En solo 20 horas, entre el 16 y el 17 de septiembre, las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, en la provincia de Guayas, Ecuador, registraron 10 asesinatos, reportó Radio Pinchincha de Quito. Asimismo, el 19 de septiembre, el fiscal Édgar Escobar, de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, “fue baleado (…) frente al edificio La Merced de la Fiscalía”, indicó la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter. Dos sospechosos del asesinato de Escobar fueron detenidos.
En lo que va del año y hasta mediados de septiembre, las tres ciudades registraron más de 1000 muertes violentas, reportó el diario ecuatoriano Primicias.
Ante tanta violencia, el 13 de septiembre, el Gobierno de Guillermo Lasso decidió prorrogar el estado de excepción en estas ciudades por 30 días más, hasta mediados de octubre. La medida se tomó inicialmente el 14 de agosto, cuando una explosión en el Barrio Cristo del Consuelo, ubicado al suroeste de Guayaquil, dejó cinco personas muertas y 17 heridas. El hecho fue calificado como acto terrorista por las autoridades ecuatorianas.
Desde entonces, otros ataques con explosivos se registraron en la provincia, como la explosión de un auto en la noche del 17 de septiembre en el norte de Guayaquil o el ataque en la madrugada del 22 de agosto con artefacto explosivo contra una tienda, frente a un jardín de infantes, en el noroeste de Guayaquil. Según reportó Reuters, hasta mediados de agosto, hubo unos 145 ataques con explosivos en todo Ecuador, incluso 72 sólo en Guayaquil.
“Es necesaria la renovación del estado de excepción de modo que se permita la continuidad de los esfuerzos orientados a la pacificación y control de las zonas territoriales donde los grupos de delincuencia organizada han fortalecido sus actividades ilegales”, precisa el texto del decreto ejecutivo donde se confirma la extensión de la medida.
“No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país”, dijo por su parte Lasso en agosto al anunciar la medida en su cuenta de Twitter. En este sentido, continúa vigente la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guayas conformada para combatir al narcotráfico y el crimen organizado.
Si bien la violencia parece descontrolada, la Fuerza de Tarea Conjunta de Guayas ha dado golpes duros a los grupos delictivos y su trabajo “ha sido productivo”, dijo la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado del 14 de septiembre. Entre sus logros, la Fuerza destacó la desarticulación de una organización delictiva que se dedicaba a cometer robos, asaltos y secuestros extorsivos, así como el decomiso de más de 220 armas de fuego y más de 900 armas blancas desde el inicio del estado de excepción, indicó el comunicado.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado aseguró que la extensión es idónea ya que tras la puesta en vigor de la medida se han contenido los indicadores de violencia en esta zona, y disminuyeron actos criminales como el robo a vehículos, el robo de bienes y el robo a personas, entre otros.
“Por ejemplo se registró el decremento del 44 por ciento de eventos delincuenciales dentro de los indicadores de la Policía Nacional, con territorios que reflejan una disminución considerable de delitos. Mientras que, en temas de violencia, el impacto es contundente en Samborondón”, dijo el representante de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Dorian Balladares.
En los sectores más problemáticos, precisó el comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, con la renovación del estado de excepción, se direccionarán estrategias para mantener el combate frontal contra la delincuencia y el crimen organizado.
“Desde todos los frentes se unen esfuerzos para combatir al hampa. No daremos tregua a grupos delictivos y continuaremos fortaleciendo el trabajo desde las fuerzas del orden”, declaró el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas.