Las organizaciones criminales transnacionales (OCT) están librando una guerra silenciosa contra los ecosistemas de Latinoamérica, convirtiendo la biodiversidad y los recursos naturales en una economía ilícita multimillonaria. Delitos como la minería ilegal de oro, la deforestación y el tráfico de vida silvestre están erosionando rápidamente la Amazonía y otros entornos críticos, financiando a grupos criminales y alimentando los abusos contra los derechos humanos en todo el continente.
La magnitud de esta amenaza exige una respuesta regional coordinada. Para hacer frente a este desafío, varios países de la región intensifican las operaciones conjuntas regionales de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas. Estas operaciones van desde grupos de trabajo nacionales especializados, como la Operación Artemisa, de Colombia, que desplegó miles de soldados para combatir la deforestación, hasta iniciativas internacionales como la Operación Escudo Verde, en la que participaron fuerzas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y que tuvo como objetivo luchar contra los delitos en la cuenca del Amazonas.
Entre las iniciativas más significativas de 2025 se encuentra la Operación Madre Tierra VII, una campaña internacional de dos meses de duración dirigida por la Interpol.
Operación Madre Tierra VII
En mayo y junio de 2025, las autoridades de nueve países latinoamericanos unieron sus fuerzas para llevar a cabo esta operación a gran escala, coordinada por la Oficina Regional para América Central de la Interpol. La operación, que sirvió para recordar la magnitud y la complejidad a escala mundial de los delitos contra el medio ambiente, contó con la participación de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Los resultados, anunciados a finales de octubre, confirmaron la urgencia del objetivo de la operación. La iniciativa condujo a 225 detenciones y dio lugar a cientos de nuevas investigaciones sobre redes de delincuencia organizada.
“Los resultados ponen de relieve cómo las redes del crimen organizado están transformando las especies y los bosques protegidos en cadenas transcontinentales de productos básicos, con profundas consecuencias para los ecosistemas y la resiliencia climática”, informó la agencia Associated Press tras el anuncio de Interpol.
Los resultados preliminares revelaron una asombrosa amplitud de la actividad delictiva: 203 infracciones relacionadas con la tala ilegal; 138 infracciones relacionadas con el tráfico de vida silvestre; 23 casos de minería ilegal; 26 de pesca ilegal y 16 por delitos de contaminación.
Madre Tierra VII dio lugar a importantes incautaciones de contrabando, lo que puso de manifiesto el alcance global de estos delitos. Las autoridades confiscaron especies protegidas vivas —entre ellas aves, reptiles, primates y grandes felinos— así como 2,4 toneladas de aletas de tiburón y raya, y madera protegida de gran valor, como el palo de rosa. La investigación sacó a la luz rutas transnacionales que conectaban Latinoamérica con mercados tan lejanos como Europa y Asia.
El predominio de la minería ilegal y la deforestación
Si bien los delitos ambientales son diversos, la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las actividades más destructivas y rentables para las OCT. Impulsada por el aumento de los precios del oro (que alcanzaron más de USD 3500 por onza en 2025), a menudo genera más ingresos para los grupos criminales en países como Perú y Colombia que el tráfico tradicional de drogas.
Esta convergencia de delitos es profundamente alarmante. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que las facciones de narcotraficantes se han diversificado hacia la minería ilegal de oro, aprovechando las rutas e infraestructuras de contrabando ya establecidas.
“Grupos del crimen organizado se han infiltrado cada vez más en las cadenas de suministro de oro, atraídos por el aumento del valor del metal y la alta rentabilidad del sector”, afirma la UNODC.
El costo ambiental es asombroso. La minería ilegal invade los bosques, emplea productos químicos peligrosos como el mercurio —del que se estima que se vierten 30 toneladas al año en las vías fluviales amazónicas— y provoca una importante deforestación y destrucción ecológica. Según datos de la UNODC, solo en la última década se ha producido un aumento del 625 por ciento en las zonas de minería ilegal en tierras indígenas de toda la región amazónica, lo que ha devastado comunidades indígenas en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
“La minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los principales motores de deforestación, degradación del suelo y contaminación”, señala la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). “Su expansión alcanza incluso áreas naturales protegidas y reservas indígenas, con impactos profundos en la salud, la cohesión social y la cultura de las comunidades locales”.
Una respuesta estructural y coordinada
Operaciones como Madre Tierra VII demuestran que una acción coordinada y basada en la inteligencia pueden desarticular estas complejas estructuras delictivas. Sin embargo, los expertos subrayan que las detenciones por sí solas no son suficientes.
Oscar Soria, director ejecutivo del grupo de expertos en medio ambiente The Common Initiative, afirmó a AP que la operación muestra cómo los delitos medioambientales en Latinoamérica “se han integrado profundamente en las redes tradicionales de la delincuencia organizada”.
Soria insta a una respuesta estructural que vaya más allá de las detenciones e incluya una gobernanza más sólida, una mejor coordinación regional y esfuerzos para recuperar los territorios donde prosperan las redes delictivas en ausencia del Estado.
Para hacer frente a esta crisis actual, es necesario que los gobiernos traten los delitos ambientales como un problema fundamental de seguridad y financiero, integrando la inteligencia ambiental en las aduanas, los esfuerzos contra el lavado de dinero y la cooperación transfronteriza, para desmantelar toda la cadena de valor ilícita.
