El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera en Latinoamérica no solo producen violencia, sino que destruyen el medioambiente.
“2020 marcó un récord en la destrucción de la Amazonía, con una pérdida de terrenos selváticos equivalente casi al territorio de Belice, y el panorama pinta aún más desolador para 2021”, publicó en diciembre de 2021 Insight Crime, la organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica.
“La deforestación está más interrelacionada con las actividades criminales que nunca”, agrega. Quienes participan en minería ilegal de oro, narcotráfico y tráfico de madera, trabajan […] de la mano […] para destruir los pulmones del planeta […]. La tierra [es] despejada para construir pistas de aterrizaje para narcoaviones […], [y] las carreteras clandestinas contruidas en medio de la selva pueden usarse para el trasiego de narcóticos, minerales, madera y contrabando”.
Guatemala
En Guatemala el Grupo Génesis, unidad del Concejo Nacional de Áreas Protegidas que combate los delitos ambientales en las zonas más inaccesibles de la Reserva de la Biosfera Maya en el norte del país, es víctima de amenazas de muerte de los narcotraficantes, madereros ilegales y cazadores furtivos, reveló en diciembre de 2021 la plataforma de periodismo ambiental Mongabay Latam.
En Latinoamérica las organizaciones del narcotráfico son la “vanguardia de la deforestación”; se estima que hasta el 60 por ciento de la tala en la región es “narcodeforestación”, publica The Conversation, portal de periodismo independiente con sede en Australia. Guatemala perdió en los últimos 20 años un 22,3 por ciento de sus bosques y pasó de ser de una nación forestal a un país deforestado, reportó la agencia de noticias española EFE.
Colombia
En los últimos cinco años Colombia sufre deforestación y desmonte de tierras para el cultivo de coca, minería y aserraderos ilegales que aceleran la pérdida de bosques y selvas. La destrucción es encabezada por el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reporta el sitio web de la ONG Crisis Group, de Bélgica.
Los cultivos ilegales no son el único daño ambiental causado por la producción de drogas. Por ejemplo, los productos químicos para procesar la hoja de coca en los laboratorios se vierten en el lugar, contaminando el suelo y las fuentes de agua de la selva amazónica, indicó Crisis Group. Se requieren cerca de 500 kilogramos de sustancias químicas para producir 1 kg de droga, asegura la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés).
Gracias a operativos constantes Colombia es el país con mayores volúmenes de sustancias químicas decomisadas, precisa la UNODC. En 2021, las autoridades incautaron más de 640 000 kg de cocaína y más de 55 toneladas de insumos sólidos, indicó el Ministerio de Defensa de Colombia en Twitter el 14 de enero de 2022. Con la campaña Artemisa, iniciada en abril de 2019, se recuperaron más de 22 600 hectáreas de bosque que estaban siendo degradadas, agregó Deisy Jaramillo, directora nacional Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación de Colombia.
Perú
Mongabay Latam publicó en enero de 2022 que “la escala de violencia que enfrentan los pueblos indígenas en Perú está relacionada con la minería y tala ilegales, pero principalmente con el narcotráfico, un delito que además de causar deforestación mantiene acorraladas a muchas comunidades nativas”.
Las actividades ilegales afectan el ambiente y amenazan a defensores ambientales. “Durante este tiempo de la pandemia [2020-2021] han ocurrido 10 asesinatos de personas y líderes indígenas que defienden sus bosques”, dijo a Mongabay Latam Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú.
Los países socios, sin embargo, trabajan incansables contra esos flagelos. Colombia y Perú, por ejemplo, acordaron el 13 de enero de 2022 fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional, indicó a la prensa el Ministerio de Defensa de Colombia. El acuerdo permitirá el trabajo conjunto contra delitos transnacionales, narcotráfico y grupos armados organizados; intercambio de inteligencia para combatir las amenazas; la protección al medio ambiente; y las operaciones contra la minería ilegal.