Ilegitima Asamblea Constituyente entrega poderes extraordinarios a Maduro

Ilegitima Asamblea Constituyente entrega poderes extraordinarios a Maduro

Por Diálogo
diciembre 07, 2020

La ilegitima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela entregó al dictador Nicolás Maduro a inicios de octubre una ley que le permitirá omitir o “desaplicar” el cumplimiento de otras leyes, con el propósito de burlar las sanciones implantadas por la comunidad internacional e impulsar la inversión extranjera.

La llamada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, tiene como propósito explícito el de “contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos nocivos generados por la imposición” de sanciones aplicadas por los Estados Unidos y otros países, tal y como se indica en el artículo 1.º.

El artículo 19.º del texto le confiere al Ejecutivo liderado por Maduro la potestad de “inaplicar” normas legales, con el propósito de “superar los obstáculos o compensar los daños” atribuidos a las sanciones, o para “mitigar” las medidas internacionales “que afectan el flujo de divisas”. En el artículo 26.º, la Ley Antibloqueo contempla privatizar las filiales de PDVSA, incluyendo las empresas filiales de PDVSA en el extranjero.

Esta ley ha sido promocionada por Maduro en las reuniones que sostuvo a inicios de noviembre con miembros de la compañía estatal china de inversiones CITIC Group, y posteriormente con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif.

“La Ley Antibloqueo es una apuesta grande para alianzas novedosas de gran creatividad para el desarrollo de la economía real, verdadera y de las riquezas que Venezuela puede generar y que necesita”, dijo Maduro durante su encuentro con los empresarios asiáticos, reportó la televisora del Estado, Venezolana de Televisión.

Sin embargo, la Asamblea Nacional dominada por el diputado Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por 60 países), aprobó a mediados de octubre un acuerdo en el que califica de “inexistente e ineficaz” a la Ley Antibloqueo, y ordena además una investigación contra quienes promulgaron esta norma.

“Toda persona, natural o jurídica que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria”, advierte la decisión del Parlamento.

La ley también fue rechazado por Conindustria, entidad que agrupa al gremio de industriales venezolanos. El 19 de octubre, esta asociación emitió un comunicado para advertir que ahora el Ejecutivo dispone de “un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual incluso puede ser inaplicado discrecionalmente”.

Contra la Constitución

El abogado venezolano Carlos Figueredo Planchart, especialista en derecho internacional comparado, ex asesor legal de varios bancos nacionales e internacionales, calificó de “anticonstitucional” a la Ley Antibloqueo. Advirtió que fue implantada por el régimen con miras a lo que podrán hacer una vez que obtengan el control del poder legislativo, luego de las elecciones del 6 de diciembre.

“Muchos contratos requieren el consentimiento de la Asamblea Nacional legítima, y con esta ley quieren hacer creer a sus aliados internacionales como China, Rusia, Irán y Turquía que lo obtendrán”, dijo.

Indicó que el propósito de la norma es “crear confianza” en los gobiernos cercanos a Maduro y en el grupo de empresarios que amasó riquezas durante la era chavista, de manera que inviertan en la economía nacional colapsada.

“Esta ley será una fuente de lavado de dinero. Esa es una de las cosas más graves (…). Y creen que generarán con esto nuevas formas de ocultar el dinero”, advirtió.

Carlos Tablante, expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) afirmó que, en los tiempos previos a las elecciones parlamentarias, la Ley Antibloqueo intenta “ampliar la base de apoyo político” al régimen por parte de sectores empresariales, que hasta el momento podían estar neutrales o cerca de la oposición.

Indicó que el régimen quiere “legalizar la extracción del oro y diamantes del Arco Minero para, con ese barniz legal, realizar transacciones que le han sido restringidas por las sanciones”.

Todo esto lo intentarán en medio de una ausencia de transparencia, que según el experto, intentan garantizar con la norma aprobada por la ANC.

“Quieren hacer opaca toda la administración y convertir en delitos políticos y de traición a la patria la divulgación de operaciones comerciales que tengan que ver con los objetivos de esta ley”, advirtió.

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