La junta directiva del Fondo Verde para el Clima (GCF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suspendió los desembolsos para el proyecto “BioCLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan” en Nicaragua, debido a “los casos de incumplimiento de políticas”, informó GCF.
“Uno de los mayores errores del régimen es imponer esta propuesta y buscar financiamiento a espaldas de estas comunidades indígenas y afrodescendientes; porque nunca se dieron cuenta cuáles son las actividades que van a hacer”, dijo a Diálogo el 8 de septiembre Amaru Ruiz, biólogo y presidente de la ONG nicaragüense Fundación del Río, una de las organizaciones que da seguimiento al caso. “El proyecto todavía está activo y el régimen Ortega-Murillo va a tratar, por todos sus medios y con todas sus capacidades, de presentar un nivel de cumplimiento a los señalamientos realizados”.
La decisión de suspender los desembolsos proviene de una investigación que inició el Mecanismo Independiente de Reparación del GCF, luego que los nativos dijeron que el proyecto era perjudicial debido a la falta del consentimiento libre, previo e informado de las actividades; a la degradación ambiental, invasiones de territorios indígenas y ataques violentos por parte de colonos armados no indígenas; y al incremento de estos casos de agresiones.
A partir de la queja, el GCF inició una investigación y sus resultados quedaron plasmados en su Informe de Revisión de Cumplimiento, donde enfatiza que este proyecto, aprobado el 13 de noviembre de 2020, debe “promover el manejo sostenible del uso de la tierra y el manejo forestal, para restaurar los paisajes forestales degradados en las Reservas de la Biosfera de Bosawás y Río San Juan en la región Caribe de Nicaragua”.
“La junta del Fondo Verde, que otorgaba millones de dólares a la dictadura de los Ortega-Murillo, finalmente tomó la decisión correcta y determinó suspender el otorgamiento del dinero a Nicaragua, por incumplimiento de políticas y procedimientos”, dijo al periódico español El País Félix Maradiaga, excandidato presidencial en Nicaragua y uno de los presos políticos desterrados en los Estados Unidos. “Es ampliamente conocido que este fondo, diseñado con buenas intenciones en el marco del programa Bio-CLIMA, ha sido manipulado durante años para financiar estructuras políticas de la dictadura”.
Tres de los grandes problemas difíciles de resolver para continuar con el proyecto son: primero, el proyecto se formuló desde una visión alejada a los conflictos e intereses de esos territorios; segundo, las familias nativas no quieren que las familias invasores, que en muchos de los casos los han desplazado o les han asesinado a sus familiares, vivan en ese territorio; y tercero, el proyecto beneficia a familias invasoras que han contribuido con la deforestación de los bosques, remarca Ruiz.
La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), integrada por nueve organizaciones de oposición en Nicaragua y el exilio, solicitó que no se autorice el desembolso para el proyecto Bio-CLIMA, porque los fondos podrían utilizarse para violaciones a los derechos humanos en los territorios indígenas, publicó la plataforma suiza Swissinfo.
“Este fondo, en lugar de favorecer a las comunidades indígenas, oxigenará el actuar autoritario y violento de la dictadura Ortega-Murillo; les permitirá continuar con la represión sistemática y reiterada a las poblaciones”, declaró PUDE en sus redes sociales. “Diversas organizaciones medioambientales y de derechos humanos advierten que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios”.
El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes registró 571 violaciones a los derechos humanos en 83 comunidades de 17 territorios indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, con hechos como invasión de tierras por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía comunitaria, detalló el portal Nicaragua Investiga.
“Es la primera vez que una queja llega a la junta y sienta un precedente preocupante”, señaló a la revista Climate Change News Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. “No sabemos qué problemas de incumplimiento se examinarán ni cómo se intentará solucionarlos”.
La decisión de suspender los desembolsos es la primera de este tipo, desde la creación del fondo en 2010. Llega al final de un proceso que tomó más de dos años desde que las comunidades indígenas y afrodescendientes presentaran la denuncia, subrayó el portal nicaragüense Confidencial.
Si el régimen de Ortega-Murillo quiere acceder a los fondos y continuar el proyecto debe realizar una consulta libre previa e informada, identificar un tercero independiente que supervise las acciones del proyecto y usar de forma transparente los recursos, finalizó Ruiz.
