La creciente participación de China en la industria petrolera de Venezuela, puesta de relieve por el reciente contrato con China Concord Resources Corp (CCRC), plantea importantes preocupaciones de seguridad. Este acuerdo no es solo una transacción económica, sino una medida estratégica que refuerza el régimen de Nicolás Maduro, pone en tela de juicio la eficacia de las sanciones internacionales y amplía la huella geopolítica de Pekín en la región.
Apoyar a un régimen y socavar las sanciones
El contrato con CCRC proporciona un salvavidas crucial al régimen de Maduro. Mientras que las sanciones internacionales están diseñadas para limitar el acceso del régimen a los mercados internacionales y su capacidad para financiarse, China ofrece una alternativa vital. El acuerdo con CCRC canaliza inversiones muy necesarias hacia el sector petrolero venezolano, que atraviesa dificultades, lo que socava directamente la eficacia de las campañas de presión internacional para lograr un cambio democrático.
Según fuentes citadas por Reuters, el régimen de Maduro firmó un contrato con CCRC para el desarrollo de campos petrolíferos, en el que la empresa china se comprometió a invertir más de USD 1000 millones, con el objetivo de alcanzar una producción de 60 000 barriles diarios de crudo para finales de 2026. Este contrato está protegido por la Ley Constitucional Antibloqueo, promulgada en 2020 para garantizar el secreto de los contratos públicos y ayudar al país a eludir las sanciones internacionales.
A principios de 2024, CCRC comenzó a negociar su participación en los yacimientos Lago Cinco y Lago Lagunillas. En mayo, firmó un contrato de reparto de producción por 20 años con el régimen de Maduro, según informó un ejecutivo de la empresa que habló con Reuters.
De acuerdo con Juan Fernández, director de la asociación civil Gente del Petróleo, el acuerdo es una forma de “participación productiva”, diseñada para obtener un beneficio compartido con PDVSA. “Pero cuando hablan de invertir USD 1000 millones no es algo inmediato; tomará años materializarlo en su totalidad”, dijo a Diálogo.
Según Fernández, la CCRC no posee experiencia relevante en el sector petrolero y sugirió que China podría estar asociada con capitales de los Emiratos Árabes Unidos u otros países de la región, buscando así reducir los riesgos de invertir en un régimen no reconocido por la comunidad internacional.
En su sitio web, CCRC se describe como una empresa dedicada al comercio de “materias primas” y a la “gestión de riesgos de mercado”, sin precisar detalles sobre su experiencia en la industria del petróleo. El acuerdo en sí mismo tiene un propósito estratégico: proporcionar a China una fuente de energía confiable y fortalecer su presencia en una región de importancia geopolítica.
Desafió para la estabilidad regional
La creciente influencia de China desafía la estabilidad del hemisferio occidental. El acuerdo de CCRC forma parte de una tendencia más amplia en la que Pekín se alinea con gobiernos antidemocráticos, proporcionándoles un escudo económico y político contra la presión internacional.
Las primeras señales sobre la creciente participación china en la industria petrolera venezolana fueron divulgadas por Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. En conversación con Diálogo, Freites relató que, en junio pasado, una serie de acontecimientos provocaron un importante revés. La delegación china que había llegado a Venezuela para contratar personal destinado a trabajar en los andamios de la refinería de Amuay suspendió sus esfuerzos al descubrir que los “andamieros” tenían en promedio 63 años, mientras que andamios podían alcanzar los 80 metros de altura. Esto significaba que carecían del número necesario de trabajadores para completar las reparaciones, y desde entonces no se ha realizado ningún trabajo más, explicó Freites.
Perspectivas y límites del acuerdo
La Fundación Andrés Bello, especializada en el estudio de la influencia china en Latinoamérica, informó que la estrategia inicial de CCRC contemplaba la reactivación de 100 pozos petroleros, ampliándose a 400 en fases posteriores, con la meta de asegurar un suministro estable de crudo para China. Esto se ajusta a la estrategia más amplia de China de asegurar los recursos energéticos y establecer alianzas estratégicas.
No obstante, Juan Fernández subrayó que la producción prevista de 60 000 barriles diarios está lejos de satisfacer la demanda de China, que ronda los 14 millones de barriles diarios. También señaló que el crudo venezolano es de tan alta viscosidad que solo puede ser procesado en unas pocas refinerías especializadas.
“Si se produce un cambio político en Venezuela, será necesario revisar todos los contratos de la industria petrolera basados en la Ley Antibloqueo”, advirtió Fernández, destacando los riesgos legales y políticos de estos acuerdos tan opacos.
La opacidad y los riesgos alrededor de los acuerdos entre Venezuela y empresas chinas plantean interrogantes sobre el futuro de la industria petrolera nacional y la soberanía energética del país. Mientras tanto, trabajadores y expertos observan con preocupación el avance de estos contratos secretos, que muchos consideran una forma de dominio extranjero.
