Durante la pandemia de COVID-19 la vida tal y como la conocíamos cambió drásticamente a medida que las actividades, tanto lícitas como ilícitas, se trasladaron al mundo virtual. Fuimos testigos de cómo las compras, las clases universitarias, las reuniones diplomáticas, las transacciones financieras y las actividades de la delincuencia organizada, pasaron a realizarse en línea casi de la noche a la mañana. La pandemia ha permitido a las organizaciones criminales transnacionales (OCT) establecer nuevos mercados virtuales para su tráfico de drogas, personas, armas y contrabando, y para el blanqueo de capitales con criptomonedas.
Desde 2021 las criptodivisas se volvieron populares, ya que cada vez más consumidores las utilizan para pagar bienes y servicios, e invierten millones en bitcoines, ethereum, dogecoin y otras monedas virtuales que alcanzaron una capitalización de mercado total de unos USD 2,2 billones en septiembre. Una criptodivisa es un medio de intercambio digital, cifrado, descentralizado y no regulado, a diferencia del dólar estadounidense o el euro. Incluso los propios gobiernos están explorando la posible emisión de monedas digitales del banco central o dinero digital. El régimen venezolano emitió su propia criptodivisa, el petro, en 2018, supuestamente respaldada por las reservas de petróleo y minerales del país, y El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021.
Las OCT se voltean a la ciberdelincuencia y criptomonedas
A pesar de todo el entusiasmo, las criptomonedas han sido explotadas por el lado oscuro de la globalización. El anonimato y la portabilidad de las criptomonedas las hacen atractivas para los grupos criminales, las organizaciones terroristas y los estados delincuentes. Los criminales han asediado al bitcóin desde su creación, con mercados infames de la red oscura, como la Ruta de la Seda, que vendía narcóticos, armas y pornografía infantil, dominando los titulares de las criptodivisas en los primeros años. En la última década, las OCT han recurrido cada vez más al ciberespacio y a las criptomonedas para ampliar su tráfico de drogas, armas y personas, y blanquear sus ganancias en toda Latinoamérica. También se han involucrado más en la ciberdelincuencia, el fraude y el ransomware, que son difíciles de detectar y contrarrestar por las autoridades. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, tanto las OCT mexicanas como las colombianas han aumentado el uso de monedas virtuales para blanquear sus ganancias ilícitas, debido al anonimato y a la rapidez de las transacciones que pueden hacer. Esta evolución en línea se acelera debido a la pandemia del COVID-19, ya que las OCT de Latinoamérica se han vuelto más activas y dependientes del ciberespacio.
Uno de los primeros casos detectados de blanqueo de capitales a través de criptodivisas fue en abril de 2018, cuando la Guardia Civil Española desarticuló una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína que compraba bitcoines con recursos ilegales, y enviaba el dinero “legalizado” a cuentas en Colombia. El grupo utilizó un total de 174 cuentas bancarias para blanquear USD 9,3 millones. En otro caso, en abril de 2019, agentes del Departamento de Investigación de Narcóticos de Brasil detuvieron a un delincuente que dirigía una operación de minería de criptodivisas en Porto Alegre, e incautaron 25 máquinas de minería de criptodivisas, que funcionaban las 24 horas del día y estaban valoradas cada una en aproximadamente USD 65 000.
Seguir el rastro del dinero digital está ayudando a detectar, desarticular y detener a delincuentes de alto perfil y sus redes. En abril de 2019, la policía mexicana detuvo a Ignacio Santoyo, un conocido traficante de personas vinculado a una red de prostitución que involucraba a unas 2000 mujeres en toda Latinoamérica. Las autoridades mexicanas lo localizaron después que compró suficientes bitcoines como para activar una alerta, en virtud de la nueva ley en México que requiere que las plataformas de comercio de criptodivisas informen de actividades sospechosas con la moneda virtual. Además, al realizar sus transacciones a través de una plataforma registrada, Santoyo dejó datos personales, como su número de teléfono y su dirección, que facilitaron su captura.
Los traficantes de personas están complementando sus actividades en línea en cuanto a la captación, comercialización, y transacciones financieras. Un informe de julio de 2020 de Polaris, una organización no lucrativa que lucha contra la trata de personas, descubrió que la moneda virtual era el segundo método de pago más aceptado, en 40 plataformas del mercado del sexo comercial en Internet. El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha descubierto que la moneda virtual se utiliza cada vez más para comprar y vender drogas ilegales en los mercados de la web oscura, y por los cárteles de la droga para blanquear sus ganancias.
Uso de las criptomonedas por las naciones
Las naciones han reconocido que la revolución de las monedas digitales ha llegado para quedarse, y han entrado también en el juego de las criptodivisas. Algunos países ya poseen monedas virtuales, y varios están explorando la posibilidad de introducir sus propias monedas digitales. De hecho, el Gobierno de los EE.UU. ha sido uno de los mayores poseedores de bitcoines, como resultado de las confiscaciones de activos de ganancias criminales virtuales en casos como la Ruta de la Seda. Realiza subastas periódicas para convertir los bitcoines a dólares estadounidenses.
La popularidad de las criptomonedas se debe en gran medida a su naturaleza descentralizada. Pueden transferirse en forma relativamente rápida y anónima, incluso a través de las fronteras, sin necesidad de un banco que pueda bloquear la transacción o cobrar una comisión. Los disidentes de países autoritarios han recaudado fondos en bitcoines para eludir los controles estatales. Mientras tanto, naciones deshonestas como Irán y Corea del Norte utilizan cada vez más la criptodivisa para evadir las sanciones de los EE. UU., y superar el acceso limitado a los dólares estadounidenses. Incluso grupos terroristas como el autoproclamado Estado Islámico, Al Qaida, y el ala militar de la organización palestina Hamas, recaudan fondos y financian sus redes con criptodivisas.
En Latinoamérica, la adopción de criptomonedas por parte de Venezuela y El Salvador ha suscitado la preocupación por el uso de estas monedas digitales para facilitar flujos financieros ilícitos, evadir sanciones económicas y contribuir a la inestabilidad económica. A medida que la hiperinflación y las sanciones de los EE. UU. agravan la crisis económica de Venezuela, la criptodivisa está surgiendo como una forma de proporcionar a los venezolanos en el país y en el extranjero servicios que el sistema bancario tradicional no ofrece. Se ha convertido en una herramienta útil para enviar remesas, proteger los salarios de la inflación, y ayudar a las empresas a gestionar el flujo de efectivo, en una moneda que se deprecia rápidamente.
En respuesta a la puesta en marcha del petro, la Administración Trump emitió una orden ejecutiva el 18 de marzo de 2018, prohibiendo a todas las personas y residentes de los EE. UU. realizar transacciones en monedas digitales emitidas por Venezuela. Esto aumentó las sanciones existentes en los EE. UU. y la campaña de máxima presión contra el régimen de Maduro. Aunque los bancos todavía pueden tratar con empresas privadas o individuos en Venezuela, muchos evitan hacerlo debido al riesgo regulatorio percibido y a las sanciones. A pesar de los esfuerzos por popularizar el petro a nivel nacional para su uso en tiendas y gasolinerías; con el puñado de socios comerciales de Venezuela, la moneda no ha sido adoptada universalmente y la grave crisis económica continúa en Venezuela.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele defendió la adopción del bitcóin, creyendo que facilitaría las remesas de los salvadoreños en el extranjero a un menor coste, y aportaría inclusión financiera, inversión, turismo y desarrollo al país. Las remesas extranjeras, en su mayor parte procedentes de los EE. UU., representan el 22 por ciento del PIB del país; el bitcóin también proporciona una vía de acceso a servicios financieros al 70 por ciento de los salvadoreños que no están bancarizados. La ley salvadoreña sobre el bitcóin hace que los impuestos se paguen en bitcoines, obliga a todas las empresas a aceptarlos y allana el camino para que el gobierno desembolse subvenciones en ellos. El gobierno ha creado una red de 200 cajeros automáticos de bitcóin y una aplicación de monedero digital de bitcóin llamada Chivo, a través de la cual ha distribuido USD 30 en bitcoines a cada ciudadano salvadoreño, para poner en marcha la economía de la criptomoneda. El presidente Bukele afirma que 2,1 millones de salvadoreños han utilizado Chivo hasta ahora, en un país de 6 millones de habitantes.
A pesar de toda la atención prestada a la nueva economía digital salvadoreña, surgieron serias preocupaciones sobre los riesgos asociados a la legalización del bitcóin debido a su alta volatilidad, la falta de regulación y el potencial abuso por parte de los blanqueadores de dinero y los evasores de sanciones. El valor récord del bitcóin superó los USD 68 000 el 10 de noviembre de 2021, y actualmente se cotiza en USD 37 000 (al 28 de enero de 2022).
El paso al bitcóin ha complicado la relación de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, al que solicitó un paquete de ayuda de USD 1000 millones. En junio de 2021, el Fondo denegó a El Salvador la solicitud de ayuda para su implantación de bitcóin alegando la falta de transparencia de las criptodivisas, con el argumento de que la dificultad de rastrear quién realiza las transacciones de bitcoines facilita la actividad delictiva en otros lugares, así como la preocupación por el medio ambiente en relación con la ampliación del uso de la criptodivisa, cuya producción requiere grandes cantidades de energía.
Un mes después de la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, los ladrones de identidad se aprovecharon del proceso de configuración del monedero Chivo bitcóin de El Salvador, para estafar a más de 2000 salvadoreños de su incentivo de USD 30 en bitcoines para abrir monederos digitales. Muchos salvadoreños descubrieron que otros habían utilizado sus números de identificación nacional para registrar nuevos monederos Chivo y robar los bitcoines. Esta situación puso de manifiesto que la tecnología propia del gobierno, que se desplegó rápidamente, no era segura y no podía validar las identidades de quienes establecían los monederos Chivo. Esto contribuyó al escepticismo público sobre el bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, e ilustró los riesgos a la baja asociados a la decisión de “bitcoinizar” la economía salvadoreña. A pesar de los problemas iniciales de la puesta en marcha, el presidente Bukele sigue siendo tan optimista con respecto al bitcóin, que el día de Año Nuevo tuiteó que cree que el bitcóin alcanzará los USD 100 000 en 2022, y predijo que otros dos países también adoptarían la criptodivisa. Es demasiado pronto para saber si el experimento de El Salvador de adoptar el bitcóin como moneda nacional será un éxito.
Contrarrestando el abuso de criptomonedas en Latinoamérica
El aumento del uso de las criptomonedas por parte de los consumidores, las naciones, y las redes ilícitas, es inevitable en Latinoamérica. Por lo tanto, los gobiernos de la región deben diseñar políticas para proteger sus economías y garantizar la incorporación segura de las monedas digitales en sus sistemas financieros mediante:
- Mejorar su comprensión de las criptomonedas, sus atributos y sus vulnerabilidades, ante posibles abusos.
- Anticiparse a la forma en que las redes ilícitas están explotando las criptomonedas para financiar sus actividades delictivas, como el tráfico de drogas y de personas; participar en la ciberdelincuencia; y blanquear sus ganancias.
- Garantizar la protección de los datos con leyes de privacidad, al tiempo que se promueve la innovación financiera.
- Crear nuevos mecanismos de supervisión y regulación para detectar las ciberamenazas, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, y la sostenibilidad medioambiental de las nuevas tecnologías.
- Promover la colaboración entre el sector público y el privado para adoptar eficazmente el uso de las monedas digitales en la región.
A la luz de la expansión de las actividades delictivas en el ámbito cibernético, los gobiernos latinoamericanos deben invertir más recursos humanos, financieros y tecnológicos, para aprovechar la inteligencia cibernética y financiera para mejorar sus operaciones de lucha contra la delincuencia.
* Celina B. Realuyo es profesora de Práctica, en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos y de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa, en Washington, D.C. Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora, y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa, o del Departamento de Defensa de los EE.UU.
