La declaración de Ecuador de un “conflicto armado interno” y su medida sin precedentes de clasificar a 22 poderosas organizaciones criminales locales como grupos terroristas representan un giro estratégico necesario en la lucha por la seguridad. Esta decisión, validada por un creciente consenso regional y por las designaciones de los Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras (FTO), reconoce una realidad geopolítica crítica: las organizaciones criminales transnacionales (OCT) han evolucionado desde el contrabando con fines de lucro hasta convertirse en actores no estatales que emplean la violencia política y desafían la soberanía democrática en todo el hemisferio.
Cuando el crimen se convierte en terrorismo
Tras una escalada masiva de violencia, la designación fue anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a principios de 2024, y se basa en la adopción de las pandillas de tácticas diseñadas para coaccionar al Estado y aterrorizar a la población civil, características propias del terrorismo. La ola de agresiones que se disparó después de 2020, se ve alimentada por la condición de Ecuador como fundamental centro logístico y de tránsito para el flujo mundial de cocaína. Los cárteles de México, Colombia e incluso los de Balcanes se han establecido en el país.
Según analistas de seguridad e informes de investigación, estas redes criminales aprovechan en gran medida la posición de Ecuador como el mayor exportador mundial de plátanos, utilizando contenedores marítimos llenos de fruta como tapadera para operaciones masivas de contrabando de cocaína. “Ecuador se enfrenta a una crisis alarmante. Está rodeado por Colombia y Perú, donde operan los cárteles de la droga más poderosos”, declaró a Diálogo en abril Jorge Serrano, asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Perú.
“También sufre la influencia de Venezuela, donde el crimen organizado mantiene alianzas con redes terroristas internacionales”, agregó.
Esta escalada criminal se puso de manifiesto de forma dramática en enero de 2024, cuando la supuesta desaparición del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, desencadenó una ola de violencia que incluyó atentados con bombas, el secuestro de policías y la toma armada sin precedentes de una cadena de televisión nacional durante una transmisión en vivo.
Estos actos confirmaron que las pandillas, entre ellas Los Choneros (vinculada al Cártel de Sinaloa) y Los Lobos (vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación), buscan activamente subvertir y desestabilizar la gobernabilidad política. Sus campañas de terror son extensas y van desde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, presuntamente orquestado por Los Lobos, hasta masacres dentro de las prisiones, y ataques y amenazas continuas contra funcionarios públicos, jueces, fiscales y sus familias. Estos grupos imponen coacción territorial mediante el dominio criminal y el control de las rutas de tráfico de drogas hacia el Pacífico, a menudo extorsionando a las empresas locales.
El presidente Noboa, reafirmó recientemente el claro objetivo de seguridad de la medida y agradeció a los Estados Unidos su apoyo, afirmando que el objetivo era “eliminar realmente cualquier amenaza terrorista”.
Herramientas estratégicas y cooperación regional
La clasificación de estos grupos como FTO por parte de los Estados Unidos en septiembre de 2025 no es meramente simbólica, sino que sirve de catalizador para la cooperación en todo el continente, desbloqueando poderosas herramientas legales y financieras para todas las naciones asociadas.
Las designaciones como FTO desencadenan inmediatamente sanciones que congelan los activos y propiedades, negando a las TCO el acceso al sistema financiero estadounidense y presionando a las instituciones bancarias extranjeras para que cesen las transacciones con los grupos designados. Estas sanciones extraterritoriales son una herramienta esencial para todos los gobiernos regionales que buscan interrumpir las cadenas globales de suministro y financiación de estas organizaciones criminales, según sostienen laboratorios de ideas como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Además, la clasificación como FTO eleva el estatus de la amenaza, lo que fomenta un mayor intercambio de inteligencia y una planificación militar coordinada entre las agencias antiterroristas de toda América.
Como declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio, al anunciar las designaciones en Quito, esta medida ofrece “todo tipo de opciones” a Washington para trabajar en colaboración con el Gobierno de Ecuador, con el fin de eliminar estas amenazas. Antes de la reunión, Rubio afirmó en las redes sociales que Ecuador y los Estados Unidos están “alineados como socios clave para poner fin a la inmigración ilegal y combatir el crimen transnacional y el terrorismo”.
El apoyo de los Estados Unidos se ha demostrado a través de asistencia operativa concreta. Esto incluye el intercambio acelerado de inteligencia; entrenamiento especializado en la lucha contra el narcotráfico para unidades de élite, como la instrucción de operaciones de asalto aéreo impartida en agosto de 2025 a la 9.ª Brigada de Fuerzas Especiales, una unidad de élite del Ejército de Ecuador. El Capitán del Ejército ecuatoriano Darwin Venegas, de la 9.ª Brigada de Fuerzas Especiales, resumió el impacto afirmando: “Somos los mejores, a la par del Ejército de los Estados Unidos. Juntos, somos aún mejores”.
La asistencia también incluye una importante ayuda material, como más de USD 13 millones en nuevos fondos para seguridad y USD 6 millones para obtener drones para la Armada ecuatoriana. Esta cooperación estratégica también incluye asesoramiento jurídico para acelerar la extradición de líderes criminales clave, como la extradición de alias Fito a los Estados Unidos en julio de 2025, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas y armas.
Más allá de los Estados Unidos, los países vecinos también han reforzado su compromiso con la estabilidad y la seguridad de Ecuador. Colombia, Perú y Chile, que se enfrentan a las mismas amenazas crecientes de grupos como el Tren de Aragua (TdA), han intensificado los acuerdos bilaterales para impulsar las patrullas fronterizas coordinadas, compartir información sobre los movimientos de las TCO y sincronizar la persecución de los flujos financieros ilícitos. Esta acción colectiva garantiza que las TCO no puedan simplemente huir a través de una frontera para escapar de la justicia, creando una disuasión unificada contra la expansión criminal en toda la región andina.
Defensa unificada
La acción decisiva de Ecuador forma parte de una tendencia creciente y necesaria en toda Latinoamérica, para redefinir la amenaza de las TCO y galvanizar la seguridad hemisférica.
Este cambio se refleja en el consenso regional, evidenciado por la designación del TdA como FTO, por parte de los Estados Unidos y por gobiernos como Argentina, Perú y Trinidad y Tobago.
Al designar a estas entidades como organizaciones terroristas, las naciones asociadas establecen un lenguaje jurídico común y un frente unificado, reconociendo que las TCO modernas son amenazas sofisticadas y altamente organizadas contra la soberanía estatal. Esta alineación estratégica subraya que la lucha por la estabilidad en Guayaquil y la costa ecuatoriana es, fundamentalmente, una defensa del orden democrático para todo el hemisferio.
