Para los militares colombianos, la protección de los menores de edad contra el reclutamiento forzado por grupos criminales es una prioridad.
“Durante el 2020, el Ejército ha recuperado dos centenares de menores reclutados por grupos ilegales”, dijo a la prensa el 2 de julio el General del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro, Comandante del Ejército Nacional. “Las acciones han sido coordinadas con la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos”.
La consejera presidencial para los Derechos Humanos de Colombia Nancy Patricia Gutiérrez, dijo a Diálogo el 10 de julio, que desde noviembre de 2019 “el país adoptó la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra de [menores]; el índice de probabilidad de riesgo arrojó un nivel superior alto en 104 municipios”, aseguró.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), registró en su informe del 18 de mayo que en cinco departamentos del país los menores de edad son reclutados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por bandas criminales como el Clan del Golfo y Los Caparros, entre otros, todos relacionados con narcoactividades.
“Por el COVID-19 los menores no están en el colegio, permanecen en las calles; situación que han aprovechado los grupos delincuenciales para abordarlos”, explicó a Diálogo el 23 de julio el Mayor General del Ejército Colombiano Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División. “Les ofrecen [dinero] y les dan un adelanto; les regalan equipos electrónicos; pero cuando están en los campamentos y quieren regresar a sus hogares, los amenazan con represalias contra sus familias”.
El Ejército realiza operativos en las áreas donde convergen economías ilícitas y corredores del narcotráfico. “Ahí hemos logrado recuperar menores de edad que ya hacían parte de las filas de los grupos al margen de la ley”, manifestó a Diálogo el 24 de julio el Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante de la Tercera División. “Los utilizan para el narcotráfico y para la seguridad de los cabecillas principales, [para] evitar ser blanco de la fuerza pública”.
“La mayor vulnerabilidad se ubica en la población adolescente entre los 13 y 16 años, con un tiempo promedio de participación en esas estructuras criminales de 16,5 meses. Los datos nos muestran también que el 70,1 por ciento son hombres y el 29,9 por ciento mujeres”, finalizó Gutiérrez.