidumbre sobre el sufragio, favoreciendo así la desinformación, que busca aumentar el voto nulo.

— Comprometerse a un comportamiento ético. Seguir las reglas debería ser el mínimo requisito para los funcionarios gubernamentales, pero éstos se equivocan con demasiada frecuencia. En períodos electorales, las sociedades civiles de Ecuador y Panamá lograron cierto éxito en asegurarse el compromiso de políticos a través de pactos éticos, incluyendo un pacto de ética digital, bajo el cual se comprometen a no promover información falsa, aunque pueda traerles beneficios.

— Y facultar a los ciudadanos para que sean consumidores críticos de medios de comunicación. Los países de la región deben concentrarse en reformar sus sistemas educativos y priorizar las clases de educación cívica y alfabetización audiovisual, para garantizar que sus ciudadanos tengan las herramientas necesarias para ser consumidores de información crítica.

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