A pesar de cerrar el Internet y otros esfuerzos de encubrimiento, el régimen de Irán es bien conocido por su brutalidad. En las últimas dos semanas de noviembre, el régimen ha matado a 161 manifestantes mientras reprimía las manifestaciones del pueblo iraní.
Menos conocido es lo que sucede después de que los matones del régimen asesinan a un ciudadano. Amnistía Internacional informa que el gobierno se ha negado a devolver los cuerpos de algunas víctimas a sus familias, y que las “fuerzas de seguridad” del gobierno han retirado los cuerpos de los depósitos de cadáveres y los han trasladado a lugares desconocidos.
El grupo de derechos también informa que a algunas familias de los fallecidos se les ha hecho pagar por las balas utilizadas para matar a sus seres queridos.
“Hay informes escandalosos sobre algunos casos en que las autoridades, al devolver el cadáver a la familia, han exigido un pago por varios conceptos, como el precio de la bala que quitó la vida a su ser querido o la indemnización por destrucción de bienes durante las protestas”, indica una declaración de Amnistía Internacional de 29 de noviembre.
Un funcionario iraní ha negado la acusación. Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que el régimen de Irán tiene un historial de hostigamiento a las familias de sus víctimas que continúa durante la actual represión.
“Siguiendo un patrón coherente con los homicidios de manifestantes, las autoridades han amenazado con detener a las familias de las víctimas si celebran funerales por sus seres queridos o hablan con los medios de comunicación”, declara Amnistía Internacional.
“El pueblo iraní está, una vez más, en las calles debido a la mala gestión económica del régimen”, expresó el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo a la prensa el 26 de noviembre. “Y en lugar de atender sus quejas, Teherán ha respondido con violencia y culpando a los que están fuera del país”.
“Seguiremos sancionando a los funcionarios iraníes responsables de estos abusos contra los derechos humanos”, añadió Pompeo.