Las fuerzas de seguridad del Caribe están intensificando sus esfuerzos para enfrentar al crimen organizado, centrando su estrategia en el fortalecimiento de capacidades en técnicas forenses que permitan impartir justicia sustentada en la evidencia. Este avance estratégico ha sido posible en gran medida gracias a la cooperación internacional, y en particular, al apoyo sostenido de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Fortalecimiento de la justicia mediante alianzas internacionales
Cerca de 40 oficiales sénior de diez países caribeños completaron recientemente un riguroso entrenamiento en investigación de escenas del crimen, en el marco del Programa de la Alianza del Caribe y la Unión Europea para la Justicia. Esta iniciativa, conocida como PACE Justice, es un programa emblemático de reforma de la justicia penal regional financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El programa tiene como objetivo robustecer los sistemas judiciales y a promover justicia enfocada en las personas en todo el Caribe.
La capacitación especializada en investigación de escenas del crimen tuvo lugar a finales de 2025 en la sede del Sistema Regional de Seguridad (RSS) en Barbados. Fue impartida por el PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con el RSS y la Agencia de la Unión Europea para la Formación en el Cumplimiento de la Ley.
Las evaluaciones previas realizadas por el PNUD identificaron tanto la gestión de la escena del crimen como el desarrollo de casos de investigación como áreas críticas para el fortalecimiento de los sistemas judiciales en el Caribe.
En respuesta a estos desafíos, el taller integral se enfocó en perfeccionar estrategias de investigación avanzadas, fortalecer la recolección de evidencias, documentación forense y uso de herramientas modernas de investigación.
“Las condiciones estructurales para que esta agenda de capacitación y mejora forense sea sostenible en el tiempo debe contemplar reformas legales”, dijo a Diálogo el Dr. Randy Seppersad, experto en crimen organizado y coordinador de la Unidad de Criminología de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago. “Debe existir cooperación entre fiscales y policía, intercambio de información entre países del Caribe, financiamiento, voluntad política, entre otros puntos”.
“En general, en países del Caribe, cuando uno interactúa con los organismos de aplicación de la ley, encuentra mucha voluntad y experiencia, pero con bastante frecuencia, cuando miramos hacia los gobiernos en general, suele faltar ese liderazgo, ese impulso y esa orientación”, reflexionó.
Excelencia forense
La iniciativa del PNUD se suma a otros esfuerzos internacionales, particularmente de los Estados Unidos, centrados en el establecimiento de capacidades forenses a largo plazo. Los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), proporcionaron una financiación sustancial para impulsar la capacidad técnica de la región. Este apoyo incluye un compromiso de USD 2,2 millones para fortalecer los laboratorios forenses de todo el Caribe Oriental, incluida Santa Lucía, según indicó la Embajada de los EE. UU. en Bridgetown.
Tras esta inversión, la INL designó al Laboratorio de Ciencias Forenses de Santa Lucía como Centro Regional de Excelencia. Este reconocimiento, anunciado oficialmente en octubre de 2023, reconoce la condición del laboratorio como centro forense líder en el Caribe tras haber obtenido una rigurosa acreditación internacional.
Gracias a estos esfuerzos, el Laboratorio de Ciencias Forenses de Santa Lucía recibió la certificación de la Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios (A2LA). Este logro es significativo, ya que lo convirtió en la primera y única institución forense acreditada dentro de la Organización de Estados del Caribe Oriental, y la segunda en toda la región de la Comunidad del Caribe (CARICOM). La acreditación significa que el laboratorio cumple con los más altos estándares internacionales de competencia y garantía de calidad.
“Los EE. UU. han sido, desde hace mucho tiempo, los principales benefactores y apoyos de la región caribeña en temas de crimen y seguridad, y los países del Caribe siempre han estado muy abiertos a colaborar con los EE. UU.”, afirmó Seppersad. “Es un hecho que los EE. UU. están muy por delante en comparación con el Caribe en aspectos como capacidades de inteligencia y capacidades técnicas”.
Respuesta a una amenaza criminal resurgente
El fortalecimiento de las capacidades forenses en el Caribe es una respuesta directa al resurgimiento del crimen organizado en la región.
Vanessa Cárdenas, investigadora en crimen organizado del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Chile, explicó los cambios en las rutas de la droga. “El Caribe, que fue una de las rutas tradicionales de la droga de Colombia rumbo a los EE. UU. en tiempos de Pablo Escobar, tanto para el Cártel de Medellín como el de Cali utilizando países caribeños, tuvo luego un declive”, señaló. “Ese declive se produjo cuando el mayor patrullaje de los EE. UU. en el Caribe reforzó el vínculo entre cárteles colombianos y mexicanos, priorizando rutas terrestres por Centroamérica”.
“Hoy, sin embargo, con el Pacífico fuertemente patrullado y las rutas terrestres también mucho más vigiladas, el Caribe volvió a ser una opción atractiva”, agregó Cárdenas.
Como reflejo de esta tendencia, la región se ha transformado en un paso estratégico para los contrabandistas de drogas, con la participación de grupos como el Tren de Aragua.
Esta renovada amenaza provocó una fuerte respuesta hemisférica, y los países socios alinearon rápidamente sus esfuerzos para combatir el narcoterrorismo. Varios países de la región, entre ellos Argentina, Ecuador y Trinidad y Tobago, clasificaron al Tren de Aragua y otras organizaciones criminales transnacionales como amenazas terroristas.
Futuro de cooperación y vigilancia reforzada
La profesionalización continua de la ciencia forense y el fortalecimiento de la cooperación internacional marcan un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el Caribe. Si bien los desafíos estructurales persisten, la región está a utilizar la justicia basada en evidencia como una herramienta eficaz para la seguridad y la paz.
