El acoso y la censura hacia los medios de comunicación independientes y críticos del gobierno es moneda común en la Federación Rusa. La denominada “ley de agentes extranjeros”, aprobada en 2012 y ampliada en reiteradas oportunidades, permite al Ministerio de Justicia marcar a grupos o individuos como “agentes extranjeros”, exponiéndolos a multas y acosos que obstaculizan sus trabajos.
En julio de 2021, las autoridades rusas procesaron al activista de derechos humanos Semyon Simonov, quien había denunciado maltrato a los trabajadores de la construcción, por denuncias penales presentadas en conexión con la ley de agentes extranjeros, informó Human Rights Watch, quien se refirió al caso como “una farsa”.
El mismo mes, las autoridades rusas clausuraron definitivamente al medio de noticias de investigación The Project por considerarlo una organización indeseable, y señaló a su editor y a otros cuatro periodistas como “agentes extranjeros”. Investigaciones de The Project habían generado dudas sobre el origen de la fortuna de un alto funcionario ruso.
En marzo, Lev Ponomaryov, activista de derechos humanos durante mucho tiempo, suspendió el funcionamiento de su ONG Por los Derechos Humanos, luego de que Rusia aumentara las multas por violar su ley de “agentes extranjeros”. “Aquí tenemos un gran problema”, expresó Ponomaryov en una entrevista televisada.
“Estamos ante una situación en la que miles de expertos que trabajan para mi organización en todo el país (…) podrían ahora ser multados en masa”. Si bien las autoridades rusas trazan falsos paralelismos entre la ley de “agentes extranjeros” que emplean para reprimir a disidentes, y la ley estadounidense cuyo nombre es similar, ambas son muy diferentes.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE. UU. (FARA en inglés), simplemente requiere que las personas y organizaciones declaren la profesión que desarrollan si trabajan en nombre de una entidad extranjera. En Rusia, la ley de “agentes extranjeros” es una de las principales herramientas del gobierno para reprimir y castigar a los disidentes.
Bajo la ley rusa, aquellas personas que reciben fondos desde otros países pueden ser señaladas como “agentes extranjeros”, incluso si no siguen las órdenes de ninguna entidad extranjera. En Rusia, casi todas las organizaciones de derechos humanos de renombre y muchos medios de comunicación independientes se vieron obligados a registrarse bajo la ley de “agentes extranjeros” de Rusia.
Por el contrario, el registro FARA de los EE. UU. se compone casi exclusivamente de firmas legales y de relaciones públicas contratadas por entidades extranjeras para presionar al Gobierno de los EE. UU. Quienes no reciben órdenes de organismos extranjeros no tienen que registrarse.
Los medios de comunicación que adoptan líneas editoriales de gobiernos extranjeros pueden incluso seguir operando libremente en los EE. UU. En mayo de 2019, un tribunal estadounidense ordenó a una empresa que transmitía programación de Radio Sputnik, perteneciente a la agencia de noticias estatal rusa Rossiya Segodnya, que se registrara como agente extranjero porque su línea editorial estaba bajo la dirección del gobierno ruso. No obstante, Radio Sputnik sigue transmitiendo libremente en ciudades de los EE. UU., incluso desde Washington.
“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si ondea una bandera extranjera detrás de un discurso transmitido en los EE. UU.”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia sobre del caso. “Nuestra preocupación no es el contenido del discurso, sino brindar transparencia sobre la verdadera identidad del orador”.
Mientras tanto, Rusia sigue usando su ley para silenciar a sus críticos y hostigar a los medios independientes. Esos “agentes” deben soportar redadas policiales, restricciones a sus actividades y multas. Desde enero Roskomnadzor, el regulador estatal ruso de medios, ha multado a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) por más de USD 3 millones, además de congelar sus cuentas bancarias y allanar sus oficinas en reiteradas ocasiones.
El personal de RFE/RL enfrenta un posible procesamiento penal y años en prisión, mientras que el medio de comunicación debe soportar requerimientos intrusivos, ideados para reducir su audiencia.
RFE/RL es una organización de noticias privada sin fines de lucro, que opera en países donde los gobiernos restringen o prohíben la libertad de prensa. Aunque se financia mediante una subsidio del Gobierno de los EE. UU., la independencia de línea editorial de RFE/RL está amparada por las leyes de los EE. UU.
“La libertad de expresión y el acceso a información objetiva y precisa proporcionada por medios independientes, son fundamentales para las sociedades democráticas prósperas y seguras”, declaró el 2 de mayo Antony Blinken, secretario de Estado de los EE. UU.