El estado de emergencia declarado por el Gobierno de El Salvador se extiende un mes más, hasta el 27 de mayo de 2022. La medida se tomó en marzo, un día después de que el país registrara sesenta y dos homicidios sólo el 26. Ese fue el día más mortífero en El Salvador en tres décadas, cuando la guerra civil llegó a su fin, según el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción.
Según el presidente Nayib Bukele los grupos criminales del país tienen 70 000 miembros en libertad y 16 000 en prisión, informó el sitio web de noticias salvadoreño El Faro.
En el primer mes bajo el régimen de excepción las autoridades policiales y militares capturaron a más de 13 000 sospechosos, -un promedio de 568 personas por día-, según información de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por el diario salvadoreño El Mundo. Entre los capturados, la Fiscalía procesó a casi 7000 personas acusadas principalmente de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, y tráfico de drogas. Las operaciones tuvieron lugar en todo el país.
Los episodios violentos de finales de marzo se atribuyen principalmente a la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS13) y a su rival, Barrio 18, que mataron a personas de forma indiscriminada; incluidos vendedores, pasajeros de autobuses y clientes de los mercados, según el sitio web de investigación InSight Crime. La primera banda está muy activa en El Salvador, Guatemala y Honduras y, como describe InSight Crime, a finales de 2020 los Estados Unidos acusaron de terrorismo a decenas de sus dirigentes. La segunda es una banda que tiene sus orígenes en los últimos años de la década de 1950, y opera en toda Centroamérica y Norteamérica.
Nuevas leyes y aumento de las fuerzas de seguridad
Además de la declaración del estado de emergencia se han tomado otras iniciativas para combatir la ola de violencia en El Salvador. La Asamblea Legislativa nacional aprobó reformas a la ley penal. Entre los cambios se encuentra el aumento gradual de la pena para participantes en grupos delictivos, y la supresión de las medidas alternativas a la prisión provisional en casos de homicidio y otros delitos. La legislatura también aprobó la asignación de 80 millones de dólares para acciones de seguridad y defensa, y autorizó al gobierno para asociarse con empresas privadas para facilitar la construcción de prisiones.
“Ahora vemos una lucha frontal, porque esto es lo que los salvadoreños también han estado esperando durante muchísimos años”, dijo la diputada Alexia Rivas a El Mundo.
Además, el 4 de abril se graduaron 205 nuevos agentes de la PNC y 1450 soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). “Trabajarán directamente en el Plan de Control Territorial y en la guerra contra las bandas”, dijo Bukele, según el sitio web internacional de Alemania DW. En la actualidad las FAES cuentan con unos 17 000 militares, pero el objetivo de Bukele es elevar esa cifra a 40 000. “Seguiremos aumentando las fuerzas armadas. Vienen nuevas graduaciones”, dijo el presidente, de acuerdo con DW.
