Los Estados Unidos sancionaron el 5 de marzo a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisarios de alto rango por lo que denominaron graves abusos a los derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales.
“El régimen de [Daniel] Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, manifestó el secretario del Tesoro de los EE. UU. Steven Mnuchin. “El Tesoro se compromete a responsabilizar a quienes intentan silenciar a aquellas voces en favor de la democracia en Nicaragua”.
Quedan congelados todos los bienes de la policía o de los tres oficiales designados (Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina) en los Estados Unidos, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses entablar negocios con ellos.
El gobierno de Donald Trump acusa a la policía nicaragüense de emplear municiones reales contra los manifestantes pacíficos, organizar escuadrones de la muerte y llevar a cabo asesinatos arbitrarios y secuestros. Algunas de las víctimas son dirigentes políticos opositores.
En 2018 se dispararon las protestas por recortes en las prestaciones de asistencia social, que escalaron en un rechazo generalizado contra el régimen del presidente Daniel Ortega. La oposición acusa a Ortega, quien una vez fue héroe de la izquierda, de volverse cada vez más autocrático, como la dictadura que él ayudó a derrocar en 1979.
Hasta ahora Ortega no quiere renunciar ni convocar elecciones anticipadas.
Agrupaciones de derechos humanos dicen que la represión policial acabó con la vida de más de 300 personas, una cifra cuestionada por funcionarios nicaragüenses.