EE. UU. sanciona al hijo del presidente de Nicaragua

EE. UU. sanciona al hijo del presidente de Nicaragua

Por AFP
enero 15, 2020

El 12 de diciembre, los Estados Unidos sancionaron a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, por su presunta responsabilidad en corrupción y lavado de dinero para enriquecer a su familia.

“Rafael Ortega es el administrador clave del dinero proveniente de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”, manifestó el Secretario del Tesoro de los EE. UU. Steven Mnuchin.

“El Tesoro apunta hacia Rafael y las empresas que posee y utiliza para lavar el dinero que sostiene al régimen de Ortega, a expensas del pueblo nicaragüense”.

Rafael Ortega opera con Rosario María Murillo de Ortega, vicepresidenta y primera dama, para “generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados,” indicó el comunicado de los EE. UU.

EE. UU. ya había impuesto sanciones al presidente, su esposa y Laureano Ortega, otro de sus hijos.

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a los gobiernos izquierdistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela como “la troika de la tiranía”.

Ortega, quien ejerce el poder en Nicaragua desde 2007, ganó las elecciones de 2016 por un mandato que lo mantendría en funciones hasta 2021.

Las fuerzas del régimen y las milicias progubernamentales son responsabilizadas por la muerte de más de 300 personas desde abril del año pasado, cuando las protestas en contra del gobierno se convirtieron en un levantamiento que fue brutalmente reprimido.

Los críticos acusan a Ortega, exhéroe rebelde electo por primera vez en 1984, de liderar una dictadura represiva.

La Organización de Estados Americanos emitió un informe en noviembre del 2019, en donde indicó que el Gobierno de Ortega empleaba “mecanismos de control y subordinación” tan rigurosos sobre los demás poderes del Estado, que torna “inviable el funcionamiento democrático del país”.

El Gobierno atribuyó las protestas a un intento fallido de golpe de Estado, y Ortega, de 74 años de edad, acusa a obispos de la Iglesia católica de ser “instigadores golpistas”, al apoyar a los manifestantes.

En noviembre, manifestantes de la oposición realizaron una huelga de hambre en la catedral católica de Managua, la capital del país, para exigir la liberación de los presos políticos.

La Unión Europea también amenazó con sancionar a Nicaragua por abusos contra los derechos de los ciudadanos, y exhortó al gobierno a retomar el diálogo con la oposición.

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