A medida que se aproximan las elecciones presidenciales en Nicaragua, programadas para el 7 de noviembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega intensifica la persecución contra opositores, indicó el 5 de agosto la ONG Human Rights Watch (HRW en inglés) en un comunicado.
“Desde principios de junio de 2021, las autoridades nicaragüenses han detenido arbitrariamente y abierto investigaciones penales por motivos políticos contra siete importantes candidatos presidenciales de la oposición y al menos 20 destacados críticos del gobierno”, escribió José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW. “Parece ser parte de una estrategia más amplia para eliminar la competencia política, sofocar la disidencia y allanar el camino para la reelección de Ortega a un cuarto mandato consecutivo”.
En Nicaragua impera un estado de terror entre políticos opositores, activistas y analistas, quienes ya no quieren hablar con los periodistas por temor a perder su libertad, reportó el 7 de agosto el diario español El País. El régimen sandinista está intimidando a los abogados defensores de los candidatos presidenciales encarcelados, y los obliga a huir del país, dijo HRW.
El abogado Elton Ortega (sin relación con Daniel Ortega), a cargo de la defensa de los políticos opositores Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, encarcelados por la ley que los cataloga como “traidores de la patria”, abandonó el país por amenazas. Ortega es el primer jurista en huir de Nicaragua, señaló el servicio radiofónico internacional Deutsche Welle.
Cruz fue detenido el 5 de junio y Chamorro el 8 de junio. Los dos “fueron acusados de pedir intervenciones militares, organizar actos terroristas y desestabilizadores con financiamiento de potencias extranjeras, solicitar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua y sus ciudadanos e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos del país”, señaló HRW. Otros detenidos acusados de los mismos delitos también están incomunicados en la prisión de El Chipote, en Managua, agregó.
Elección sin competencia
En un comunicado del 9 de junio, el Gobierno de los Estados Unidos pidió al régimen de Nicaragua que pusiera de inmediato en libertad a Cruz, Chamorro, y otros líderes de la oposición. “EE. UU. impone sanciones a varios miembros del régimen de Ortega, que son cómplices de la represión del régimen, y eso incluye el incumplimiento de las reformas electorales solicitadas por la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó el Departamento de Estado de los EE. UU.
El Consejo Supremo Electoral inhabilitó el 6 de agosto al partido Ciudadanos por la Libertad, porque la representante legal de la alianza, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad, informó el diario mexicano El Universal. Así Ortega queda como el candidato único de las próximas elecciones.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “quieren ganar las elecciones sin competencia”, expuso la Unión Europea en un comunicado el 9 de agosto. Al despojar de su personalidad jurídica al último partido político de oposición que quedaba, antes de las elecciones de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble, agregó.
Por su parte, Emmanuel Colombié, director de la oficina de la ONG Reporteros Sin Frontera en Latinoamérica, dijo al diario nicaragüense La Prensa que, “de cara a las elecciones, Ortega está reforzando su arsenal de censura y emprendiendo procesos judiciales contra todos sus oponentes, y en particular contra los medios independientes”. La Policía de Nicaragua tomó las instalaciones del diario La Prensa el 14 de agosto, confiscó el papel, y hasta el 24 de agosto, su gerente, Juan Lorenzo Holmann, sigue encarcelado y el rotativo cerrado, reporta Periodistas el portal español. La Prensa sigue activa desde su portal en Internet.
