En varios países de Latinoamérica, el Banco de Desarrollo de China (CDB) ha ganado presencia mediante inversiones en sectores clave como la energía y el transporte. Sin embargo, estas inversiones generan preocupación por su impacto ambiental, la falta de transparencia en los acuerdos y la influencia que puedan tener sobre las decisiones soberanas de las naciones democráticas.
El CDB, estrechamente vinculado al Partido Comunista chino (PCCh), es uno de los principales instrumentos financieros de Pekín, para expandir su influencia global. Su cartera de préstamos incluye proyectos de infraestructura, energía, transporte y desarrollo urbano, tanto dentro como fuera del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).
Junto con el Banco de Exportación e Importación (CHEXIM) y otros bancos estatales chinos, el CDB canaliza recursos públicos a megaproyectos internacionales. Estas inversiones se complementan con capital privado y estatal de empresas chinas, que operan en el extranjero con respaldo del PCCh, fortaleciendo su presencia en diversas regiones, según un reporte del think tank estadounidense Instituto de las Américas.
En Latinoamérica y el Caribe, las inversiones chinas han financiado proyectos de gran escala; desde exploraciones de petróleo y gas hasta generación eléctrica y explotación de minas, vinculados a transición energética. Entre 2019 y 2023, la región recibió un promedio de USD 1300 millones al año por parte del CDB y del CHEXIM, según la plataforma de periodismo de investigación Dialogue Earth.
Orientación política
“Los bancos y entidades financieras chinas operan bajo la orientación política del Partido Comunista chino”, comentó a Diálogo Sergio Cesarin, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Argentina. “Aunque se presentan como instituciones crediticias y de inversión, su accionar responde a directrices estatales”.
Cesarin subrayó que, a través de préstamos, financiamiento e incluso paquetes de cooperación técnica, estos grandes bancos (como CDB), actúan como instrumentos de política exterior, diseñados para impulsar los intereses estratégicos de China en el mundo. “En ese sentido, son los principales prestamistas chinos en la arena internacional y del plan de lineamiento de la BRI”.
Según Cesarin, el CDB es uno de los principales bancos chinos con operaciones en Latinoamérica, junto al Banco Industrial y Comercial de China, el más grande del planeta. “Ellos forman parte de una arquitectura estatal de financiamiento extranjero, que responde a objetivos geopolíticos y económicos, más allá de la lógica bancaria comercial tradicional”.
Incumplimiento y controversias
La huella del CDB se puede ver en proyectos como el Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en Argentina; el aeropuerto internacional El Dorado, en Colombia; la mina de hierro Shougang, en Perú; la mina de cobre Mirador, en Ecuador; y la mina de oro Las Cristinas, en Venezuela, según el informe Banco de Desarrollo de China: financiamiento, gobernanza y desafíos socioambientales para América Latina y el Caribe, de la ONG ecuatoriana Latinoamérica Sustentable (LAS).
El mismo informe advierte sobre deficiencias en la gobernanza del CDB en la región. Según LAS, en muchos de los proyectos financiados no se aplican estándares consistentes de evaluación ambiental y social, ni existen mecanismos institucionales dentro del banco, para atender reclamos o establecer comunicaciones con localidades afectadas.
Uno de los casos más polémicos es el complejo hidroeléctrico en la provincia argentina de Santa Cruz cuyo proyecto, liderado por la empresa china Gezhouba, es señalado por su impacto negativo al glaciar Perito Moreno, declarado patrimonio natural de la humanidad. En 2023, la obra fue suspendida por falta de financiamiento, informó el medio argentino Infobae.
Otros proyectos financiados por el CDB tampoco se completaron. En Venezuela, la línea férrea Tinaco-Anaco y la planta procesadora de arroz de PDVSA Agrícola, en el estado Delta Amacuro, quedaron inconclusas, dice LAS. Según el mismo informe, Venezuela, Ecuador y Brasil concentran el 85 por ciento del portafolio crediticio del banco chino en Latinoamérica.
En Perú, el CBD financia la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, un proyecto que, tras retrasos, se espera entre en operación en 2026, refiere el diario peruano Gestión. En Colombia, la autopista Mar 2, financiada por el CDB y ejecutada por China Harbour Engineering Company, ha causado deslizamientos y sepultado pequeñas comunidades de Dabeiba, afectando a más de 300 familias, según un reporte de la plataforma alemana DW.
Condiciones y dependencia económica
De acuerdo con el Instituto de las Américas, los acuerdos de financiamiento del CDB suelen incluir condiciones que privilegian el uso exclusivo de insumos, tecnología y personal chinos. Estas prácticas generan tensiones con sectores locales, y suscitan interrogantes sobre el nivel de autonomía, con el que los países receptores puedan tomar decisiones estratégicas, al aceptar este tipo de financiamiento.
“En Latinoamérica, persiste la creencia de que China otorga financiamiento sin exigir concesiones”, comentó Cesarin. “Sin embargo, esta percepción es equivocada. Detrás del discurso de ‘ganancia segura’, suelen establecerse condiciones que implican cesión de control sobre recursos estratégicos, o participación mayoritaria en el paquete accionario de proyectos clave, o exclusividad”.
Federico Rabino, experto en relaciones internacionales y geopolíticas y director del Instituto Fernando de la Mora, en Paraguay, explicó a Diálogo sobre los riesgos de la dependencia económica derivada de los préstamos chinos. Según Rabino, “cuando China otorga financiamiento a través de sus bancos estatales, no se realiza un análisis exhaustivo del riesgo ni de la capacidad de pago de los países”.
Para Rabino, lo que realmente le interesa a China es el posicionamiento de esos préstamos, “lo que termina colocando a los países en una trampa de deuda”. Este endeudamiento limita la capacidad de negociación de las naciones, dejándolas en desventaja para discutir condiciones favorables en el futuro.
“Al negociar con instituciones financieras o empresas chinas, en última instancia, se está negociando con el Partido Comunista chino. Esto limita la capacidad de retaliación de los países, ya que no se trata de un actor privado”, concluyó Cesarin. “La gran asimetría en las negociaciones coloca a los países en desventaja frente a las exigencias chinas, un aspecto clave que debe ponderarse en decisiones de carácter soberano”.
