El Gobierno de Honduras lanzó el Plan Nacional Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, con el que decretó estado de excepción y anunció el despliegue de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen, la extorsión y el narcotráfico provocado por las pandillas y otras organizaciones criminales.
“Esta medida es necesaria y oportuna para detener a los autores o participes de la comisión de delitos, aplicando los principios de necesidad y proporcionalidad, sin violentar los derechos humanos”, dijo a Diálogo José Alfredo Ponce, criminólogo y exsubcomisionado de la Policía Nacional de Honduras (PNH), el 12 de diciembre de 2022. “Asimismo, se debe orientar a la reeducación, rehabilitación y reinserción social del sujeto”.
“La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo (…) para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico, y desarticular las organizaciones criminales hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco. Vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, explicó la presidenta hondureña Xiomara Castro, el 24 de noviembre, cuando anunció la medida. “La Policía debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas”.
La PNH informó que la medida entró en vigor el 6 de diciembre en los populosos municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde controlarán 89 y 73 barrios respectivamente, indicó el periódico hondureño La Tribuna.
“Las personas por temor no denuncian, pero sin una denuncia es difícil que la Policía pueda proceder y ¿qué pasa cuándo detienen a estas personas?, no hay quien vaya a declarar, entonces por una puerta entran y por otra salen”, advirtió Gonzalo Sánchez, criminólogo hondureño y exjefe de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal, al diario hondureño El Heraldo. “Están entrenando y preparando a personal especializado para enfrentar estas estructuras. Recuerde que ellos [las estructuras criminales] tienen armas, dinero y logística. Entonces se necesita una fuerza especializada para controlar la extorsión”.
De acuerdo con el decreto el Gobierno suspende algunas garantías constitucionales a quienes estén vinculados a los grupos delincuenciales. La Policía podrá detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones, en la comisión de delitos y crímenes.
El plan nace a partir de las presiones que reciben empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales para pagar extorsiones, impuestas por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18, consignó la organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe InSight Crime.
La PNH desplegó 600 efectivos extras el 7 de diciembre. En la operación participan 20 000 policías en turnos rotatorios, incluyendo efectivos de la Policía Militar de Orden Público, con batallones enviados hacia las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador, detalló la cadena de noticias France 24.
“La libre circulación en todos esos sectores no se afecta en lo absoluto, tampoco se afecta la libertad de asociación. Si alguien sale de trabajo a las 8:00 pm de una maquila, puede movilizarse normalmente hacia su casa; si alguien necesita levantarse a las 4:00 am para salir a tomar el transporte urbano para movilizarse a una fábrica, lo puede hacer sin ningún tipo de problema”, explicó el comisionado Gustavo Sánchez, director de la PNH. “Este decreto va orientado a blancos específicos que son miembros de las estructuras criminales identificadas con anterioridad”.
La Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), informó el mismo 7 de diciembre sobre uno de los primeros golpes a las pandillas, al desmantelar un centro de distribución de drogas que sería operado por la Mara Salvatrucha en el municipio de Copán.
“Este fenómeno delictivo fue alcanzando fuerza hasta ejercer control territorial de las comunidades. De esto se aprovechan otros grupos criminales dedicados al narcotráfico, para distribuir la droga que se queda en nuestro país”, añadió Ponce. “Esto también trajo consigo que otros grupos criminales se dediquen también al secuestro y extorsión, por lo que se fue transformando en un monstruo de mil cabezas, en donde participan personas de diferentes ocupaciones no necesariamente ligado a maras o pandillas”.
La delincuencia en Honduras es uno de los principales problemas que azotan al país por estos días. Los narcotraficantes y pandilleros son los responsables de que la tasa de homicidios se ubique en 40 por cada 100 000 habitantes, lo que es más de cuatro veces el promedio mundial, consignó Infobae.