Las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) son visibles y de gran envergadura en Latinoamérica. Daña los ecosistemas marinos y los medios de subsistencia y facilita otros delitos, indicó en septiembre un reporte de Insight Crime, la organización internacional que se dedica a investigar el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.
“La pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, es (…) el problema más grave que sufren los océanos de Sudamérica”, comentó el 3 de octubre a Diálogo Milko Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca de la ONG argentina Círculo de Políticas Ambientales. “La primera consecuencia de la pesca INDRN es el impacto ambiental”.
Devastando océanos
Un reporte del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS) de American University, de Washington, señala que las consecuencias ambientales de la pesca INDNR son devastadoras por la sobreexplotación, la disminución de las poblaciones de peces, el colapso de las pesquerías, el movimiento de la actividad pesquera hacia aguas cada vez más profundas, y las prácticas ilegales que casi extinguen a las especies protegidas, entre otras.
En el caso de Sudamérica, las variedades que más captura la flota pesquera china son el calamar de aleta corta y el calamar gigante. Esta flota las captura fuera de temporada, sin respetar el tamaño o si es temporada de reproducción; no cumple con ninguna norma activa, dijo Schvartzman.
Capturar este molusco impacta gravemente al ecosistema ya que desempeña un papel vital en los ecosistemas marinos como depredador y presa.
“Además, esta flota vierte diariamente toneladas de residuos, aceites, tóxicos, plásticos, partes de pesca en desuso”, detalló Schvartzman. “En el Pacífico son aproximadamente 300 embarcaciones chinas que pescan calamar y en el Atlántico más de 400. De todas ellas, unas 180 pescan en los dos océanos”.
Consecuencias directas
Dentro de las consecuencias económicas directas de la pesca INDNR están la inseguridad alimentaria de los pescadores artesanales y las comunidades pesqueras, la disminución de los ingresos para los pescadores legales, y los ingresos fiscales para los gobiernos. Después de Asia y África, Sudamérica es la región que sufre las mayores pérdidas por la pesca INDNR, detalla el reporte del CLALS.
“La flota [china], subsidiada por su país, tiene mano de obra esclava”, detalló Schvartzman. “No pagan salarios dignos, no cumplen ninguna norma de seguridad de navegación, laboral o ambiental. Hay competencia desleal con los pescadores de la región que pagan impuestos, y cumplen con normas ambientales y de seguridad en la navegación”.
Lavado de dinero
Peter A. Murray, asesor de la secretaría del Mecanismo Regional de Pesquerías del Caribe (CRFM), conformada por 17 países que facilita la pesca sostenible en la región, admitió que la pesca se ha convertido en un vehículo para el lavado de dinero de la droga, reportó InSight Crime.
Uno de los problemas, señaló Murray, es que la pesca INDRN muchas veces “es tratada como un problema regulatorio y no como crimen organizado transnacional. Los esfuerzos de los países muchas veces pasan desapercibidos”.
Parte de la solución
Según el diario ecuatoriano El Universo, la flota china se alejó en junio unas 300 millas de la zona económica exclusiva (ZEE) en las Galápagos, Ecuador. La Armada ecuatoriana comentó que la situación está bajo control y que realiza el monitoreo constante de esta flota pesquera que de momento tiene como 175 embarcaciones, indicó.
“(…) La depredación que causa esta flota no cambia mucho”, detalló Schvartzman. “Es la misma cantidad de barcos en la misma región (…), se alejó un poco y esto más que nada tiene que ver con geopolítica. La diplomacia de Ecuador logró que la flota china se alejara unas millas de la costa y eso es importante”.
Los expertos convocados por InSight Crime y el centro CLALS sobre las consecuencias de la pesca INDNR, aseguran que hay formas de enfrentar a los delincuentes, como aumentar la capacidad de la fuerza pública para frenar a los países con malas prácticas, y crear programas para los pescadores que ya no pueden vivir del mar.
“Queda mucho trabajo por hacer, pero se avanza por el conocimiento público que hay del problema. La sociedad sabe que el problema es grave, que hay países que colaboran con estas flotas, que hay puertos que las abastecen, saben sus movimientos. La transparencia es parte de la solución”, finalizó Schvartzman.
