La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, lanzada en 2013 para impulsar su desarrollo global, ha avanzado en Latinoamérica. Sin embargo, 12 años después, el entusiasmo inicial se pasó a un creciente escrutinio sobre las condiciones financieras, la transparencia de los acuerdos y los efectos socioambientales de los proyectos.
Al menos 150 países de todo el mundo se han adherido a la BRI, que ha canalizado inversiones hacia puertos, ferrocarriles, carreteras e infraestructura energética, en su mayoría operada por empresas estatales como COSCO Shipping y China Merchants Port. En Latinoamérica, también China ha ampliado su presencia cultural, diplomática y militar, indica el Council on Foreign Relations (CFR).
Según los expertos, el objetivo de Pekín es ampliar su influencia e implantar infraestructura en países con recursos estratégicos. Desde 2005, el Banco de Desarrollo de China y el Exim Bank de China, ambos de capital estatal, han prestado más de USD 120 000 millones a países de la región, a menudo a cambio de recursos estratégicos, refiere CFR en un informe. En el Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrado en Pekín, Xi Jinping prometió USD 9200 millones en créditos para inversiones en la región.
Las empresas chinas son conocidas por aplicar estándares ambientales y laborales bajos, y su creciente control de puertos y redes eléctricas plantea riesgos de seguridad. Su proyección cultural y educativa ha reforzado su imagen de socio alternativo, al tiempo que fortalece a gobiernos autoritarios.
“El entusiasmo inicial por la BRI ha dado paso a una etapa más cautelosa, en la que los países revisan las condiciones financieras, la transparencia de los acuerdos y los impactos socioambientales”, dijo Pamela Aróstica Fernández, directora del laboratorio de ideas, Red China y América Latina (REDCAEM). “Esto refleja un creciente cuestionamiento en la relación con Pekín”.
Al menos 20 países de América han firmado acuerdos en el marco de la BRI, siendo Colombia el último, en sumarse en mayo. Sin embargo, la financiación china suele incluir términos opacos que generan cargas de deuda capaces de influir en las políticas nacionales y limitar la autonomía local. Varios proyectos asociados a la BRI también carecen de rentabilidad y muchos no responden a las prioridades de desarrollo de los países receptores ni a la agenda internacional.
De aliado a distanciamiento
La BRI ha generado reservas en algunos gobiernos, lo que ha dado lugar a cambios significativos. En febrero, Panamá notificó a Pekín que no renovaría su memorando con la iniciativa, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en retirarse formalmente. El Gobierno panameño cuestionó los beneficios obtenidos desde su adhesión, señalando que el acuerdo no había generado resultados tangibles.
Esta salida forma parte de una reevaluación más amplia. Panamá está revisando la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, situados a la entrada del Canal de Panamá y operados por la empresa de Hong Kong CK Hutchison. También decidió excluir a empresas chinas de la línea férrea proyectada entre Ciudad de Panamá y David.
Como ejemplo adicional de este cambio, en junio, Panamá anunció la reactivación del proyecto de la Red Interinstitucional de Microondas para modernizar las comunicaciones de sus fuerzas de seguridad. El proyecto, que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, instalará nuevas torres en varias provincias y sustituirá los equipos de telecomunicaciones existentes en 13 ubicaciones, incluidas las torres de Huawei.
“Las relaciones entre China y Latinoamérica siguen marcadas por una fuerte asimetría, con momentos de inflexión como la decisión de Panamá de retirarse de la BRI”, asegura Aróstica. “China ha llevado el pulso de los vínculos en la región, definiendo en gran medida su orientación”.
La cautela como estrategia
A diferencia de otros países que se sumaron formalmente a la BRI, Brasil y México han adoptado una postura cautelosa. Según Aróstica, ambas naciones “procuran preservar su autonomía, diversificar vínculos y evitar una dependencia excesiva, lo que reduce la necesidad de la financiación china que ofrece la iniciativa”, comentó. Esto se debe en parte a que “México está dando prioridad a su relación con su principal socio comercial: los EE. UU.”, añadió Aróstica.
En México, al menos tres proyectos con participación china fueron cancelados: el Tren Rápido México-Querétaro, por falta de competencia en la licitación, sobreprecios y presunta corrupción; el centro comercial Dragon Mart, por daños ambientales y violaciones legales; y la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, por conflictos sociales y sindicales.
Brasil, uno de los principales receptores de inversiones chinas, aún no se ha unido formalmente a la BRI. Según los analistas, Brasil se mantiene escéptico sobre los beneficios de la iniciativa.
Las inversiones chinas en Brasil, como el Ferrogrão —un ferrocarril de 933 kilómetros que conectaría Mato Grosso con el puerto de Miritituba en Pará—, generan alertas por sus impactos en territorios indígenas, áreas protegidas y ecosistemas de la Amazonía, así como por el fortalecimiento de la influencia china en sectores estratégicos, publicó Infobae.
De la expectativa a la revisión
Ecuador fue uno de los primeros países de la región en sumarse a la BRI, viendo en ella una oportunidad para modernizar su infraestructura y diversificar sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, con el tiempo, varios proyectos evidenciaron sobrecostos, fallas técnicas y condiciones financieras desfavorables.
La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro, la mayor del país, ha enfrentado fisuras en sus generadores y fallas técnicas desde su construcción, provocando apagones y protestas.
Según varios medios, el Gobierno ecuatoriano mantiene obligaciones con tres bancos estatales chinos por un total de USD 2421 millones, lo que genera preocupación por la sostenibilidad fiscal y la dependencia de financiamiento externo.
Estos factores han llevado a Ecuador a replantear su cooperación con China. Aunque continúa buscando financiamiento para proyectos de infraestructura y transición energética, lo hace con mayor cautela y exigiendo más transparencia.
“El caso de Coca Codo Sinclair representa una lección para la región. Es un coctel complejo: fallas en la construcción, episodios de corrupción y una deuda tan elevada que Ecuador se ha visto obligado a solicitar nuevos créditos para salir de ese círculo vicioso”, advirtió Aróstica. “Son factores que los gobiernos latinoamericanos deben considerar al evaluar proyectos similares”.
Asimismo, puntualizó que la deuda total de más de USD 19 000 millones que Ecuador mantiene con China “puede condicionar sus políticas energéticas internas. Sería ingenuo pensar que no habría consecuencias, si esa deuda no se paga”.
“Latinoamérica debe mirar la BRI con realismo, sin ingenuidad. Los beneficios solo serán posibles si hay contratos transparentes, se diversifican las alianzas y se evita depender de un único socio como China. Es fundamental también fortalecer la capacidad estatal para evaluar y supervisar los proyectos chinos”, concluyó Aróstica.
