Un reporte de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) señala a las fuerzas de seguridad de Venezuela de realizar operaciones con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de provocar “un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022”, en los departamentos fronterizos de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela. El reporte Colombia/Venezuela: Abusos de grupos armados en zona fronteriza, fue publicado el 28 de marzo.
Según la investigación, la alianza entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana con el ELN, en su ofensiva contra las disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), provocó el aumento de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado.
El informe está sostenido en testimonios de personas desplazadas por la violencia, líderes comunitarios, indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas, representantes de organizaciones de derechos humanos, y refugiados de Apure, quienes presenciaron cómo militares venezolanos ingresaban a las aldeas con guerrilleros del ELN y secuestraban personas.
Un testigo dijo a HRW que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas acusadas de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente, conformado por disidentes de las FARC. “Los militares [de la FANB] llegaron junto con los del ELN, pensé nos van a matar a todos. Empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaron amarrados”.
En otro caso, “dos hombres armados mataron a balazos a Álvaro Peña Barragán mientras trabajaba en una finca en Tame, Arauca. Al día siguiente, otros dos hombres asesinaron a su esposa Rosalba Carmenza Tarazona Ortega”, durante el funeral de Álvaro, dijo un testigo. La evidencia indica que miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron a ambos, acusados de cooperar con el ELN, según HRW.
La Policía Nacional de Colombia confirmó, entre enero y febrero de 2022 la muerte de 103 personas en Arauca, la cifra más alta de asesinatos desde el 2010.
“Muchas personas no habrán oído acerca de [la región del río] Arauca, pero es el epicentro actual de Rusia y el esfuerzo de Venezuela por desestabilizar el hemisferio occidental”, escribió en Twitter el 19 de enero Joseph M. Humire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, de los Estados Unidos.
“Sabemos que han sido movilizados hacia la frontera también algunos hombres y unidades de la fuerza militar bolivariana con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia, y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán, allá al otro lado de la frontera”, agregó el ministro colombiano de Defensa Diego Molano.
En dos semanas al menos 5000 personas (casi la mitad de ellos niños) cruzaron al municipio colombiano de Arauquita después de que se intensificara un conflicto entre el Ejército venezolano y un grupo disidente de la FARC, reportó el 6 de abril BBC Mundo. “Ha habido bombardeos, han allanado hogares y los desplazados denuncian ejecuciones extrajudiciales”, apuntó.
Arreglos tácitos
Jorge Mantilla, experto en frontera y seguridad de la Universidad de Illinois, agregó a BBC Mundo que “las guerrillas colombianas, los grupos armados y las autoridades venezolanas” habían logrado mantener la paz gracias “a arreglos, a veces tácitos, de repartición de rentas y control territorial”.
Según Mantilla, esa paz se vio alterada por la disidencia de las FARC. “Ahora se ha producido una tensión entre los arreglos locales que pueden tener [la disidencia de las FARC] con los componentes regionales del Ejército venezolano y los arreglos que puede tener (…) Caracas con la Segunda Marquetalia, otra disidencia”.
Las autoridades colombianas han intentado disminuir el accionar de los grupos armados en Arauca con el envío de más tropas del Ejército, en un esfuerzo por poner fin al derramamiento de sangre, menciona Voz de América en Internet.
“Sólo será posible contrarrestar eficazmente la inseguridad mediante el despliegue integrado de las capacidades del Estado [de Colombia] para defender los derechos de los ciudadanos (…), y poner mayor énfasis en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales”, indicó el 28 de marzo la Organización de las Naciones Unidas.
