Financiamiento del terrorismo a través de la beneficencia

Funding Terrorism With Charity

Por Dialogo
julio 01, 2011



Desde cualquier punto de vista, se consideraría que Jorge Milton Cifuentes
Villa es un hombre de negocios próspero y un filántropo. De ciudadanía colombiana y
también mexicana, cifuentes poseía y operaba una amplia variedad de compañías en
varios países, y supervisaba algunas organizaciones sin fines de lucro destinadas a
salvar la selva tropical y fomentar la silvicultura sostenible. A pesar de la
fachada de legitimidad, un investigador bancario podría haber notado algo
sospechoso.
En febrero de 2011, Cifuentes–también conocido como Elkin de Jesús López
Salazar– y sus compañías fueron agregados a la lista de Narcotraficantes
Especialmente Designados de los EE. UU. La lista es parte de la Ley Kingpin, que
aplica sanciones financieras a narcotraficantes extranjeros de gran envergadura. Las
compañías pantalla de Cifuentes ayudaban a enviar el dinero procedente de las drogas
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales se sabe que
utilizan sus fondos para llevar a cabo actividades terroristas. la red de compañías
en Colombia, Panamá, Ecuador, México, España y los Estados Unidos propiedad de
Cifuentes o bajo su control aportó a las autoridades más elementos para comprender
cómo los delincuentes utilizan las organizaciones sin fines de lucro para lavar
dinero y financiar el terrorismo.
“Rienen los medios para distribuir el dinero por todo el mundo”, aseveró
Octavio Betancourt, director general de la empresa consultora de riesgo Milersen
LLC, en una conferencia sobre el lavado de dinero realizada en la Florida en marzo
de 2011. Betancourt explicó a oficiales de cumplimiento bancario y otros asistentes,
cómo las personas que se dedican al lavado de dinero explotan los beneficios
tributarios y la buena fe de los donantes para financiar sus actividades ilícitas.
Las organizaciones sin fines de lucro de apariencia legítima que dirigía
Cifuentes, como la Fundación Salva la Selva, no tenían el propósito de recaudar
fondos de donantes incautos, sino que eran una pantalla para encauzar dinero hacia
una organización de narcotráfico. Salva la Selva tiene un atractivo sitio en la
internet, con interfaces fáciles de usar, y contiene galerías de fotos de los
integrantes de la comunidad indígena, los animales y los bosques que supuestamente
se benefician con las donaciones, para mostrar ante los investigadores una
apariencia fidedigna. Para mover el dinero que, en definitiva, beneficiaba al cartel
de Sinaloa en México y a las FARC, Cifuentes también utilizaba compañías dedicadas
al turismo, la construcción, los bienes raíces, una compañía de tarjetas prepagadas
de Visa y fondos de inversión, según los gobiernos de EE. UU. y Colombia. Y con el
fin de encauzar los fondos a través de sus empresas fantasmas, Cifuentes utilizaba
pagos electrónicos a través de varios sectores.
Cifuentes y el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
fueron procesados en noviembre de 2010 en un tribunal de los EE. UU.,
correspondiente al distrito sur de la Florida, por cargos de narcotráfico y lavado
de dinero. “En el futuro, Cifuentes Villa ya no podrá hacerse pasar por empresario
legítimo mientras suministra cocaína al cartel de Sinaloa”, comentó Adam Szubin,
director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los EE. UU., cuando
Cifuentes fue agregado a la lista de Narcotraficantes Especialmente
Designados.

Donaciones para el terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden no percatarse de que están
siendo utilizadas para canalizar el dinero procedente del tráfico de drogas. Sin
embargo, las investigaciones por parte de oficiales de cumplimiento sobre los
clientes y sus compañías, podrían poner al descubierto actividades delictivas.
Betancourt señaló que una investigación más detallada de las empresas propiedad de
Cifuentes genera varias incógnitas. Además de las dos organizaciones ambientales sin
fines de lucro que operaba, había también una empresa minera. la asociación entre
una empresa minera, conocida por generar contaminantes, y las entidades
ambientalistas debería haber suscitado las sospechas de un investigador.
Hace ya más de una década, la explotación de organizaciones sin fines de
lucro por parte de organizaciones terroristas llamó la atención del Grupo de Acción
Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental creado para fomentar políticas
nacionales e internacionales para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo. En 2001, el GAFI creó la Recomendación Especial VIII para ayudar a los
países a identificar cuándo una organización terrorista se hace pasar por una
organización legítima sin fines de lucro para evitar medidas de congelación de
activos, o para desviar fondos destinados a fines legítimos. la recomendación insta
a la transparencia, la investigación y la cooperación entre los sectores público y
privado.
“Si bien la gran mayoría de las organizaciones benéficas son honestas,
ocasionalmente salen a la superficie algunas ficticias”, explicó Henrique Dominguez,
vice presidente de EFG Bank Luxemburgo, otro orador de la conferencia. “[Están]
dirigidas por delincuentes para lavar las ganancias generadas por los delitos
tributarios y otros delitos graves”. Dominguez explicó a los funcionarios bancarios
antilavado de dinero que deben poner en práctica la diligencia debida para
investigar a los clientes, lo que en el sector se conoce como “conocer al cliente”.
También deben estar alerta a una red de estafas mucho más sofisticada que está
haciendo de las organizaciones sin fines de lucro un sector de alto riesgo para el
lavado de dinero.
“Es muy grave”, opinó. “El objetivo [de la recomendación del GAFI] es
garantizar que las organizaciones terroristas no utilicen a las organizaciones sin
fines de lucro de forma indebida.” Dominguez comentó que los oficiales de
cumplimiento deben verificar el historial de donaciones, las grandes donaciones en
efectivo, el domicilio físico, la presencia en la red, y deben prestar especial
atención a las fundaciones creadas después de una tragedia, como el terremoto de
Haití, cuando los gobiernos están preocupados y los donantes ansiosos por
suministrar fondos.

Rastreo del dinero sucio
Muchos países de Latinoamérica respaldan el trabajo de las organizaciones
benéficas y de los donantes, otorgándoles desgravación fiscal, pero los gobiernos
probablemente no disponen del personal necesario para investigar la posible conducta
indebida de la totalidad de las organizaciones. Los bancos y las instituciones
financieras tienen su reputación en juego, y sus oficiales de cumplimiento pueden
impedir que ciertas organizaciones abran una cuenta bancaria. Cuando surgen las
sospechas, pueden notificar a las autoridades.
Gonzalo Vila, director de operaciones en Latinoamérica de la Asociación de
Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, comentó a
Diálogo que cada banco tiene sus propias políticas cuando
sospecha de un posible caso de lavado de dinero, y cada país tiene un protocolo
diferente para notificar a las autoridades e iniciar una investigación. No obstante,
en general, es responsabilidad del banco negar la apertura de una cuenta a un
cliente cuya información no puede ser verificada. Cuando el banco tiene pruebas de
que un cliente actual o potencial recibe fondos de una fuente ilícita, puede
presentar un Reporte de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Inteligencia
Financiera de ese país, que suele estar ubicada en el Ministerio del Interior o de
Finanzas.
Cuando Diálogo le pidió que describiera de qué modo los
terroristas se manifiestan en Latinoamérica, Dominguez presentó un ejemplo de su
experiencia personal a fines de la década de 1990, cuando era empleado bancario en
Ciudad del Este, Paraguay, en la Triple Frontera.
Comentó que su banco había identificado numerosas transferencias procedentes
de Ciudad del Este a organizaciones que los clientes identificaban como
organizaciones benéficas en el Medio Oriente. “Entonces quizá sea coincidencia, pero
después de lo que pasó, sabemos que los atentados terroristas estaban respaldados
por las donaciones.”
Ira Morales Mickunas, analista del crimen organizado y del financiamiento del
terrorismo de la empresa consultora Milersen LLC, explicó a Diálogo
que de acuerdo con el resultado de investigaciones, el financiamiento del terrorismo
se realiza actualmente con el dinero lavado a través de organizaciones benéficas de
la Triple Frontera. “Hay mucha actividad en la región … para mantener un perfil muy
bajo de muchas de estas organizaciones”, dijo acerca de las supuestas organizaciones
benéficas promocionadas como proveedoras de atención médica y educación en el Medio
Oriente. “Con el tiempo, las investigaciones efectuadas por el gobierno de los EE.
UU. demostraron que muchas de estas organizaciones de beneficencia [son] pantallas
tras las que se ocultan organizaciones terroristas.” Morales Mickunas no pudo
ofrecer una idea de cuántos millones de dólares van de las organizaciones sin fines
de lucro hacia los grupos terroristas, porque suelen llevar una contabilidad doble
con mucho dinero sin justificar; pero señaló que, en el ámbito internacional, el
lavado de dinero asciende a billones de dólares.
En la década que comenzó con los atentados terroristas en Nueva York en
septiembre de 2001, Brasil, Argentina y Paraguay trabajaron con EE. UU. para
monitorear de cerca las transferencias de dinero procedentes de la Triple Frontera.
Numerosas entidades y personas de la región también han sido identificadas por el
Departamento del Tesoro de EE. UU. como fuentes de financiamiento conocidas de
Hizbulah.
Dominguez señaló que las zonas en las que proliferan las relaciones de banca
“informal” son especialmente de alto riesgo. Identificó otras zonas como la Isla
Margarita en Venezuela y el norte de Chile, donde aseguró que las relaciones
personales entre los banqueros y sus clientes son más importantes que el
profesionalismo, donde no se imponen la diligencia debida y los controles de
antecedentes de los clientes, lo cual coloca a los bancos en una posición
vulnerable.
Betancourt mencionó algunos grupos terroristas en Latinoamérica que también
explotan las organizaciones sin fines de lucro. “No es solamente en el Medio
Oriente; se encuentran grupos terroristas, como las guerrillas, dentro de
Latinoamérica”, comentó a Diálogo. “Utilizan estos tipos de
entidades para trabajar, comprar armas y matar personas, y para [pagarles a] los
asesinos a sueldo.”
Si bien la inclusión de Cifuentes y sus empresas en lista de Narcotraficantes
Especialmente Designados puede ser una herramienta útil para detener su actividad
comercial en seis naciones, estudiar cómo él y otros utilizan organizaciones sin
fines de lucro fraudulentas para encauzar el dinero puede aportar pistas que
permitan evitar el fraude en otros lugares. “Vamos a ver mucha más actividad en la
región de Latinoamérica. Que no nos enteremos no significa que no suceda nada”,
observó Morales Mickunas. “Creo que deberíamos estar muy pendientes.”
Share