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Daniel Ortega niega servicios básicos de salud y asistencia pública a ciudadanos opositores a su ideología

Daniel Ortega niega servicios básicos de salud y asistencia pública a ciudadanos opositores a su ideología

Por Julieta Pelcastre / Diálogo
diciembre 11, 2019

Al menos 420 médicos y trabajadores de la salud de hospitales públicos de la red del Ministerio de Salud en Nicaragua fueron separados de sus cargos entre 2018 y 2019, por defender el derecho a la atención médica de las personas calificadas como disidentes, indica la Unidad Médica Nicaragüense, una ONG que lucha por los derechos de los profesionales de la salud. En contraste, la atención médica crece en la clandestinidad.

“El Gobierno busca llevar a las personas al grado máximo de sometimiento para que solo tengan dos opciones: quedarse en el país y esperar lo peor o salir de él”, dijo a Diálogo Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua. “La represión y las amenazas no empezaron en la primavera de 2018, sino desde que Ortega retornó a la presidencia [en 2007]”.

“Muchas habitaciones del país [son] pequeños consultorios y clínicas clandestinas para atender a los reprimidos”, comentó a Diálogo el doctor José Luis Borge, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. “Los profesionales de la salud viven bajo asedio policial por ocuparse de las personas que el Gobierno no quiere atender, principalmente a manifestantes, excarcelados y familiares de presos políticos”.

Casi 70 años después de que la Organización de las Naciones Unidas estableció que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, en Nicaragua el escenario es diferente. Tal es el caso de Amaya Coppens, estudiante nicaragüense detenida en septiembre del 2018 acusada de terrorismo, y liberada en junio de 2019. “Coppens quedó marcada como ciudadana de segunda categoría y tiene negados los servicios médicos y educativos”, indica el diario mexicano La Tribuna. “Este es el otro lado de la represión”, dijo Borge.

“Los excarcelados y sus familiares viven una muerte civil. No pueden ir a hospitales públicos porque los atienden de manera negligente o los rechazan, les niegan documentos de identidad, les impiden trabajar y son expulsados de las universidades y de otros servicios públicos”, agregó Sequeira. “Muchos de ellos están siendo nuevamente procesados por delitos comunes”.

El manejo de la salud pública en Nicaragua provocó que Canadá y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaran, en junio, a la entonces ministra de Salud Sonia Castro, por negar tratamiento médico a los manifestantes heridos y por el despido de personal médico. Actualmente Castro es asesora personal de Ortega.

La población sufre los efectos negativos por la pérdida de especialistas y voluntarios sanitarios. Según Borge, Nicaragua dejó de proporcionar más de un millón de consultas médicas y 20 000 cirugías de emergencia en los últimos 20 meses. La lista de espera para los pacientes de especialidades quirúrgicas es de casi un año, aseguró.

Borge declaró a la prensa que fue secuestrado cuando llegaba a un restaurante, el 19 de noviembre. “Nunca dieron la cara. Yo quería saber qué iban a hacer conmigo, si me iban a matar o qué. Solo me decían ´no tenemos orden todavía´. [El 20 de noviembre] me sacaron con la cara tapada y me dejaron cerca de la Universidad Nacional Agraria. Me dijeron: ‘bueno doctor, tuvo mucha suerte. Hay desaparecidos que nunca van a aparecer’”.

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