Honduras endurece castigos por extorsión

Con estas modificaciones legales, el delito de extorsión alcanzará prisión por 60 años o más.
Kay Valle/ Diálogo | 20 abril 2017

Capacitación y Desarrollo

El sector transporte está infiltrado por las maras y pandillas. La FNA realiza inspecciones aleatorias en calles y carreteras para detectar irregularidades y detener a los criminales. (Foto: FNA)

La extorsión es un delito que la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) combate día a día. Sin embargo en las leyes del Código Penal hondureño no estaba tipificado como tal. Ese vacío legal impedía su adecuado combate. Por eso los operadores de justicia solicitaron una revisión de la ley.

El 27 de febrero de 2017, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los artículos 222 y 335 y en la ley fueron agregados los artículos 335A y 335B. “Sentíamos que habían vacíos en la herramienta legal que regula el combate al delito. Cuando los extorsionadores desarrollaban la fase de planificación e intimidación en contra de las víctimas, es decir, cuando llamaban por teléfono, amenazaban de muerte o con incendiar los negocios; no podíamos actuar”, explicó a Diálogo el Teniente Coronel Amílcar Hernández, director de la FNA, una entidad compuesta por el ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.

“[Sólo] podían capturar a la persona y judicializarla en el momento de intercambio de dinero con la víctima y que si no ocurría esa operación, a pesar de tener identificados a los delincuentes, no podían ser acusados ni capturados”, agregó. Eso cambió, ya que la reforma especifica que será considerada extorsión consumada cuando las amenazas sean realizadas, y los acusados responderán como autores si han logrado o no el objetivo perseguido de violencia o intimidación.

Según el analista de seguridad Allan Fajardo, catedrático de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la acción facilitará la judicialización de los extorsionadores. “Con la reforma se asegura la inclusión de algunos eslabones del delito que no estaban tipificados en el Código Penal”. La misma, “facilita y garantiza la confidencialidad de la denuncia, faculta a los operadores de justicia para negociar con los que cometen el crimen o con sus cómplices, todo para obtener información que pueda llevar a la judicialización o a la condena de los autores”, comentó.

Otras acciones contra la extorsión

Las modificaciones legales son un indicador de que los pasos correctos en la dirección correcta son una realidad. Por eso, en la etapa testimonial, se aprobó un beneficio para las víctimas. Antes de la reforma tenían que testificar en todas las etapas del proceso judicial. Ahora, la única participación será mediante una prueba anticipada, es decir una sola declaración que hará el extorsionado ante un juez y eso servirá para dictar sentencia.

La comparecencia de la víctima, de acuerdo con el Tte. Cnel. Hernández, se reformó porque más del 80 por ciento de estos delitos son cometidos por maras y pandillas, y aunque los jueces no permitían que la víctima tuviera una confrontación con el extorsionador, si declaraban ante los defensores. “Muchas veces los abogados defensores, al integrar los expedientes del caso, pasaban sin querer la información a los delincuentes, quienes volvían a amenazar a las víctimas, los obligaban a abandonar la denuncia o a no seguir con el caso y recuperaban la libertad”, informó.

Los departamentos del centro de Honduras tienen mayor presencia de la FNA debido a la mayor incidencia de extorsiones. (Foto: FNA)

También fueron incluidas penas contra las acciones que los extorsionadores realizaban contra las personas y bienes, y que los obligaban a cerrar definitivamente sus negocios o abandonar sus hogares y su país. “Cuando alguien incendia una unidad de transporte o de carga, ocasiona la muerte o lesiona gravemente a una persona y causa daños a la propiedad o lo obliga a dejar una localidad, ahora está calificado como terrorismo”, aclaró el Tte. Cnel. Hernández.

La inclusión del término es positiva pues “la acción de la delincuencia común o del crimen organizado es provocar terror en la ciudadanía, víctimas directas de extorsión o en los operadores de justicia, para evitar la persecución”, dijo Fajardo.

Estrategias para erradicar la extorsión

Algo que ayudará a erradicar las extorsiones será el uso de tecnologías, cambios en las costumbres de los usuarios y medidas que deben tomar los empresarios y las instituciones estatales, dijo a Diálogo el Tte. Cnel. Hernández. “El sector transporte está infiltrado por las maras y pandillas, y la medida de despedir al personal (conductores, ayudantes o controladores de ruta) para depurar las empresas no puede hacerse porque los dueños estén amenazados”, agregó.

Enfatizó que por esa razón, por medio del Instituto Nacional de Transporte, será ejecutada una certificación de alto nivel de todos los empleados, además de la instalación de botones de pánico, sistema de cámaras en las terminales y en los autobuses, y el uso de tarjetas prepago para evitar el manejo de dinero en efectivo.

El Tte. Cnel. Hernández explicó que los miembros de las estructuras criminales recibirán una condena diferente. Por asociación ilícita la prisión es de 20 años, y sí al momento de la aprehensión los detenidos portan ilegalmente un arma, la condena agregada será no menor a cinco años. Y si el delito es tipificado como terrorismo la pena mínima es de 40 años. Otros agravantes, como inducir a menores de edad a extorsionar, podrán sumar más de 60 años de reclusión; y en los casos cuando ocurre asesinato, por ejemplo de un operador de justicia, se suma también otro tercio a la pena.

Desde la creación de la fuerza, en marzo de 2013, hasta la fecha, han fallecido cuatro agentes en el cumplimiento del deber. “Es un riesgo que estamos conscientes que conlleva esta lucha y no nos atemoriza, más bien nos motiva a seguir honrando la memoria de los compañeros que ofrendaron su vida en defensa de las personas. La responsabilidad en el combate a la extorsión es grande y seguiremos creciendo y trabajando para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos”, concluyó el Tte. Cnel. Hernández.

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