Cooperación internacional permite la aplicación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes colombianos

Por Dialogo
noviembre 13, 2014



“Germán Alberto Pérez Ocampo es uno de los últimos narcotraficantes de la ‘vieja guardia’ que quedan en Colombia”, manifestó A. D. Wright, agente especial interino a cargo de la división de Miami de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
“A través de su vinculación criminal con destacados narcotraficantes mexicanos, Germán Alberto Pérez Ocampo logró exportar múltiples toneladas de cocaína”.

“A pesar de ser un conocido narcotraficante, Germán Alberto Pérez Ocampo evadió a las fuerzas de seguridad durante más de 10 años”, señaló en un comunicado Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). “Su trabajo como proveedor de cocaína para varios de los carteles de droga más violentos buscados por el gobierno estadounidense pone de relieve su alcance global, y ya es tiempo de que sea llevado ante la justicia”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos trabajó en cooperación con el gobierno federal de México y la DEA para imponer las sanciones.

El anuncio se produce menos de dos meses después de que se impusieran sanciones financieras a ocho presuntos líderes de La Oficina de Envigado, un grupo del crimen organizado con sede en Medellín. El Departamento del Tesoro identificó a los ocho individuos como: Juan Carlos Mesa Vallejo, Julián Andrey González Vásquez, Diego Alberto Muñoz Agudelo, Freyner Alfonso Ramírez García, Jesús David Hernández Grisales, Rubiel Medina Cardona, Didier de Jesús Ríos López y Edinson Rodolfo Rojas.

Además, en el mes de junio, el Departamento del Tesoro designó a La Oficina de Envigado como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT). La Oficina participa en actividades de narcotráfico, extorsión, y sicariato, según el Departamento.

Desde junio de 2000, autoridades del Departamento del Tesoro han designado a más de 1.600 personas físicas y entidades en conformidad con la Ley de Cabecillas, según el Departamento del Tesoro. Las penas por la violación a dicha ley van desde multas civiles de hasta US$1,075 millones a sanciones penales más severas. Las sanciones penales para empresarios incluyen hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones.


“Germán Alberto Pérez Ocampo es uno de los últimos narcotraficantes de la ‘vieja guardia’ que quedan en Colombia”, manifestó A. D. Wright, agente especial interino a cargo de la división de Miami de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
“A través de su vinculación criminal con destacados narcotraficantes mexicanos, Germán Alberto Pérez Ocampo logró exportar múltiples toneladas de cocaína”.

“A pesar de ser un conocido narcotraficante, Germán Alberto Pérez Ocampo evadió a las fuerzas de seguridad durante más de 10 años”, señaló en un comunicado Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). “Su trabajo como proveedor de cocaína para varios de los carteles de droga más violentos buscados por el gobierno estadounidense pone de relieve su alcance global, y ya es tiempo de que sea llevado ante la justicia”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos trabajó en cooperación con el gobierno federal de México y la DEA para imponer las sanciones.

El anuncio se produce menos de dos meses después de que se impusieran sanciones financieras a ocho presuntos líderes de La Oficina de Envigado, un grupo del crimen organizado con sede en Medellín. El Departamento del Tesoro identificó a los ocho individuos como: Juan Carlos Mesa Vallejo, Julián Andrey González Vásquez, Diego Alberto Muñoz Agudelo, Freyner Alfonso Ramírez García, Jesús David Hernández Grisales, Rubiel Medina Cardona, Didier de Jesús Ríos López y Edinson Rodolfo Rojas.

Además, en el mes de junio, el Departamento del Tesoro designó a La Oficina de Envigado como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT). La Oficina participa en actividades de narcotráfico, extorsión, y sicariato, según el Departamento.

Desde junio de 2000, autoridades del Departamento del Tesoro han designado a más de 1.600 personas físicas y entidades en conformidad con la Ley de Cabecillas, según el Departamento del Tesoro. Las penas por la violación a dicha ley van desde multas civiles de hasta US$1,075 millones a sanciones penales más severas. Las sanciones penales para empresarios incluyen hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones.
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