Horas después de que los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieran sanciones a varios funcionarios en Nicaragua, Daniel Ortega juramentó el 10 de enero para un cuarto mandato consecutivo, tras las elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre de 2021. La primera dama Rosario Murillo juramentó también para un segundo mandato como vicepresidenta.
Ortega ganó las elecciones del 7 de noviembre después que la mayoría de sus adversarios políticos fueran encarcelados, lo que provocó una condena generalizada. El presidente de los EE. UU. Joe Biden calificó las elecciones de “pantomima”. A los observadores electorales de la UE y la Organización de Estados Americanos no se les permitió inspeccionar las elecciones de noviembre, y a los periodistas se les prohibió entrar en Nicaragua.
Las sanciones impuestas por los EE. UU. y la UE incluyen a funcionarios del Ejército de Nicaragua, al ministro de Defensa, al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y a la Empresa Nicaragüense de Minas, de propiedad estatal. En un comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. acusó a los seis funcionarios designados de actos de violencia de Estado, desinformación, y ataque a medios de comunicación independientes.
“El régimen de Ortega-Murillo continúa su subyugación de la democracia a través de la realización de elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y manteniendo a cientos de personas como presos políticos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “Los Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro […] de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus peticiones de liberación inmediata de estos presos políticos y de retorno a la democracia”.
En el comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que desde abril de 2018 el régimen Ortega-Murillo ha reprimido a la oposición política y las manifestaciones públicas, lo que ha provocado más de 300 muertes, 2000 heridos, y el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil. Además, más de 100 000 nicaragüenses han huido del país desde entonces.
El Departamento de Estado de los EE. UU. también está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 116 personas a las que acusa de socavar la democracia en Nicaragua, dijo el secretario de Estado Antony Blinken, prohibiendo la entrada en los EE. UU. a algunos alcaldes, fiscales y funcionarios de la policía, las prisiones y el ejército, entre otros.